23/10/2020

Un proyecto demagógico que no resuelve el “acceso a la tierra”

El Procrear Rural que impulsa la UTT y apoya el desalojador Larroque

El jueves 22 de octubre se presentó un proyecto impulsado por la organización Unión de Trabajadores de la Tierra, que está enrolada en la central oficialista-vaticana de organizaciones sociales, la CTEP. La ley es llamada por sus mismos propulsores un Procrear Rural, que plantea créditos blandos a los pequeños productores para que puedan comprar tierras para trabajar.

En el caso de aprobarse, cumplirá el mismo rol que el Procrear original. Inyectar fondos del Estado al mercado inmobiliario, incluso al costo de no hacer efectiva la entrega de las tierras previstas. Sucede que el Estado, al renunciar a disponer de los terrenos ociosos que están disponibles para otorgarlos a quienes los necesitan, lo que hace es financiar a compradores individuales. Las inmobiliarias explotan esta situación, subiendo artificialmente los precios de los terrenos que cumplen con las condiciones de los créditos oficiales. Esto permitió que el programa kirchnerista garantice ganancias enormes a los especuladores inmobiliarios y deje a miles de beneficiarios sin poder concretar el acceso a la tierra.

El proyecto fue presentado por tercera vez en la cámara de diputados por dirigentes del movimeinto, por los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra y el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, junto a legisladores oficialistas y contó con manifestaciones de apoyo de dirigentes del Frente de Todos, entre otros, del Ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque.

Que el mismo funcionario que trabaja diariamente para promover  la política de desalojos sistemáticos contra los trabajadores sin vivienda salude la ley es un hecho llamativo. En esta misma semana las bravuconeadas de Larroque de que sus aprietes habían dejado casi vacío los terrenos de Guernica fueron desmentidas por un censo realizado por empleados de su ministerio y con veedores de grupos de derechos humanos oficialistas, que contabilizó la presencia de por lo menos 1.500 familias en el predio.

Mientras tanto, ocupaciones que no tienen la masividad de la de Guernica han sido desalojadas sistemáticamente, como lo ha reivindicado el compañero de gabinete de Larroque, el represor Sergio Berni. Hoy mismo, vecinos del barrio Los Ceibos de González Catán fueron desalojados por ocupar viviendas vacías sin terminar que el Estado ha dejado abandonadas mientras se desarrolla una enorme crisis social.

Los grandes recursos colocados por el Estado provincial para liberar los terrenos tienen un interés social claro. Que los empresarios que presentan títulos dudosos de propiedad puedan ampliar un barrio privado exclusivo, el Country & Club San Cirano. Y defender, más en general, el mercado privado de tierras manejado por las inmobiliarias. La falta de relación entre el ingreso real de los trabajadores y el precio de la tierra ha llegado a tal nivel con la pandemia que se calcula que la carencia habitacional llega a cuatro millones de familias.

Los vecinos en lucha de Guernica han reclamado una solución sobre la base de una ley existente, la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, presentada por Alicia Sánchez, compañera de Luis D´elía, el cooptado líder de la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA. La ley bonaerense coloca la obligación de los barrios privados a donar un 10% de su tierra (o un reemplazo en dinero) a los municipios para viviendas populares. Los gobiernos provinciales que han gobernado desde su votación (Scioli, Vidal, Kicillof) la han ignorado olímpicamente. Pero también el conjunto de los intendentes, que son según la ley la autoridad de aplicación.

Ni el gobernador Kicillof ni la intendenta Cantero han tomado la propuesta de las organizaciones como la base para darle una salida al conflicto.

Quienes incumplen la limitada legislación existente se llenan la boca de “acceso a la tierra” para limpiar su imagen…  y para seguir promoviendo la especulación inmobiliaria.

Reclamamos un banco de tierras ociosas que sea distribuida a quienes la requieren para trabajo y para vivienda que sea pagada en cuotas que estén ajustadas a los ingresos reales de cada familia trabajadora. Por un plan de construcción de viviendas populares basada en un impuesto progresivo a las grandes fortunas y el no pago de la deuda. Por un congreso nacional para luchar por tierra y vivienda.

 

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