Como parte del raid antieducativo del gobierno macrista con los organismos del gran capital, el ministerio de Educación invitó a participar de la “Feria Internacional de la Educación Superior” a María Marta Ferreyra, economista senior del Banco Mundial que promueve las políticas de ataque a las universidades públicas en todos los terrenos.

 

Semanas atrás, una representante de la OCDE vino de paseo con tesituras similares para la educación pública en general.

 

De cualquier manera, la participación de Ferreyra en la inauguración en el Salón Blanco del Ministerio de Educación que tendrá hoy el evento se hallaba en duda por los fuertes cuestionamientos de las organizaciones estudiantiles.

 

Titulado “Momento decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe”, el estudio del organismo del capital financiero –ya presentado en países como México y Colombia– sostiene que los salarios de los docentes “son mayores y trabajan menos horas. El elevado porcentaje del gasto destinado a salarios sugiere que el poder de negociación de los profesores y el personal en varios países podría ser alto” (Página12, 9/8), lo cual debe leerse como una indicación en el sentido de bajar los salarios o aumentar las horas de trabajo y morigerar la capacidad de negociación colectiva –en perfecta sintonía con el plan de guerra lanzado por el macrismo contra la docencia, que incluyó la disolución de la paritaria nacional y la imposición de un acuerdo salarial a la baja.

 

El texto ataca a la autonomía universitaria y sostiene que “la gratuidad puede suponer un uso ineficiente de los recursos fiscales” y fomenta el arancelamiento contra el acceso irrestricto a la universidad (ya de por sí limitado por los cursos de ingreso que operan como filtros en diversas instituciones).

 

Como destacó Julián Asiner, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la propuesta del organismo de crédito representa un espaldarazo a los objetivos del gobierno de avanzar en la privatización educativa y de poner a la educación superior al servicio de las grandes empresas. En esa línea se inscribe el “Sistema Nacional de Reconocimiento Académico” firmada por el gobierno con numerosos rectores del país, que busca nivelar (para abajo) a las universidades públicas con las privadas, junto con el rediseño de las carreras hacia la flexibilización curricular, la precarización docente, el trabajo gratuito como condición para recibirse, los títulos desvalorizados y los posgrados arancelados.

 

El Banco Mundial fue uno de los promotores más entusiastas de la Ley de Educación Superior Menemista y de la Coneau, el organismo que durante los años del menemismo y el kirchnerismo funcionó como “acreditador” de aquellas carreras que se adaptaron a sus mandatos. Al calor de esta política crecieron los acuerdos de numerosas facultades con empresas privadas, para proveer a estas de estudiantes como mano de obra barata –"adaptar la educación al mercado de trabajo", cada vez más descalificado.

 

El cuadro de ofensiva contra la educación plantea la necesidad de una estructuración independiente de estudiantes y docentes para enfrentar al gobierno, las fuerzas patronales de la oposición y los rectores que llevan adelante y buscan profundizar el ajuste. Este desafío tendrá un capítulo especial en las elecciones por realizarse en septiembre en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, que definirán a su turno el destino de la Federación Universitaria de Buenos Aires. La izquierda trabaja en esta perspectiva.