Ya es ley el proyecto de Cobos que se difunde como línea de créditos hipotecarios. Fue votado por unanimidad en el Senado y por un amplio abanico en Diputados. El PO presentó dictamen propio, el único por minoría.

La expectativa creada no es menor. El déficit de viviendas supera los tres millones. El debate se dio en medio de una crisis del plan Procrear, cuyos adjudicatarios no pueden terminar su vivienda por la inflación y reclaman una ampliación del crédito a la cual se negó el oficialismo. Y, en la mañana del día del tratamiento, 500 guardias de infantería arrasaron un asentamiento en Esteban Echeverría, con heridos y seis detenidos. Una realidad cotidiana en la la provincia de Buenos Aires y en todo el país.

Con el reclamo del #ProcrearComplementario, y con la denuncia de la represión al asentamiento, empezamos nuestra defensa de un dictamen propio a favor de un verdadero plan de viviendas populares.

Nuestro deber como socialistas es decirle a pueblo y en particular a los trabajadores, interesados y necesitados de una vivienda, la verdad de las cosas. No estamos ante un plan de viviendas populares, sino ante un régimen de hipotecas inmobiliarias, cuyo verdadero objetivo es la valorización del capital. La emisión de bonos, de distintos tipos de colocaciones financieras e incluso la formación de un fideicomiso al efecto con aporte del Estado.

Como el título de la ley lo indica, es un “sistema de ahorro (indexado) para el fomento de la inversión en viviendas”. Un negocio financiero.

La ley crea el UVI, un nuevo valor o unidad de valor, indexado con el índice de la construcción, al servicio de la emisión de los bonos y demás instrumentos nominados en esta unidad de valor sujeta a la indexación. Esto a partir del valor del metro cuadro. La indexación de los UVI condiciona todo el sistema. No hay crédito que no sea indexado que pueda apalancarse en este fondo de ahorro en UVI.

En el plenario de comisiones previo se habló de que no va a haber burbuja. Falso, porque en toda una primera etapa la demanda superará ampliamente la oferta. La vivienda nueva va a aumentar de precio en la medida que, incluso como lo prevé la ley, el Estado aporta a un fideicomiso u$s3.300 para lanzar al mercado. Por otro lado la burbuja previa es enorme, porque el cepo al dólar transformó a las propiedades en refugio de valor, lo que alimentó la especulación inmobiliaria.

Hoy, el precio de las propiedades está alto históricamente en dólares. El salario está en su relación histórica más desfavorable con respecto al precio de una propiedad. En la ciudad de Buenos Aires, para comprar un departamentito de 50m2 hacen falta 80 salarios medios, el doble de lo que hacía falta a principios de la década del 90 y un 60% más de lo que hacía falta al comienzo de la década de 2000. Esto es consecuencia doble de la especulación inmobiliaria y de la lejanía cada vez mayor del salario del costo de la verdadera canasta familiar, hoy cercana a $25.000.

Si por cualquier motivo, la propiedad se deprime, no vamos a tener una caída de la cuota que se va a seguir indexando de acuerdo a la inflación de la construcción (que en general sigue a la inflación general). Ocurrirá lo de siempre en las grandes crisis hipotecarias cuando se desinflan las burbujas y es que el deudor debe más que la propiedad que opera como garantía de la hipoteca. Así se desató la crisis de las hipotecas norteamericanas, comienzo de la crisis capitalista que todavía conmueve al mundo.

Estos préstamos en UVI son tan o más peligrosos hasta cierto punto que un crédito en dólares, que es la moneda en la que están valuadas las propiedades en la Argentina. Por ejemplo, la evolución de los índices este año 2016, es superior a la evolución del dólar. Mientras los índices de costo de vida arrojan de enero a julio un aumento de entre el 25 al 30%, según las mediciones, el dólar aumentó un 14,2%. Tenemos inflación en dólares y las viviendas sufren esa tendencia, aunque los índices de precios de los materiales de construcción no hayan seguido al índice general de precios por el infarto que ha vivido y vive la industria de la construcción, la más perjudicada y donde más puestos de trabajo se han perdido. Son recordados los quebrantos de préstamos sobre hipotecas valuados en dólares que no pudieron ser pagados por sus tomadores.

La cuota de ingreso sobre este sistema se presenta por debajo de las cuotas que viene ofreciendo el mercado para créditos hipotecarios tradicionales. Esto como resultado de las garantías de indexación ofrecidas a los capitales involucrados en el sistema de UVI. Pero los saltos inflacionarios son absorbidos por el último escalón de la cadena, la familia trabajadora que toma el préstamo.

En los debates previos, juristas invitados por los banqueros y representantes de las Cámaras patronales de la construcción, afirmaron que esta ley está redactada para facilitar los desalojos por mora.

En caso de un 10% de desfasaje entre el alza del índice de la construcción con que se rige el UVI, por encima del índice de evolución de los salarios (no el salario concreto del trabajador en cuestión) los bancos fiduciarios podrán… ¡estirar el plazo de los pagos! Estamos ante las puertas de un régimen de pago permanente de cuotas UVI que esclavizara al trabajador. Es lo que ocurre en Chile. Allí la economía pinochetista salió de la inflación indexando toda la economía a excepción de salarios y jubilaciones.

Aunque se niegue estamos ante otra “circular 1050” –por el tipo de indexación que instituyó Martínez de Hoz y le costó la vivienda a miles de personas. Así lo denunciamos en el debate de Diputados y presentamos un dictamen que es un programa de salida a la vivienda como parte de una reorganización económica bajo la dirección de los trabajadores y, al mismo tiempo, un programa de lucha para los millones de sin techo. Ni un peso más del Ansés para otros fines que no sean los derechos de los jubilados.

Propusimos el destino de 50 mil millones inmediatos a un plan de construcción de viviendas, con créditos cuyas cuotas no superen el 20% del ingreso familiar, mediante la nacionalización de las grandes empresas constructoras bajo control de los trabajadores, con trabajo en blanco y a convenio. La formación de un fondo para ese fin con impuestos a la especulación inmobiliaria y el gran capital y los intereses de la usuraria deuda pública. Esto en el marco de un plan económico que incluye la nacionalización de la banca, punto esencial para terminar con el ahogo económico por parte del capital financiero.