01/09/2011 | 1192

Tucumán: Un régimen electoral antidemocrático 

Los medios destacaron el aparato prebendario, que repartió 800.000 bolsones y gastó casi 100 millones de pesos en movilizar a la gente, pagar en efectivo al votante, financiar los bolsones y bancar a los punteros. Pero ocultaron a un régimen electoral completamente antidemocrático y fraudulento. A él se añadió una “junta electoral” que, en forma impune, violó sus propias leyes a gusto y paladar del gobierno.

El sistema electoral da validez a la formación de “acoples” -partidos provinciales o municipales que pueden ir con una candidatura común ejecutiva. Alperovich tenía casi cien acoples; la UCR, alrededor de cuarenta.

En las semanas previas, la Junta definió que el traslado de las urnas lo hiciera una compañía privada, que a su vez subcontrató para esa tarea a compañías tucumanas vinculadas con el gobierno. De ese modo se violó la ley electoral provincial y el Código Electoral Nacional, que establecen que el traslado lo debe hacer el Correo Argentino. Luego -y frente a las internas de la UCR, donde llovieron denuncias de fraude- la Junta dictaminó que la falta o la rotura de fajas… no era motivo para impugnar las urnas.

Ya en vísperas de los comicios del 28, la Junta emitió una resolución orientada a trabar la fiscalización de los comicios: los fiscales generales y de mesa debían votar de acuerdo con el padrón y no podían hacerlo donde fiscalizaban. A la vez, habilitó el voto “abrochado” o “pegado” con engrudo o plasticola, una suerte de acople legislativo, expresamente prohibido por la ley y la Constitución provincial.

Esta última resolución fue revocada por un tribunal de alzada, pero la Junta le dio validez durante el acto comicial, cuando todos esos votos debían ser anulados.

Durante la apertura de la jornada del 28, en numerosas escuelas las urnas no tenían votos del PO. Aunque la Junta había dispuesto que los votos en las aulas debían agruparse separando a los ‘acoplados’ de los partidos que iban sin acoples, esa resolución no le fue informada a los presidentes de mesa y a los veedores, que no la acataron. Numerosísimos votantes declararon no encontrar los votos del PO-Frente de Izquierda, y muchos hicieron pública en los medios esta situación.

Entre las 8 y las 10 hubo una acción orquestada dirigida a hacer desaparecer nuestros votos. Luego, mediante todo tipo de artimañas, se dificultó la acción de los fiscales -en algunos casos alegando que eran candidatos, en otros porque si eran generales no podían ser de mesa, y en muchísimos casos demorando la fiscalización. Hubo escuelas que comenzaron el comicio con las urnas ya puestas. En varias escuelas tenían padrones diferentes a los oficializados. Los ‘veedores’ actuaron como verdaderos punteros, organizando en varios casos detectados el voto cadena; algunos fueron “detenidos” (protegidos) por la Gendarmería, ante la furia de los votantes. En varias urnas aparecieron numerosos sobres de más. En la capital -donde el PO concentró el accionar de casi 600 fiscales-, se vivió una suerte de batalla campal con los punteros, presidentes de mesa y veedores. Fue esa acción militante la que salvó la honra relativa de la votación, que en caso contrario hubiera terminado -como ocurrió en el pasado reciente- con cifras de algunos centenares de votos.

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