Con la votación de los principales artículos de la “nueva” Constitución tucumana, las múltiples camarillas provinciales y municipales alineadas en torno de Alperovich han logrado un acuerdo sobre el régimen político que regirá en la provincia. El vértice de este pacto es la reelección más o menos indefinida del gobernador y vice, o sea la continuidad del presente régimen de camarilla. Pero, como moneda de cambio, los sucesivos “punteros” y “referentes” exigieron su propia perpetuación: por eso, arrancaron en la Convención la reelección de intendentes, concejales y legisladores. La Constituyente votó un régimen de reelección general, o sea, una oligarquía política vitalicia a la escala de toda la provincia. En este pacto, las cliques que sostienen a Alperovich no estuvieron solas: la Iglesia bendijo a la Convención, una vez que ésta incorporó, en el preámbulo, la “defensa de la vida desde la concepción”. El acuerdo constitucional incorporó también a la cúpula judicial: en el debut de las deliberaciones, Alperovich concedió a la Corte y a toda la jerarquía de la Justicia el 82% móvil, al tiempo que mandaba a “archivo” el proyecto constitucional del PO que proponía lo mismo para los trabajadores jubilados. Lo que unifica a los impulsores de este pacto constitucional reaccionario es, precisamente, la hostilidad mortal a todas las reivindicaciones populares, y la defensa de los intereses capitalistas que lucran con la obra “pública”, el juego y la explotación del trabajador agrario.

 

Del acuerdo formó parte también el conjunto de la burocracia sindical, que se llamó “a silencio” durante la Convención. El mismo “silencio” les cabe a las fuerzas que se declaron “abstencionistas”, y que fueron incapaces de generar la más mínima acción popular contra el proyecto reeleccionista.

 

Acuerdo precario

 

Pero el acuerdo que “sacó adelante” a la Constituyente alberga fuertes contradicciones. El gobernador Alperovich, y su vice Juri, encarnan a dos sectores del kirchnerismo que están brutalmente enfrentados. Juri está sostenido por la estructura tradicional del PJ tucumano. Alperovich, él mismo ex radical, ha construido un rejunte de ex aliancistas y frepasistas, y, por supuesto, pejotistas emigrados. El “armado” político de Alperovich procura el socavamiento del PJ de Juri. Tucumán, en definitiva, es una versión provincial del “amontonamiento” kirchnerista, y de la precariedad de su hegemonismo. La Constituyente ha sellado precariamente la unidad de estas facciones apelando a una resurrección parcial de la ley de lemas (“el acople”), donde se habilita a que distintas listas legislativas puedan apoyar a un mismo candidato a gobernador, a vice y, eventualmente, a intendente. El recurso busca capturar votos para las futuras reelecciones, pero puede ser el marco para una fragmentación de listas parlamentarias.

 

En los últimos días, el régimen de poder personal instituido en la Constitución ha provocado un conjunto de choques con sectores de la Justicia y corporaciones profesionales y patronales. No parece, sin embargo, que por ese lado la sangre “llegue al río”: por encima de las quejas parciales, la camarilla de gobierno es garante de los superbeneficios capitalistas en la provincia.

 

En cambio, el proceso constituyente ha desnudado el abismo que existe entre la camarilla alperovichista y las aspiraciones populares. No solamente porque éstas -expresadas en los dieciocho proyectos presentados por el PO- fueron literalmente “archivadas” en el curso de la Convención, sino además porque, mientras la Convención transcurría, esa hostilidad entre el gobierno y las masas se puso de manifiesto cotidianamente. El crimen de Paulina delató al régimen político de Tucumán como un factor de inseguridad permanente. Alperovich respondió con mayor represión contra la juventud. La lucha de los docentes, de los citrícolas y azucareros mostró que “el dinero de la obra pública es arrancado a trabajadores y jubilados”, como denunció Martín Correa en la última sesión. La Constituyente no ha sido el escenario de la pacífica “unción” de Alperovich, sino el telón de fondo de una crisis política, marcada por la lucha de camarillas y por la intervención popular.

 

Oposición política

 

Con todo, un observador avezado de la situación provincial apreciaría que el hecho más destacado del proceso de la Convención ha sido otro. Nos referimos a la irrupción del Partido Obrero, como oposición política obrera y socialista al Kirchner tucumano. En medio de la deserción general de una oposición centroizquierdista y radical desintegradas, y con sus restos unidos por mil lazos al gobierno y a su presupuesto, la lucha política de la Convención se polarizó entre el gobierno, por un lado, y el Partido Obrero, por el otro. Para jugar este papel, desarrollamos una lucha política integral. Denunciamos a la Constituyente trucha de un modo sistemático, desde su propia convocatoria. Introdujimos la crisis política en la Convención, al exigir un pronunciamiento por el crimen de Paulina. A través de nuestros proyectos, y en los debates legislativos, rebatimos una por una las “salidas” del régimen, y les opusimos otra perspectiva estratégica socialista. No nos presentamos como denunciantes circunstanciales, sino como alternativa política.

 

En sintonía con ese programa, llevamos la lucha de la Convención a las calles, con la colocación masiva del periódico, con un afiche que conmocionó a la provincia, con agitaciones y la gran marcha que, en la tarde del lunes pasado, sacudió la rutina de la Convención.

 

Un gobierno mayoritario, surcado por camarillas; un cuadro de luchas populares que enfrentan al gobierno. Una oposición disgregada y sometida al gobierno, a través de intereses sociales comunes. Tucumán, ¿no es el país? Con su lucha y su proyección política, el PO tucumano señala una oportunidad de alcance nacional.