Durante la madrugada del 2 de abril, la Ciudad colapsó ante una lluvia intensa que estaba anunciada. En pocas horas, barrios enteros -especialmente los del norte- quedaron bajo el agua, inundándose casas y calles. Al menos seis personas perdieron la vida en la Ciudad. Dentro de las víctimas fatales, se encuentra un trabajador del subte. Las pérdidas materiales de las familias son inmensas. Pequeños comercios con su mercadería arruinada. Barrios enteros sin luz. Las viejas cámaras de electricidad de Edenor y Edesur se volvieron a inundar, como ocurre cada vez que la lluvia es intensa. Los cortes -se espera- durarán varios días. El Barrio Mitre, una de las zonas más humildes de la zona norte, fue el más afectado. Allí, una mujer murió ahogada dentro de su propia casa.

Como ya ocurriera un año atrás, los principales responsables del gobierno estaban de vacaciones en el exterior. Nadie ordenó siquiera limpiar de hojas y basura los sumideros para, al menos, reducir el impacto de la lluvia. Una vez que ésta se produjo, tampoco los funcionarios del gobierno brindaron la ayuda necesaria. Los vecinos debieron colaborar entre sí para subir a pisos superiores a niños y ancianos. El Partido Obrero del barrio de Saavedra se hizo presente desde muy temprano en el Barrio Mitre, para prestar su colaboración a los vecinos afectados.

Obras paralizadas

Esta nueva inundación sacó a la luz la parálisis de las obras que deberían aportar una solución a esta crisis recurrente. La construcción de los canales aliviadores para los arroyos Vega y Medrano no ha comenzado. El macrismo responsabiliza al gobierno nacional por la falta de avales para un endeudamiento ante el Banco Mundial para financiar la obra. En el caso del Vega, éstos fueron otorgados hace un par de semanas. De todos modos, se trata de cifras relativamente bajas, que bien podrían ser financiadas por la Ciudad y la Nación sin recurrir a un nuevo endeudamiento. En conjunto, no superan los 300 millones de dólares, muy poco frente a las sumas que se llevan la fuga de capitales y el pago de la deuda externa.

A la parálisis de estas obras estructurales se suma la sub-ejecución del presupuesto destinado a programas como el de Agua Potable y Alcantarillado, la cual incluye obras de prevención de inundaciones. Aunque la inflación ha sido creciente, los fondos destinados a estos fines fueron reducidos en un 66%. La reducción de la inversión pública se agudiza mientras, simultáneamente, crecen los impuestos que pagan los vecinos. El Presupuesto, en estas condiciones, se transforma en una expropiación de los vecinos y trabajadores en favor de contratistas y empresarios de la basura.

Una orientación social

Desde el gobierno, intentan explicar que la causa de la catástrofe es un cambio en las condiciones climáticas. Pero se tratan de meras excusas para eludir responsabilidades y esconder los intereses sociales en pugna. La orientación social seguida por los sucesivos gobiernos porteños (del centroizquierdista de Ibarra al derechista de Macri) -y compartida plenamente por el kirchnerismo- ha favorecido a los grandes especuladores inmobiliarios y a las grandes contratistas, en detrimento de las condiciones de vida de los vecinos y trabajadores. La Ciudad se ha transformado en un botín del gran capital, el que en función de elevar su beneficio está produciendo un descalabro urbano y ambiental de enormes proporciones.

Un testimonio de esta orientación social compartida se encuentra en el pacto legislativo del macrismo y los K en torno de la entrega de las tierras urbanas a los especuladores inmobiliarios. Quieren construir torres en los terrenos ferroviarios de Caballito, Palermo y Liniers -todos barrios que ya viven un colapso de sus servicios. Los vecinos han señalado su oposición a estas intenciones, dado que han denunciado que estas construcciones llevarían a impermeabilizar el 65% de las tierras ferroviarias de la Ciudad, lo que favorecería las inundaciones. En Palermo, además, está planificada la construcción de un gran shopping, también en terrenos que pertenecen al Estado nacional. Pero la experiencia del Shopping DOT en Saavedra está a la vista: los vecinos del barrio Mitre denunciaron que, por la construcción de este shopping (propiedad de Irsa, cuyo desagüe da directamente al barrio), se genera en el barrio un desquicio absoluto cada vez que llueve. A ello, se agrega la tala de árboles y la impermeabilización de los terrenos donde se montó Tecnópolis, del otro lado de la General Paz.

El agravamiento del desorden urbano es creciente. En esta oportunidad, no sólo se inundaron los barrios que solían sufrir este flagelo, sino que ahora el agua copó otros que no sufrían inundaciones. Incluso la obra que Macri presenta como exitosa -la del arroyo Maldonado- no logró impedir que varios barrios de esa zona también vean sus calles y casas llenas de agua.

Las villas y los asentamientos también sufren un descalabro cada vez que llueve -con calles anegadas, caída de los servicios básicos y, en varias ocasiones, derrumbes con resultados fatales. En este caso, a diferencia de lo prometido por los gobiernos, no hay ningún plan de urbanización o de obras que apunten a contener esta situación.

Programa

Ante la catástrofe sufrida, el gobierno de la Ciudad ha dicho que pagará indemnizaciones con un límite de 8.000 pesos por familia. Pero cualquiera que haya recorrido las zonas afectadas sabe que esa cifra es absurda en relación a los daños sufridos. Sabiendo esto, Macri dijo que pondría a disposición créditos del Banco Ciudad. Se trata de una estafa y de un negocio financiero con las víctimas. Reclamamos, por lo tanto, que el gobierno de la Ciudad responda plenamente ante los daños sufridos por las familias y los pequeños comercios.

Junto con este reclamo inmediato frente a la tragedia, es necesario señalar la responsabilidad del gobierno nacional y el gobierno porteño en el colapso de la Ciudad. En oposición a la entrega de la Ciudad a los grandes grupos inmobiliarios, reclamamos la puesta en marcha urgente de un plan de obras, elaborado y supervisado por organizaciones ambientales y especialistas, junto a comisiones de vecinos. Reclamamos, asimismo, la inmediata urbanización de todas las villas y asentamientos de la Ciudad.

Un desarrollo urbano sustentable plantea, en definitiva, una cuestión de poder, porque requiere terminar con el acaparamiento del suelo por el gran capital, lo que es la condición fundamental para proceder a una planificación que permita compatibilizar la vivienda popular con los espacios públicos y el medio ambiente. Esta planificación es incompatible con el lucro que persigue el gran capital, fuente de catástrofes sistemáticas.