Políticas

18/8/2016|1424

Un tenso compás de espera


El 10 de agosto, enterados de que Claudio Vidal, secretario general del sindicato petrolero de Santa Cruz, firmó la conciliación obligatoria (al igual que su par, Jorge Avila, en Chubut), los petroleros de Las Heras, en conflicto por los despidos y suspensiones en San Antonio Internacional (SAI), levantaron todos los piquetes que sostenían en los accesos al yacimiento. Al otro día, en Caleta Olivia, la gendarmería y la policía actuaron para “disuadir” a los compañeros que sostenían el piquete sobre la ruta 12, en un operativo concertado entre Nación y la provincia. Con la conciliación han sido reincorporados momentáneamente 202 despedidos, y han quedado en pie las suspensiones (que significan una rebaja del 55% de los sueldos percibidos por los compañeros).


 


Días antes, una gran caravana, con 400 personas a pesar del temporal de lluvia y viento, había recorrido el camino desde el piquete hasta las oficinas de San Antonio en el centro de la ciudad.


 


La empresa había intimidado a los trabajadores enviando telegramas de despido a delegados de Las Heras y Caleta, siendo que los compañeros estaban amparados en la resolución del ministerio que “exhorta” a las empresas a no despedir por 30 días.


 


Sin embargo, la empresa acató parcialmente la conciliación y retrotrajo los despidos, pero no las suspensiones. La asamblea decidió no acatar hasta que se reviertan las suspensiones. Se sabía que en Comodoro, después de acatar la conciliación obligatoria, no habían dejado entrar a los suspendidos. El conflicto ahora entra en un compás de espera, que habrá que utilizar para preparar la próxima batalla.


 


Gusto amargo…


 


Después del feriado largo, se conocerán realmente las implicancias de esta primera escaramuza por la “reestructuración productiva”. El miércoles los petroleros deberán reintegrarse plenamente a sus funciones; allí se verá si la empresa permite el ingreso de los delegados y qué pasará con los suspendidos.


 


El conflicto sigue abierto porque la resolución ministerial 365 (que firmaron Pereyra, secretario general del sindicato petrolero de Neuquén; Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Jorge Avila, de Chubut) establece un régimen de trabajo absolutamente inseguro, y se habilitan reuniones para meter las 8 horas (lo que supone la rebaja salarial sobre la base de la reducción de la jornada actual). Las contratistas como San Antonio podrán suspender hasta el 5% del personal amparándose en esta misma resolución.


 


Queda planteada la lucha para cobrar la totalidad de los días caídos y el rechazo de las intimaciones a los delegados.


 


(…) pero el conflicto sigue abierto


 


Cientos de trabajadores de otras empresas se solidarizaron con los piquetes; las familias de los obreros de San Antonio fueron las que organizaron caravanas y movilizaciones.


 


La burocracia de todo pelaje, al igual que la Federación Sindical de Roberti, han habilitado la “reestructuración productiva” que precariza el trabajo, rebaja los salarios y pone en riesgo la integridad física de los trabajadores. Los trabajadores perciben esta trampa, y por ello ayer silbaron a Rafael Guenchenen, secretario gremial de Vidal, durante la fiesta del Día del Niño.


 


El gobierno de Macri, a través del Ministerio de Trabajo y la Gendarmería, y Alicia Kirchner, a través de la policía provincial, actuaron al unísono para garantizar la “paz social”.


 


Abajo la resolución 365. Reintegro de todos los despedidos y suspendidos. Defensa irrestricta de los puestos de trabajo y el salario. Asambleas para votar un pliego de reclamos y un plan de acción a partir del 1º de septiembre.