Políticas

21/1/2016|1397

Un paquete tóxico para reforzar un orden represivo


En la sesión extraordinaria del lunes pasado, la Legislatura porteña aprobó el convenio de Macri-Larreta para traspasar la Policía Federal al ámbito de la Ciudad. Presenciaron la discusión en el recinto e hicieron una permanencia en la puerta familiares de víctimas de gatillo fácil, organismos de derechos humanos y la Correpi, que aportó un valioso archivo de casos de gatillo fácil. Marcelo Ramal fundamentó su oposición planteando que el gobierno resuelve avanzar con un traspaso a libro cerrado y con los mandos y estructuras intactas luego de la gigantesca crisis policial expuesta por la triple fuga. Además recordó que es la Federal de los 480 casos de gatillo fácil del 83 hasta hoy y los lazos con el crimen organizado. Con Aníbal Fernández como jefe, fue la Federal la que liberó las calles de Barracas para que se consumara el crimen de Mariano Ferreyra.


A través de este convenio, la Ciudad se hace cargo de un paquete tóxico. ¿Por qué la insistencia entonces? Porque se apunta a reforzar un orden represivo en la Ciudad, de cara al ajustes, a los despidos y a la negación del derecho a la educación y la salud públicas”afirmó Ramal en el recinto.


Frente a la reivindicación que hace el convenio de la autonomía porteña sancionada en 1996, Ramal planteó que en realidad el traspaso delata su fracaso como pretendido factor de ampliación de derechos o de progreso social. Finalmente, luego de 20 años, la policía de la Ciudad va a ser la siempre sospechada Federal.


El kirchnerismo, que había adelantado su apoyo, finalmente se abstuvo. El significado de esta abstención es importante: una vergonzosa lavada de manos frente al reforzamiento del aparato represivoSus argumentos de circunstancia -“no hubo suficiente debate”- no pueden ocultar el carácter cosmético de supretendida oposición al macrismo. Ramal fustigó a los legisladores del FPV, “ekirchnerismo podrá protestar por el desplazamiento de algún funcionario en el aparato del Estado. Pero en esta cuestión de fondo, cierra filas con el gobierno nacional porque él mismo es un partido de Estado y un partido del ajuste. ¿Acaso Alicia Kirchner no acaba de pedir a la gendarmería en Santa Cruz, contra los trabajadores que denuncian a Lázaro Báez?”. Finalmente sólo votaron en contra los tres legisladores de laizquierda.


En oposición al convenio, Ramal reclamó “una deliberación legislativa y popular, con la intervención de las organizaciones obreras, sociales, de derechos humanos y de víctimas de las trata de personas”. “Ese debate debe incluir la cuestión del régimen social en la Ciudad y en el país. La descomposición del aparato represivo es un aspecto del derrumbe de ese régimen en su conjunto. Rechazamos este traspaso reaccionario en defensa del derecho a la deliberación, expresión y movilización popular, contra los partidos del ajuste”.