IMPUESTO AL SALARIO

Capitanich acaba de declarar que no habrá modificaciones en el impuesto al salario. Esto, luego del enorme paro de los bancarios contra los descuentos brutales que sufren. A fines de julio, los portuarios pararon por idéntico reclamo.

En la actualidad, la cantidad de trabajadores que tienen que pagar es menor respecto del año pasado, pero quienes siguen afectados deben gatillar cifras siderales. Una porción creciente y muy importante de trabajadores abona la tasa máxima del 35 por ciento. Bajo estas condiciones, un trabajador soltero que gane 25.000 pesos por mes termina pagando 60.000 pesos, dos meses y medio de sueldo. Un casado, con dos hijos, debe pagar 40.000, un sueldo y medio. Diez años atrás, para abonar la tasa máxima, había que ganar lo que hoy sería equivalente, en términos de poder adquisitivo, a 60.000 pesos. A pesar de que el salario viene cayendo a valores constantes, se abona una alícuota superior.

La legislación vigente establece que no se puede embargar más del 20% del salario. Esa disposición tiene la finalidad de resguardar la subsistencia de un trabajador. ¿Qué se puede decir, respecto de un impuesto que se come el 35 por ciento del salario? Salta a la vista su carácter confiscatorio. Habría que agregar que ya el trabajador sufre una exacción a través de IVA, ingresos brutos y otros impuestos al consumo. Un trabajador pierde entre el 42 y el 58 por ciento de sus sueldos en impuestos.

Dos varas diferentes

La Corte Suprema ha admitido la existencia de distorsiones en el impuesto a las ganancias frente a demandas empresarias. Candy, del grupo Arcor, obtuvo una sentencia favorable sobre “los efectos confiscatorios como consecuencia de la inaplicabilidad de las normas de ajuste por inflación contenidas en la ley del impuesto a las ganancias”.

El reclamo de la compañía consistía en que, al no poder ajustar sus ganancias por inflación -norma que está suspendida desde el año 2003- estaba pagando por “ganancias ficticias”.

A partir de este fallo, muchas empresas se han lanzado a hacer presentaciones similares. Bodegas Esmeralda acaba de iniciar una causa, que se une a otras demandas, como Swaco, Banco Francés y Bradesco.

En el caso específico de Candy, la Corte aceptó el cálculo hecho por la compañía de que “el impuesto a las ganancias, con la inflación, le consumió entre el 55 y el 62% de su ganancia” (La Nación, ídem).

Si se aplica la misma vara para los trabajadores, está claro que no sólo se debería abonar el impuesto a tasas más bajas, sino que la abrumadora mayoría de los asalariados quedaría enteramente excluido del impuesto.

Por otra parte, el impacto de la inflación es infinitamente superior en los ingresos del trabajador que en el del capitalista. Las empresas han tenido la libertad y el margen de maniobra para remarcar los precios al compás de la carestía, no así los asalariados. Además, los capitalistas realizan ellas mismos la liquidación del impuesto y, por lo tanto, determinan su monto, por lo cual tienen la posibilidad de inflar los gastos y dibujar las utilidades, apelando a artilugios contables e impositivos. Cuando eso no alcanza, siempre está a mano la chance de una moratoria, con lo cual pueden bicicletear el impuesto y licuarlo. No ocurre lo mismo con el trabajador, ya que es la patronal la que debe determina cuánto debe pagar y lo deduce mensualmente de su recibo de sueldos. Por otro lado, es moneda corriente que las empresas usen el sueldo que retienen de ganancias para otros fines. Es decir, que se financian con los recursos que le extraen al trabajador, de la misma manera que lo hacen con los aportes de seguridad social.

Cobra mayor actualidad que nunca el proyecto presentado por el Frente de Izquierda de abolición del impuesto al salario, que plantea además que la patronal deje de actuar como agente de retención y que el trabajador establezca por su cuenta, en forma independiente, sus impuestos y el depósito que corresponda.

Pablo Heller