En la tarde de este viernes 15, otra vez los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan se movilizaron por la avenida Colón, en Mar del Plata, para exigir que se esclarezca lo sucedido con la nave perdida hace justamente un mes.

Entre ellos, los más decididos, reclaman una investigación parlamentaria, el levantamiento de cualquier secreto de Estado sobre las funciones que cumplía el submarino y que el Estado aporte mayores recursos para encontrarlo. Otros sólo aportan su silencio, ya que “ante la sola presencia de un uniforme temen y callan” (La Nación, 15/12). Mientras tanto, dice el mismo diario, el gobierno pensaría en remover a la cúpula de la fuerza, o por lo menos a parte de ella, y otros oficiales amenazan con irse también ellos si eso sucede. En cualquier caso, el desastre del ARA San Juan constituye un principio de crisis política.

En ese sentido, la empresa alemana Ferrostaal, constructora del submarino, informó en un comunicado que la Armada se negó a cambiar esas baterías debido a una cuestión presupuestaria durante la reparación “de media vida” en 2007 (Infobae, 14/12) y optó por solamente renovar sus celdas. Peor aún: el deterioro de esas baterías se conocía hacía tiempo. De ahí la indignación de por lo menos una parte de los familiares: la Armada envía chatarra al agua con gente a bordo. Esa reparación se hizo durante el gobierno K, cosa que el gobierno no puede denunciar porque debería admitir su propia responsabilidad al mandarlo a operar en esas condiciones. Macri, en reunión con algunos de los familiares, precisamente, pasó un momento peor que tenso cuando la esposa de uno de los tripulantes le dijo: “Es prácticamente un suicidio mandarlos en algo que es viejísimo”.

A las 7.30 del 15 de noviembre se tuvo la última comunicación con el ARA San Juan. En ella, el comandante informó sobre graves averías a bordo: una de las baterías había dejado de funcionar e ingresaba agua por el sistema snorkel (permite al submarino tomar aire de superficie siempre que se mantenga a profundidad de periscopio, no más de 20 metros). Los inconvenientes se habían producido, informó el oficial a cargo, en la popa y en estribor, los sectores más sensibles de la nave. Por eso pidió autorización para dirigirse al golfo San Jorge, del cual se encontraba a 200 kilómetros en línea recta y podía llegar a tierra aun en esas condiciones. Sin embargo, se le contestó con una orden letal: que mantuviera su rumbo hacia la base naval de Mar del Plata, donde la nave tiene su atracadero habitual ¿Cuál era la urgencia, si como dicen se trataba de una “operación de rutina”?

Los familiares de las víctimas, los más activos, piden el acompañamiento de la población en sus movilizaciones. Por nuestra parte, además, exigimos que se acate la orden de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, para que se levante todo secreto sobre la misión del navío perdido y se abra una comisión parlamentaria de investigación con participación decisiva de los familiares.