El proyecto de Presupuesto 2013 no introduce ninguna novedad en cuanto al método habitual seguido por este gobierno: subestimar el cálculo de los recursos para poder hacer luego un uso discrecional del excedente. Desnaturaliza las perspectivas de inflación, las que limita a un 10,8%, y en esta ocasión añade una triquiñuela de peso, pues contempla un pago del cupón PBI para el ejercicio próximo de 3,5 mil millones de dólares -lo cual no hará porque no corresponde- para asegurarse recursos para destinos que no se describen. Mientras acrecienta la enorme factura de subsidios parasitarios al transporte, no prevé el costo de renovación de la infraestructura física del país. Esta metodología es la expresión financiera de un gobierno de camarilla, donde la decisión política escapa al escrutinio público y al control parlamentario, y cuyo objetivo es retener lealtades políticas por medio del soborno fiscal. No es casual la ausencia de una verificación del cumplimiento de los presupuestos precedentes.

Pero no todo es lo mismo que en el pasado. El proyecto en cuestión está marcado por la política de ajuste y por la crisis capitalista. Aumenta el peso del IVA y ganancias se encuentra abultado por el impuesto a los salarios. El proyecto faculta al gobierno a trasladar el costo de la importación de combustibles a la factura residencial, lo que deja abierto el temible tarifazo. El costo de la crisis capitalista imprime su sello a la discrecionalidad presupuestaria.

La gravitación de la crisis capitalista se aprecia, incluso en mayor medida, en la insistencia de transformar al Banco Central y a la Anses en cajas anexas al fisco. Se las encarga de colmar el déficit financiero -que en 2012 fue de alrededor de 60 mil millones de pesos- que será muy superior en 2013. Bien mirado, se trata de una transferencia de ingresos colosal de los trabajadores y contribuyentes a los grupos económicos que son beneficiados por los gastos y subsidios que prevé el Presupuesto. El gobierno empapela a ambas instituciones con títulos públicos que no pretende ni podrá cancelar, y que remunera por debajo de la tasa de mercado. No es un crédito, sino un fondo perdido que alimenta intencionalmente la inflación. Se trata de una confiscación económica de los que menos tienen. Con el mismo método hace frente a los vencimientos de deuda externa.

Para la versión oficial, estaríamos ante un caso de ‘soberanía económica', cuando se trata de un plagio de la política oficial de los bancos centrales principales, los que monetizan los déficits fiscales de sus áreas económicas mediante la compra de títulos públicos por decenas de billones de dólares e incluso los activos incobrables de las grandes empresas. La diferencia con aquellos es de otra naturaleza, porque el peso argentino no tiene el poder cancelatorio internacional de esas divisas, lo que genera una inflación de los precios. Las grandes potencias, en cambio, descargan las consecuencias del emisionismo sobre las naciones más débiles. Incluso con esas ventajas han provocado un crecimiento vertiginoso de la especulación y los precios de las diversas materias primas -y del oro.

El Presupuesto en debate no contempla, naturalmente, los déficits fiscales de las provincias, que sumaron otros 30 mil millones de pesos el año pasado. El déficit consolidado bruto alcanzaría, en 2013, al 7% del PBI, que sería muy pero muy superior si contabilizara la destrucción de la infraestructura. Como las provincias no pueden imprimir billetes, se están endeudando en moneda extranjera a tasas usurarias. Argentina vive, en estos momentos, un verdadero festival de bonos, sin que la afecte para nada el cepo cambiario. Como la acentuación de la crisis en Europa y la virulencia de la ‘desaceleración' de China han comenzado a impactar negativamente en los precios de las materias primas, uno de los ‘colchones' del ‘modelo' se encuentra amenazado.

El proyecto de Presupuesto acentúa los desequilibrios económicos existentes y amenaza convertir el ajuste reprimido en un ‘Rodrigazo'.

 

Enviado al diario Clarín para su publicación