El ministro de Economía presentó en la Legislatura el proyecto de presupuesto 2012, realizado por cuenta y orden del gobernador electo, De la Sota. Es el despliegue de una “ingeniería” diseñada para ocultar la realidad de las cuentas públicas (sobre más de 35.000 millones que manejará el gobierno, contemplando empresas estatales, agencias, etc., el presupuesto da cuenta sólo de 26.000 millones).

Sin embargo, el “dibujo” reconoce la necesidad de buscar financiamiento para cubrir 2.500 millones de los gastos corrientes, aunque no contempla la situación de los municipios y las necesidades de financiamiento de la Epec (empresa eléctrica), sino que además está calculado sobre el supuesto de que la Anses gire los fondos para la Caja de Jubilaciones (1.200 millones de pesos), que es justamente lo que no se hace.

El ajuste a la población trabajadora arranca con una previsión de aumento de la valuación de las propiedad de hasta el 40% para la mitad de las contribuyentes del inmobiliario urbano; segundo, una confiscación al salario de los empleados del Estado provincial, ya que se prevé un incremento salarial para todo el año del 12% en cuatro cuotas; tercero, un recorte de gastos que afectan a las obras públicas, además de la ausencia de inversiones en infraestructura para salud, educación y asistencia social. En el caso de Epec, está previsto un aumento de tarifas del 28% de aquí a marzo. Una situación similar sucedió con el peaje (recientemente estatizado), que ya tuvo incremento del 100% en la red de acceso a la capital.

En este cuadro de “austeridad”, según palabras del ministro, el endeudamiento provincial creció exponencialmente (la provincia debe afrontar este año compromisos por 4.900 millones de pesos aproximadamente), no sólo para continuar con el pago de la deuda privada estatizada, sino para hacer frente a los Bocor I y II, en dólares y con tasas de hasta el 12%. Schiaretti, además, tomó deuda para desarrollar una serie de obras públicas secundarias (la nueva casa de gobierno, por ejemplo) -todas ellas en beneficio de grupos ligados al gobierno y con escandalosos sobreprecios.

El déficit fiscal y el sostenimiento de la patria contratista (Electroingeniería, Roggio y otros) obligan a un nuevo endeudamiento en un cuadro de difícil acceso al crédito, por lo que se ha lanzado y se presupuesta la emisión de letras de tesorería (deuda “exprés”). Mientras, De la Sota viajó a Europa y a Estados Unidos a buscar recursos.

El recorte expresamente rechaza un revalúo de las propiedades rurales, las que se mantienen a valores de 1995, motivo por el cual las arcas provinciales pierden anualmente 4.000 millones de pesos. Más aún, “el ministro aclaró que no habrá un incremento de las valuaciones de los campos, por lo que no incidirá en el pago de más impuestos nacionales, como ganancia mínima presunta” (Comercio y Justicia, 3/11). A cambio de este favor, los capitalistas del campo deberán pagar 150 millones más para un fondo de infraestructura rural que beneficia sus negocios y eleva el valor de sus propiedades, el cual está bajo su control.

También se mantienen las exenciones a los grandes grupos y la discrecionalidad para que el Ejecutivo maneje, a través de convenios especiales, los subsidios a los pulpos de la informática y de las automotrices, entre otros.

Nuestro planteo

Partimos de la defensa incondicional de la lucha de los trabajadores de la salud, de los municipales y de los docentes y empleados públicos. Partimos de la exigencia de un salario mínimo igual a la canasta familiar y del aprovisionamiento de los hospitales y escuelas. Garantizar el 82% móvil para los jubilados.

Planteamos la prohibición de los despidos y suspensiones, así como el reparto de las horas de trabajo (sin afectar el salario incluidas las horas extras) sobre la base de las beneficios y ganancias de las empresas; la prohibición para la repatriación de utilidades y la apertura de los libros sometiendo los mismos, así como los convenios firmados con el gobierno, al control de los trabajadores. Sobre la base de un fuerte impuesto a los grandes grupos capitalistas (del campo y la industria), planteamos formar un fondo de reconversión de la industria en función de las necesidades de la población.

Rechazamos los aumentos de impuestos y tarifas, estableciendo un régimen impositivo confiscatorio para las grandes fortunas y capitales. Para quien vive de su trabajo: eliminación de impuestos al consumo y a la vivienda única para uso familiar. Se impone el revalúo de las propiedades rurales mayores a 300 hectáreas.

Investigar las obras públicas en ejecución o planificadas, sus costos y conveniencia, para redireccionar los recursos en función de las necesidades de la población trabajadora: viviendas, hospitales, escuelas, red ferroviaria, etc. Apertura de libros y cuentas de las empresas que forman la “patria contratista”. Establecimiento de un impuesto a los especuladores inmobiliarios.

Desconocimiento de la deuda privada estatizada y de las tasas usurarias en beneficio de bancos y grupos financieros.

Con este programa, impulsamos el rechazo al proyecto planteado y el desarrollo de la movilización obrera y popular contra los impuestazos, tarifazos y por el salario y el trabajo.