Luego de la renuncia de Angeloz, los enfrentamientos en la provincia parecieron apaciguarse. La burocracia recibió a Mestre con una tregua, la burguesía apoyó el recambio y el “interventor” asumió el gobierno en un escenario difícil de prever quince días antes.

Ese escenario acaba de quebrarse. La movilización en conjunto de los trabajadores de CIADEA, Area Material Córdoba, Cormec y Perkins, el lunes 31 de agosto, alteró la situación en su conjunto. Durante la semana previa, el intento de aplicar la Ley de Emergencia chocó con los estatales en dos puntos claves: el viernes 28, una asamblea masiva de Luz y Fuerza resolvió no acatar el recorte de jornada laboral y de salarios y repudiar el nombramiento del interventor Mazzini Pinto (puesto por Mestre), por considerarlo “un serio avance hacia la privatización de la empresa, puesto que tiene intereses particulares concretos en relación a EPEC (y) se encuentra vinculado a los grandes grupos económicos de Córdoba” (La Voz, 29/7). La asamblea votó un plan de paros internos, reclamar a la Coordinadora de Gremios Estatales un paro provincial y constituir un “comité de disciplina” cuya misión es vigilar que se cumplan las resoluciones de la asamblea. Si a esto se une el inicio de la movilización en Obras Sanitarias (ver reportaje) —un gremio dominado por una burocracia pactista y mestrista (Bazán)— así como las asambleas en las distintas dependencias y sucursales del Banco Provincia que decidieron desacatar la Ley y trabajar los cinco días hábiles de la semana cumpliendo horario normal, se advierte la extensión de la resistencia. Las burocracias de estos gremios se declararon “sorprendidas” al enterarse de que sus sindicatos eran incluidos en la Ley de Emergencia, lo que las colocó a la defensiva frente a los trabajadores. La “sorpresa” confirma que hubo un pacto Angeloz-Primatesta-Mestre que el flamante “interventor” rompió por poderosas “razones de Estado”.

La noticia de que “la administración Mestre procurará obtener créditos del Banco Mundial”, no para “financiar sueldos”, desnuda el giro de la gran banca frente al gobierno de Córdoba luego del golpe de Estado que volteó a Angeloz. “No podemos seguir viviendo de prestado —declaró Darwich, ministro de Hacienda—, por eso hemos planteado esta ley de emergencia” (La Voz, 29/7). La “ayuda” del Banco Mundial apunta a financiar la privatización en masa de las empresas públicas, incluyendo los bancos provinciales. Esta es la negociación que emprenderá la “misión” del Banco, que visitará Córdoba durante la última semana de agosto, “para debatir y exponer junto al equipo económico mediterráneo, con el fin de identificar las principales áreas de nuestro enfoque de trabajo” (ídem).

La amplitud de la confiscación de salarios que está ejecutando Mestre, lo revela lo ocurrido en la empresa de energía (EPEC). El gobierno dispuso que la empresa absorbiera los mayores costos impositivos derivados de un impuesto adicional del 5.5% al consumo eléctrico, “una forma legal para que recursos generados por EPEC pasen a las arcas del Estado”. Con este golpe de mano, Mestre se apodera de 1.030.000 pesos (antes 463.000) provenientes de la reducción salarial.

Una crisis que se generaliza

El proceso de resistencia tiene otros protagonistas. En varias reparticiones, los empleados públicos han organizado comités de lucha, votados en asambleas, para impedir la aplicación de la ley. En varios hospitales, médicos y enfermeras decidieron mantener las jornadas laborales, denunciando que implementar la ley de emergencia significaría convertir a los hospitales en salas de guardia. La dirección del SEP está absolutamente desorientada.

La ley de emergencia extendió la crisis al conjunto de los trabajadores cordobeses. Ha dejado a miles de chicos y ancianos sin el “paraguas protector” del Paicor, lo que implicaba una comida diaria y calzado. Además, generaliza la situación al interior de la provincia: hay 165 municipios que deben los salarios a sus empleados, los concejos deliberantes han adherido a la ley de emergencia y dispuesto reducciones salariales y horarias. En Río Cuarto, los municipales ocuparon el Concejo, impidiendo la aplicación de la ordenanza que aplica la ley; en Bel Ville, el sindicato resolvió un plan de lucha.

Todo esto ocurre aun antes de que hayan comenzado a circular los bonos para pagar los salarios adeudados. El gobierno ha sido autorizado a emitir 800 millones de pesos (200 millones más que en el proyecto original). Como la Cámara de Comercio exigió el derecho a pagar el 50 % de los salarios de sus trabajadores con bonos y los municipios van a hacer lo mismo porque reciben parte de su coparticipación en los “Cecor” , la inmensa mayoría de la clase obrera cordobesa va a cobrar sus salarios en bonos cuyo poder adquisitivo no está asegurado. Para los capitalistas, en cambio, rige el valor nominal, el rescate asegurado y un rendimiento del 12% anual.

La Coordinadora de Gremios Estatales jugó un papel fundamental en el “golpe de Estado” de Córdoba, debido a que la “tregua” que armó con el gobierno y el clero permitió avanzar en la ley de emergencia. Pero el desarrollo de la crisis y la resistencia de los trabajadores la ha dejado girando en el vacío. Le reclama al gobierno “rectificaciones a la Ley de Emergencia”, como si cada burocracia (Obras Sanitarias, bancarios) pudiera zafar por la propia de la reducción salarial. Sus planes “alternativos” (bancarios), o de “saneamiento” (Obras Sanitarias), están condenados al fracaso.

Un salto en la crisis

La patronal de Ciadea (Antelo) se negó a rotar las suspensiones entre todo el personal y adelantó que pretende despedir a los que hoy están fuera de la planta. Cormec (Macri) suspendió a 600 trabajadores por 35 días, debido a la caída de las exportaciones a Brasil. Esto significa que estamos en presencia de un derrumbe de los negocios de los dos grandes testaferros de la industria automotriz: Antelo y Macri. Córdoba es el escenario, entonces, de una fractura de la burguesía argentina y del primer caso en que el derrumbe del “plan” Cavallo disloca a dos baluartes de los “capitanes de la industria”. Se ha ingresado, por lo tanto, en una crisis política general. Se ha incorporado a la lucha la clase obrera industrial. Tanto los obreros metalúrgicos de Cormec y Perkins, como los del Area Material Córdoba, recibieron un gran impulso al enterarse del anuncio de la marcha de los trabajadores mecánicos.

Que se abran las cuentas

La Legislatura radical, decidió no votar la investigación del manejo de las cuentas públicas por parte de Angeloz. Un punto clave, porque todos están de acuerdo, por ahora, con las “cuentas de Mestre”, un “agujero negro” que el “interventor” hizo llegar a 1.200 millones de dólares y que hoy los “trascendidos” elevan a 2.000. En esta “cuenta” que se les quiere hacer pagar a los trabajadores, entra el vaciamiento del Banco Social, las estafas contra el Banco de la Provincia (préstamos a bancos quebrados, todos socios de la Fundación Mediterránea), el vaciamiento de EPEC, una masa de deudas en favor de los capitalistas que ya se llevó los fondos destinados a salarios y jubilaciones.

El vuelco en la situación política cordobesa plantea la huelga general hasta la derogación de la ley de emergencia; reincorporación de todos los despedidos; que se abran las cuentas del Estado y los capitalistas; que se haga público el pacto del “golpe de Estado” bendecido por el clero; el enjuiciamiento a Angeloz. La apertura de los libros del Estado provincial, de los bancos y de las empresas públicas es la vía para que los trabajadores investiguen dónde han ido a parar los fondos y quiénes son los grandes deudores y los responsables del vaciamiento.

Es necesario impulsar comités de huelga en cada repartición y en cada empresa, los plenarios abiertos de delegados y activistas en cada gremio, votar un congreso de bases provincial para enfrentar y acabar con la ley de emergencia.