Una declaración que convierta por ley a la producción de papel para diario en objeto de “interés público”, supervisada por el Congreso, no pasa de un eufemismo o una redundancia, o más sencillamente de un bla, bla, bla. El ‘interés privado’ consiste precisamente en explotar en beneficio de él una producción de alcance social (lo privado para lo privado es una producción familiar para consumo propio). La actividad social se encuentra regulada por la Constitución, que no es más que una ley-marco y puede ser reglamentada por una ley corriente, si es que no se encuentra ya en esa situación. A diferencia de lo que ocurre con una “declaración de utilidad pública”, establecida en la Constitución, el interés público no habilita a una expropiación ni tampoco a un tipo de injerencia estatal extraña a la empresa o que puede ser entendida como tal en un estrado judicial. De este modo, su único alcance práctico sería el contrario al advertido por distintas versiones periodísticas: en lugar de un control parlamentario, que el Congreso tiene la facultad de habilitar en cualquier momento, se produciría una delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Sería algo más que una ironía que esto fuera a ocurrir apenas un par de horas después de la caducidad de las facultades delegadas por el Congreso a la Presidencia de la Nación. El entusiasmo que ha puesto el centroizquierdismo ante la eventualidad de un proyecto de “interés público” revela la vacuidad del ‘progresismo’ político, por un lado, y la inconsistencia de su defensa del parlamentarismo, por el otro. La delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, o sea la suspensión de la ley, constituye la forma típica de lo que se ha dado en denominar el “estado de excepción”, o sea la vigencia de un espacio no constitucional. Esto resulta más grave cuando tiene lugar bajo un sistema presidencial, porque éste ya se caracteriza por una elevada concentración del poder político. La reforma constitucional de 1994, votada por todo el arco que va del neoliberalismo al centroizquierdismo, ha formalizado el “estado de excepción” al admitir la figura del “decreto de necesidad y urgencia” (la Constitución de 1853 también suspendía los derechos constitucionales bajo el estado de sitio, que incluso podía ser declarado por el Ejecutivo cuando el Congreso no estuviera en sesión; Alfonsín lo hizo dos veces, pero con el Congreso en funciones).

De cualquier manera, un ejercicio efectivo de la supervisión de la producción de papel por parte de una comisión del Congreso no cambiaría un ápice la situación económica de la industria (salvo la de producir una caída más o menos prolongada de la cotización de las empresas respectivas en las Bolsas), ni tampoco afectaría al monopolio capitalista de prensa, información y expresión -con todo lo que ello implica en términos de censura y de manipulación de la información. Para que esta supervisión fuera efectiva, sería necesaria la abolición del secreto comercial, un ‘derecho’ concomitante al de propiedad. La presencia de “observadores” del parlamento en las reuniones de los directorios de las empresas, en cambio, no afectaría la posición dominante de los accionistas controlantes ni los pactos societarios que están permitidos por la ley y consagrados en los estatutos de las compañías. El reciente acuerdo de Telecom con el grupo Werthein, de tanto interés para la camarilla oficial, concede, por ejemplo, al capitalista amigo de los K un privilegio en el manejo político del monopolio a pesar de su condición de socio minoritario. En Europa, la burocracia de los sindicatos participa de las reuniones de directorio en una condición muy superior a la de meros “observadores”, sin que ello haya afectado para nada el monopolio del capital sobre la actividad y los beneficios de las empresas. A lo que sí ha afectado es a los sindicatos, que perdieron su condición de órganos soberanos de los trabajadores para convertirse en apéndices de las patronales. Es lo que ocurriría, a término, con los ‘observadores’ parlamentarios en Papel Prensa. Además del monopolio de la producción de papel, Papel Prensa pasaría a controlar el Congreso -como ya ocurre en gran medida y como lo fue aún más cuando estuvo asociada políticamente a los K durante el quinqueño 2003/08.

En definitiva, el informe Paglieri-Moreno-CFK parió un ratón, que algunos interpretan como un recule forzado a último momento por la presión de los grupos capitalistas y de los lobbies del partido demócrata de Estados Unidos. El Estado desde hace tiempo es socio minoritario de Papel Prensa y tiene sus propios directores, sin que esto haya modificado un centímetro la naturaleza capitalista del emprendimiento. Una declaración de “interés público” que aumentara su presencia en el directorio (incluso con representantes de la oposición en el parlamento), en primer lugar, no cambiaría la mayoría de Clarín y La Nación. En el hipotético caso de que lo pretendiera, debería conseguir la aprobación de la mayoría de los accionistas (de esos mismos diarios), lo que solamente podría ocurrir si mediara un pacto previo con esa mayoría. Un pacto de este tipo determinaría los límites de gestión del nuevo directorio y seguramente mayores privilegios para el grupo de control. Para conseguir mayoría en el Congreso, los K necesitarían la adhesión de Proyecto Sur, el PS y el GEN, así como también de parte de la UCR. Esto prueba que el asunto del “interés público” es pura demagogia hacia esa audiencia y hacia la opinión pública.

La eventualidad de un proyecto de ley que coloque observadores parlamentarios en el directorio de Papel Prensa es un plagio del planteo que hizo el Partido Obrero cuando se anunció la pérdida de la licencia que tenía Fibertel para operar. Pero, como todo el mundo sabe, copiar es deformar. El Partido Obrero planteó el rechazo a la disolución de Fibertel y que su gestión como empresa separada de Cablevisión pasara a manos de representantes de todos los partidos efectivamente existentes, que operarían bajo el control de las organizaciones de periodistas, de la cultura y ambientales, y de trabajadores gráficos, papeleros y de Internet. Este planteo supone la expropiación del monopolio capitalista y la exclusión del gobierno y del Poder Ejecutivo del manejo de la prensa, la cual quedaría, como se dice ahora, bajo la dirección de la “sociedad civil”. El “interés público” que promueven los K y el centroizquierdismo no es más que una simple maniobra para evitar la declaración de “utilidad pública sujeta a expropiación” y para disimular que han capitulado ante lo que llaman el monopolio incurso en apropiación ilegal y criminal. Se pretende disimular también que, al menos para los demócratas, no puede existir una producción de legalidad bajo una dictadura militar y que todas sus normas, así como los contratos privados que se firman bajo sus condiciones, son insanablemente ilegales, o sea sujetos a revocación.

Solamente a partir de un cuestionamiento de conjunto del sistema social y político imperante se pueden formular propuestas transitorias y perfectibles realmente consistentes. La pertinencia de este enfoque es aún más evidente cuando se sabe que los beneficiarios de este sistema han sido cómplices sociales y políticos de las varias dictaduras que han ensangrentado a nuestro pueblo y provocado un retroceso histórico-social de magnitud inigualable.

26 de agosto