12/07/2001 | 713

Un régimen sin salida

Las declaraciones de que la Argentina se quedó sin crédito son un reconocimiento por lo menos tardío. El Estado se encuentra en cesación de pagos hace ya mucho tiempo y los bancos han lucrado enormemente con ella, cobrando tasas de interés usurarias. Las tentativas por superar la quiebra han fracasado en forma rotunda, incluso contando con el apoyo del FMI y del Tesoro norteamericano. El país ha sido exprimido hasta la última gota, al aceptar un megacanje que aumentó la deuda externa en 50.000 millones de dólares aún a sabiendas de que no serviría para evitar la bancarrota.


El régimen del «peso fuerte» se ha convertido en su contrario: de la jactancia de tener cada peso respaldado en un dólar se ha pasado a la emisión de certificados, que carecen de cualquier respaldo y no valen lo que dicen, para pagar a los empleados y proveedores públicos. La crisis ha arrastrado al abismo a la principal gobernación peronista. La «unidad nacional» que se viene pregonando desde hace meses sin resultado, acaba de concretarse en la desgracia común de la bancarrota compartida. De la crisis de la Alianza hemos pasado a la crisis general del Estado. Los plenos poderes a Cavallo no han servido para nada y el reclamo de otorgarle aun mayores poderes terminará derrumbándolo por completo. No es concebible sin la aplicación del estado de sitio, pero Cavallo y su tropa carecen de cualquier autoridad para hacerlo efectivo.


La base social de la nueva experiencia cavallista está amenazada de eclosión. Luego de recibir el apoyo del «grupo productivo», en función de una alegada política de reactivación de la economía, Cavallo ha concluido capitulando ante todas las exigencias del equipo de Lopez Murphy y de Fiel. El nuevo planteo de vivir con lo que se recaude, llevará inevitablemente a la acentuación y prolongación de la recesión. El frente capitalista, en lugar de unificarse, se divide cada vez más. Ni el impuestazo al cheque ha servido para darle sustento financiero a la ficticia reactivación de Cavallo.


La manifiesta debilidad del cavallismo, incapaz de manejar el derrumbe financiero, al mismo tiempo que atiza la rebelión popular, explica la tentativa del alfonsinismo de recuperar alguna influencia en el gobierno. Alfonsín quizás pretenda liderar al «grupo productivo» y hasta armar una suerte de «frente popular» con los restos del chachismo. Se trata de una variante peligrosa, en el caso de que sea vista como una salida «nacional» por algunos sectores populares, y especialmente por la burocracia. Como su fracaso está cantado de antemano, sólo serviría para darle una oportunidad a la salida represiva.


La cuestión fundamental del momento para el movimiento popular es plantarse como alternativa política al derrumbe del régimen. La lucha reivindicativa no puede declararse neutral frente a las salidas políticas; debe repudiar las que manejan los capitalistas y ofrecer la suya propia.


La actualidad de la crisis política del régimen capitalista, o sea su vigencia como factor que condiciona todo el proceso de la lucha social o de clases, pone de manifiesto la importancia del planteo del Partido Obrero a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente que asuma el gobierno del país. Un gobierno responsable ante una Asamblea Constituyente se caracteriza por no aceptar ningún límite a su capacidad para tocar los grandes intereses, atacar los privilegios y derechos de los explotadores, y proceder a una transformación social. La clase obrera debe asumir la vanguardia de este reclamo para ganar la hegemonía del proceso político, o sea la dirección de las masas trabajadoras y medias que están desesperadas por una salida.


La actualidad de la crisis pone al desnudo el carácter vacío de los planteos que apuntan a las elecciones de octubre, y a capitalizar la crisis del gobierno aumentando votos y representantes. Si la vanguardia de la clase obrera, los piqueteros y las organizaciones de lucha no se plantan con una posición política ante el derrumbe político, es el propio régimen el que aprovechará las elecciones previstas en octubre, incluso para postergarlas. Pero en cualquier variante, la perspectiva de un progreso electoral no ejerce ninguna atracción para las masas, que exigen salidas urgentes, ni es un factor de intervención en la crisis política. Una intervención electoral en octubre, si la situación política se desviara en esa dirección, deberá basarse en plantar una salida revolucionaria a la crisis política, que no se atenuará para nada después de esas elecciones.


Hacemos llegar este planteo a las organizaciones políticas y de lucha que participarán de la Asamblea Nacional piquetera del próximo 24 de julio.

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