23/03/1993 | 385

Un régimen sin salida

A fuerza de repetir que la crisis rusa consiste en el enfrentamiento entre un presidente “electo” y un parlamento del “período soviético”, la mayor parte de la prensa no solo ha logrado mentir descaradamente sobre la realidad de los hechos, sino que con mayor interés pretende encarnar en el denominado “presidente electo” a la alternativa democrática. En realidad, ambos polos de la crisis rusa representan a la vieja y conocida burocracia de origen stalinista, agrupada en diferentes tendencias y grupos privatizadores. La disputa por el control del Estado no es otra cosa que una disputa por los despojos de la propiedad estatal. Las fuerzas en presencia son totalitarias y decididamente pro-capitalistas; no existe, lamentablemente, un “peligro comunista”, es decir una alternativa de poder del proletariado. La clase obrera de la ex URSS ha entrado en un manifiesto reflujo luego de las grandes huelgas generales de 1990 y 1991.


El “presidente electo” y el “parlamento soviético” son cuña del mismo palo, en primer lugar, porque todos, absolutamente todos, son stalinistas reciclados. Pero, además, fue este parlamento el que llevó a Yeltsin al plano nacional al designarlo su presidente, en 1990, contra la opinión adversa del ex partido comunista ruso y de Gorbachov. El actual presidente del Soviet (sic) ruso, Khasbulatov, aparece hoy como el adversario visible de Yeltsin, pero no hay que olvidar que fue Yeltsin quien lo designó en ese lugar cuando él mismo fue elegido presidente de la República. Este mismo adversario estuvo con Yeltsin contra el golpe de agosto de 1991. Fue este “parlamento soviético” el que votó los “poderes especiales” que le permitieron a Yeltsin gobernar por decreto, durante todo 1992. Este mismo parlamento respaldó la política de seguidismo al imperialismo establecida por Yeltsin en los casos del Golfo y de Yugoslavia. La complicidad extrema de los burócratas parlamentarios con los que integran el poder ejecutivo, revela con toda claridad que asistimos hoy a una escisión de la burocracia gobernante, que tiene como ejes la completa crisis de las privatizaciones, la catástrofe social y económica y la desintegración nacional. León Trotsky dió anticipadamente en el clavo cuando pronosticó (“La revolución traicionada”) que “La caída de la dictadura burocrática actual, sin que fuera reemplazada por un nuevo poder socialista, anunciaría, también, el regreso al sistema capitalista con una baja catastrófica de la economía y de la cultura”.


En efecto, la política privatista, que arranca de la perestroika de Gorbachov, ha llevado a Rusia y a toda la ex URSS a “una baja catastrófica de la economía y de la cultura”. Solo en los últimos dos años la producción ha caído en un 50%, en tanto que la inflación se encuentra en el 3.000% anual. Mientras que el 70% de la población se encontraría por debajo de los niveles de pobreza, los directores de las principales empresas saquean sin misericordia los recursos de la nación y una parte de la juventud se ve obligada a sobrevivir por medio de la prostitución y de la delincuencia en general.


Es evidente que la liquidación de cualquier forma de planificación centralizada y el mantenimiento de un remedo de monopolio de comercio exterior, son la causa de la enorme sustracción de riquezas hacia el exterior y de la fuga de capitales. “El ministerio de Seguridad de Rusia dice que uno de cada tres barriles de petróleo y una de cada dos toneladas de níquel, llega al exterior por “canales no oficiales” (The Washington Post, semanario, 15/2). Es natural, entonces, que de cada cuatro dólares exportados, uno haya quedado en el exterior, y que el International Institute of Finance evalúe la fuga de capitales, para los años 1991 y 1992, en 17 mil millones de dólares (ídem). La conclusión que extrae de esto Vasili Soldatov, presidente del Banco Mercado de Valores de Rusia, es que “el gobierno liberalizó el comercio exterior demasiado rápido…” (Time, 8/2) ¡Ah!


Estas formas “primitivas” de acumulación capitalista corresponden a las características del proceso de restauración capitalista en Rusia, e incluso en la mayor parte del ex bloque oriental. La privatización de las empresas públicas, significa, en general, un cambio del patrimonio, pero no una inyección de capitales; los burócratas que se aprovechan de esas privatizaciones tienen poder de mando pero no capital. Es por eso que, sean públicas o privatizadas, las empresas dependen del crédito oficial, el cual es usado para fugar capitales al exterior y especular con la inflación. El primer ministro ruso, Chernomyrdin, acaba de señalar que solo el 20% del crédito oficial que reciben las empresas del Estado es destinado a aumentar la capacidad productiva; el resto se usa para pagar salarios o para “gastarlo en el mercado de cambios” (Time).


Estas características de las privatizaciones acaparadas por la burocracia no solo se presentan potencialmente en Rusia, también ocurren en la “más avanzada” Hungría, por ejemplo. “Los tres nuevos bancos que se desprendieron del viejo banco nacional permanecen estructural y financieramente debilitados, dice la revista The Banker (febrero, 9/3); no solamente se han visto obigados a refinanciar créditos incobrables y a capitalizar intereses impagos de deudores grandes pero financieramente dudosos, sino que han tenido que dar nuevos créditos a firmas insolventes, debido en parte a los estrechos lazos que existen entre los prestatarios, los accionistas de los bancos y los miembros de los comités bancarios”. Esto significa que una privatización aun “más desarrollada”, en Rusia, acentuaría las tendencias hiperinflacionarias, esto porque sería más intensa la presión para obtener financiamiento por parte de “ejecutivos” entrelazados en la banca y en la industria. La “critica” occidental, que adjudica la hiperinflación rusa a la lentitud de la privatización, es completamente infundada.


El otro escollo enorme que enfrenta la política de privatizaciones es que el patrimonio de las empresas poco tiene que ver con lo que sería su “valor de mercado”. La crisis capitalista mundial ha desvalorizado las industrias en todo el mundo, obligando a una polítca de venta de activos y de despidos en masa de trabajadores. La “privatización” no es lo mismo que la “reestructuración”. En Rusia se han vendido importantes empresas a cambio de certificados de privatización que el gobierno entregó a todos los ciudadanos, pero que en realidad quedaron en manos de los directores y personal de esas empresas. Cumplido el operativo de apropiarse del patrimonio público, los directores enfrentan la necesidad de despedir en masa a sus “socios” obreros, de lo contrario no podrán imponer las tasas de explotación que los acreditarían para obtener préstamos internacionales o capitales extranjeros. Dada la “dificultad” que se han creado al “asociarse” a sus víctimas, estas empresas privatizadas están obligadas a depender del banco estatal. Pues bien, gran parte de la disputa entre Yeltsin y el Congreso; dentro de los diferentes bloques dentro del Congreso; e incluso en el gabinete; consiste en quién controla al Banco Central. El otro obstáculo creado por estas privatizaciones es que el control de sus actuales directores depende de que el personal no venda las acciones que tiene en su poder. Como resultado de estos problemas, los principales beneficiarios de las privatizaciones reclaman en muchos casos, una disminución en el ritmo de la “transición” al capitalismo, ya que éste entrañaría, entre otras cosas, la instalación de Mercados donde se puedan vender las acciones. Interpretar como una resistencia al capitalismo, esta oposición a “más” privatizaciones, por parte de los mismos privatizadores, es confundir contradicciones objetivas con sinrazón.


Un interesado asesor de la burocracia sindical norteamericana, escribiendo en The Wall Street Journal (16/3), cita otra fuente de contradicciones: la representada por los burócratas industriales que arrendaron, para su explotación, las parcelas más rentables de las empresas estatales, equivalentes al 15% de la producción industrial, y que no desearían que les sean arrebatadas por una privatización integral. Este asesor adjudica a Yeltsin la intención de poner bajo control del gobierno a las empresas que se quieren privatizar, con la finalidad de evitar que queden en manos de sus actuales directores y poder venderlas a otros postores con capital. Pero cómo el gobienro ya fue acusado de vender a 80 centavos de dólar el barril que se cotiza a 20 dólares en el mercado internacional, los postores que defiende Yeltsin probablemente sean otros impostores de su clan “íntimo”. La prensa rusa acaba de informar que Yeltsin se está construyendo nada menos que un edificio de 16 pisos para uso personal, con lujos propios de los emiratos árabes.


El problema que confrontan todas las alas de la burocracia es, precisamente, cómo hacer frente, de un lado, a la desocupación en masa y a la desintegración social que deberá provocar un impulso más consecuente de la privatización y, del otro, al empantanamiento completo y a la desintegración económica a que lleva el actual proceso privatizador.


Tanto Yeltsin como el Congreso han agotado cualquier capital político que hubieran podido tener en el pasado. Ninguno de los dos goza de la confianza del país, al menos según lo miden las encuestas. Tampoco tienen la confianza del ejército, lo que explica la imposibilidad para el alto mando de inclinarse para un lado u otro. Ninguna fracción tiene una mayoría decisiva en el Congreso, cuyos alineamientos se modifican con extrema rapidez, en función del vértigo de la propia crisis. Más importante aún, ni Yeltsin ni el Congreso ejercen efectivamente el poder del Estado a nivel nacional. En las regiones, o provincias, coexisten las autoridades electas hace cuatro años con los prefectos enviados por Yeltsin, quien nunca se atrevió a llamar a elecciones municipales. La situación así delineada exigiría un acuerdo entre todas las fraccciones, el cual, sin embargo, no resolvería mucha cosa si no tiene, como no lo tendría, un programa para llevar al país hacia algun lado sin necesidad de guerra civil.


Estas características de la situación explican la falta de resolución que están demostrando los contendientes. El Congreso de Diputados se dispersó hasta junio, a pesar de la gravedad del momento; antes dejó intactos los poderes de Yeltsin, que había querido recortar; no formuló ningun programa de fondo; y todo está dispuesto para una batalla en la Corte Constitucional, a la cual Yeltsin no pudo presentar el decreto, firmado por su gabinete, que le otorga poderes especiales. En definitiva, la crisis aún deberá profundizarse más; deberá obligar a las masas a intervenir, al menos como una “advertencia” de lo que podría ocurrir; los alineamientos de fuerza deberán delimitarse con más precisión; todo esto es necesario antes de que se pueda plantear una salida más duradera a la presente crisis.


Los jefes de los Estados imperialistas se unieron en el apoyo a Yeltsin, en una acción que parece más de bombero que de árbitro, no digamos ya de juez. Para una fracción creciente del imperialismo, Rusia sería un caso perdido, que habría que permitir que se desintegre, como un mal menor. Se trata de los partidarios de la “carta ucraniana” y de la formación de un bloque de países desde el Báltico al Mar Negro. El imperialismo está empezando a aceptar la hipótesis de una catástrofe rusa como un “mal menor”.


De las fuerzas políticas en vista, en Rusia, ninguna tiene el mínimo carácter revolucionario o progresista; todos los bloques parlamentarios son restauracionistas, en especial los “comunistas” llamados “duros”, que se han reciclado a un nacionalismo boyardo o zarista y que cuando pueden invierten en algun negocio. El ala izquierda del Congreso de Diputados, formada por una coalición entre dos fracciones del ex PC, el Pst, dirigido por el historiador Roy Medvedev, y la Unión Comunista, del ex “ideólogo” Ligachov, actuó como “coordinadora” de Yeltsin en las sesiones de diciembre último del parlamento y “han jugado un rol determinado en la búsqueda de un compromiso entre el presidente y el parlamento”. El periodista que escribe lo anterior, en Le Monde Diplomatique de febrero del 92, cree que esta coalición de “izquierda occidental” o “social”, podría repetir el éxito que los “comunistas renovadores” obtuvieron recientemente en Lituania. Estos izquierdistas yeltsinianos son proclives a un acuerdo con el bloque de los burócratas industriales, agrupados en la Unión Cívica.


El desenlace de la crisis no puede ser pronosticado a partir de sus elementos exclusivamente rusos. Debe ser efectuado a partir de la situación internacional, que deberá obligar al proletariado de los principales países a emprender una acción de características históricas, capaz de actuar de referencia para el conjunto de la clase obrera mundial.

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