En la conferencia de prensa del 27 de noviembre, dada por Patricia Bullrich y Germán Garavano, que dio respaldo oficial al accionar represivo y el asesinato por parte de la Prefectura del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi (Bariloche), los funcionarios fueron, sin embargo, incapaces de presentar prueba alguna sobre la versión oficial del “enfrentamiento”.

La misma ministra de Seguridad, que luego del asesinato de Santiago Maldonado había insistido en la mentira de que el joven no se encontraba en el lugar de los hechos, sostuvo ahora que “nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad; nosotros le damos a la versión de la Prefectura el carácter de verdad” (sic) y replicó que los agentes habían actuado en respuesta al ataque de “grupos violentos” que portarían “armas de grueso calibre”.

Esto, cuando ya es público que Rafael Nahuel fue asesinado de un tiro por la espalda y otros de sus compañeros también fueron baleados, mientras que no hubo heridos entre las fuerzas represivas.

La conferencia pasó rápidamente de una “condolencia” con los familiares de Nahuel a una difamación de quienes fueron atacados; al respaldo en toda la línea del accionar de las fuerzas represivas y al preanuncio de que el gobierno va por más.

Los funcionarios se afanaron en justificar la sistemática persecución y represión a los mapuche como una defensa del “Estado de derecho” frente a “grupos violentos que no reconocen al Estado ni a la Argentina”. Bullrich llegó al absurdo de afirmar que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “es como un nombre. Pero se pueden llamar de otra manera. No queremos poner un nombre único, se pone un nombre para todos los que violan la ley”. O sea, un invento para justificar la ofensiva represiva.

El bulldog está sin cadena y sus ladridos tienen un objetivo de fondo: justificar la creciente militarización de la Patagonia, en defensa de los mismos intereses capitalistas inmobiliarios y extractivistas que han respaldado los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales.

En ese marco, el anuncio de Bullrich de que el gobierno no aceptará órdenes judiciales que prohíban el ingreso de fuerzas a un determinado territorio -“no tenemos ningún límite más que el de la Constitución”, sostuvo la ‘defensora del Estado de Derecho’- es un preaviso de nuevas avanzadas represivas.

En primer lugar, constituye una amenaza contra los miembros de la comunidad asentada en Villa Mascardi.

Pero se trata de una avanzada represiva de carácter general y sistemático, como han mostrado la detención ilegal de Jones Huala y los asesinatos de Rafael y Santiago. El gobierno desarrolla una guerra civil contra el pueblo mapuche y todos los luchadores populares de la Patagonia, en defensa de intereses completamente ajenos a los del pueblo argentino: los Benetton, los Lewis y los pulpos petroleros como Chevron y las mineras.

La conferencia de prensa reafirmó la justeza del reclamo para que se vaya Bullrich y para que sean juzgados y condenados los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Santiago y Rafael.