Un jury de enjuiciamiento aprobó el jueves la suspensión del juez Luis Arias y lo dejó a un paso de la destitución. Acusado de mal desempeño, lo cierto es que esta medida constituye una represalia por ciertos planteos que molestaron al poder político, entre ellos la denuncia sobre la verdadera cantidad de muertes durante las inundaciones del 2 de abril de 2013 y la suspensión de los tarifazos en los servicios.

 

La maniobra contra Arias, plagada de irregularidades, contó con el voto unánime de un jury presidido por la titular de la Corte Suprema, Hilda Kogan, e integrado también por legisladores de todo el arco político patronal (Cambiemos, Frente Renovador, PJ). 

 

Este proceso de destitución tiene una clara intención de censura política e ideológica contra todo accionar que obstaculice la política oficial de ajuste. La ofensiva contra el juez Arias es congruente con el plan de guerra contra el movimiento obrero y los sectores populares que anunció el presidente Macri el lunes pasado rodeado de gobernadores, empresarios y la cúpula burocrática de la CGT. Tiene la misma lógica que el pedido de juicio político que impulsó el ministro Triaca, a principios de año, contra los jueces que fallaron a favor de la Asociación Bancaria en su disputa contra la asociación de las patronales bancarias.

 

Quienes invocaban la “independencia de la justicia” cuando el gobierno kirchnerista la emprendía contra los jueces que fallaban a favor de los jubilados, y que se rasgan las vestiduras hablando de la república, hoy se sirven del aparato del Estado para hacer lo mismo: sancionar, perseguir, frenar y bloquear los litigios laborales, preservando los intereses del capital. 

 

En este juicio político fraudulento está presente, por parte del gobierno de Macri y de Vidal, la ratificación de los tarifazos (contra los que falló Arias), del ataque al derecho de huelga de docentes y estatales, y de la impunidad para los responsables políticos de la inundación del 2 de abril del 2013 y del ocultamiento del número de víctimas.

 

El pedido de juicio político contra Arias tiene como propósito fundamental dar curso a un régimen de impunidad patronal contra la clase trabajadora y de compromiso con todos los partidos del ajuste contra el pueblo trabajador.

 

Por todos estos motivos nos sumamos al reclamo de “No a la destitución del juez Arias”.