17/04/2003 | 797

Un golpe de Estado en la ciudad

Con el fallo de la jueza Servini de Cubría que suspende el proceso electoral en la Ciudad, la crisis política y la «quema de urnas» iniciada en Catamarca se ha trasladado al segundo distrito electoral. Inicialmente, la suspensión de las elecciones fue reclamada por el justicialismo, pero sólo cuando se quedó sin candidato en la Capital, al irse Scioli con Kirchner. Rápidamente, sin embargo, el «frente por la postergación» se extendió a todos los representantes porteños de los principales candidatos del régimen, incluyendo los tres justicialistas, la Ucr y López Murphy (Carrió sólo se abrió de la postergación cuando, días después, cerró su acuerdo con Ibarra). El significado político del golpe institucional es claro: quieren condicionar las elecciones de la Ciudad a los resultados de las elecciones presidenciales. De este modo, procurarán llegar al final del 2003 imponiendo un régimen «fuerte», con mayoría en el Congreso y con las gobernaciones cohesionadas detrás del Ejecutivo Nacional.


La maniobra de Ibarra, que urdió unas elecciones porteñas anticipadas y «clandestinas», colisionó con ese propósito cuando el Pj se quedó sin candidato y cuando fracasó la posibilidad de un acuerdo de éste con Macri. Lo mismo ocurrió en San Luis, donde la Corte acaba de tirar abajo las elecciones provinciales que iban a realizarse el mismo 27 de abril en forma simultánea a las presidenciales.


 


Crisis política


La necesidad de «disciplinar» a las provincias forma parte de la tentativa de restaurar la autoridad del Estado. En la Capital, el menemismo tiene tres aspirantes «propios» a jefe de Gobierno; Rodríguez Saá ya acumula cinco; Kirchner tiene partidarios con Ibarra (Juliana Marino), «enemigos» de Ibarra (Beliz) y otros que están extorsionando a Ibarra (Bielsa). La postergación de las elecciones en la Capital apuntaría a poner «orden» en esta dispersión, un «orden» que debe extenderse a la próxima Legislatura: en el proyecto de ley que pilotearon los partidarios de «correr la fecha», se incluye la promesa de una rápida sanción de la demorada «reforma electoral», que apunta a subir los «pisos» para obtener diputados y asegurarle mayoría parlamentaria al futuro jefe de Gobierno. Este mismo propósito está presente en la disputa entre la jueza Servini y el Tribunal Superior de Justicia: el fallo de la primera reivindica la vigencia irrestricta del Código Electoral Nacional – que exige un 3% del padrón para acceder a cargos electivos – , cuando el Tribunal porteño desconoció ese piso en las elecciones del 2000.


 


Ibarra


Ibarra ha salido a denunciar el «avasallamiento de la autonomía de la Ciudad». Lo que no dice es que fue él mismo quien instaló a Duhalde en el proceso electoral porteño, cuando pactó con éste la fecha del 8 de junio tanto para cargos distritales como para diputados nacionales, en la expectativa de un acuerdo electoral con Kirchner. La crisis de ese acuerdo desató el «golpe de Estado institucional» que plantea ahora la postergación de las elecciones. Aunque el gobierno y el tribunal porteños ratificaron la fecha del 8 de junio, la intervención de la Corte Suprema puede conducir a su postergación «de hecho», ya que cualquier demora en emitir el fallo vuelve «casi imposible que los comicios puedan realizarse en la fecha original» (BAE, 11/4). El propio Ibarra podría ahora beneficiarse con esa postergación, luego de haber armado un frente con el socialismo y con Carrió. Pero el episodio de la Capital podría conocer también otra variable: un acuerdo de Duhalde con Macri. En ese caso, el Pj podría abandonar el frente «postergacionista» y pasar a reclamar elecciones «sin dilaciones» para el 8 de junio. La deserción de varios legisladores pejotistas hacia el macrismo anticipa esta nueva maniobra.


También en la Ciudad pretenden reconstruir una autoridad estatal que fue golpeada por la rebelión popular, para ir tras el botín del presupuesto porteño y el de sus cajas paralelas, es decir, Puerto Madero, Ausa, Corporación del Sur y el Banco Ciudad. La «crisis de poderes» desatada revela una descomposición inédita del «nuevo» Estado porteño, y la necesidad de una Asamblea Constituyente libre y soberana.

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