Los formadores de opinión se esfuerzan en mostrar a la elección de la ciudad como una polarización entre Ibarra y Macri. Sin embargo, los cimbronazos comienzan a escucharse.

Las denuncias de corrupción asolan el cuartel ibarrista. Acaba de tomar estado público un informe realizado por la Auditoría de la Ciudad que da cuenta de graves irregularidades en las obras de refacción realizadas en la Legislatura entre 1997 y 1999, cuando Ibarra era su vicepresidente. En esas obras, se gastó la friolera de dieciséis millones de dólares y se pagaron “trabajos sin estar concluidos, y algunos no estarían terminados aún hoy” (Ambito, 20/6).

Simultáneamente, han estallado denuncias similares respecto de las contrataciones realizadas por la empresa estatal “autónoma” Ausa, que terceriza obras de bacheo eludiendo cualquier auditoría central. Finalmente, ha llegado hasta la Justicia un cuestionamiento del sistema de compras vigente en los hospitales públicos, donde se pagan sobreprecios de hasta el 500% por el oxígeno y ciertos medicamentos.

O sea que crecen las evidencias de que la ciudad viene siendo gobernada por una “banda”.

Derrumbe interior

La denuncia de las obras en la Legislatura involucra a quien fuera su secretario administrativo, Ariel Schifrin, hoy a cargo del sistema de punteros que controlan los “centros de gestión y participación”. Precisamente, la estructura de los CGP ha comenzado a crujir por dentro: sus empleados reclaman un reencasillamiento salarial. Uno de ellos, reporteado por la agencia “Noticias Urbanas”, ha retratado el clima que predomina en los barrios hacia los CGP: “Atendemos los reclamos de los vecinos, pero como Schifrin lo único que descentralizó fue la puteada (sic), no podemos hacer demasiado” (11/7). Los “centros de gestión” son un instrumento – “descentralizado” – de la manipulación del gobierno municipal. Sus “directores” manipulan la ayuda alimentaria, los planes de empleo y hasta el uso de los espacios públicos, en contra de las asambleas populares, de las organizaciones de desocupados y, en general, de cualquier vecino. El conflicto de los empleados de los CGP revela que estos nombramientos también han sido objeto de manipulaciones.

No está dicha la última palabra

Es significativo que este cúmulo de denuncias aflore cuando, simultáneamente, se oficializa el apoyo de Kirchner a Ibarra. Al “nacionalizarse”, la campaña electoral porteña es ahora un terreno más de la lucha por el control del justicialismo entre distintas fracciones capitalistas. Mientras Kirchner apoya a Ibarra, se refuerzan, por otra parte, las manifestaciones de apoyo del pejotismo bonaerense a Macri. En la Legislatura, notorios “referentes” duhaldistas “juegan” con Macri. En estos alineamientos, no sólo se discute la elección porteña: Macri está negociando activamente con el gobierno nacional su salida de Correo Argentino, que podría culminar en una estatización de sus deudas y en una posterior “reprivatización” a favor de un pulpo internacional.

La elección de la Ciudad es, por sobre todas las cosas, la disputa entre estas dos “bandas”. De un lado los contratistas de Grosso y Menem. Del otro, los que vienen armando una “caja paralela” en nombre del “progresismo”. Ninguno de ellos tiene letra, ni chapa, para defender a los vecinos de la ciudad: para abrir las cuentas y contratos del Estado a manos de comisiones electas de trabajadores, terminando con el vaciamiento del presupuesto a favor de los contratistas y sus políticos.

Para luchar contra el sistema de gestión y participación de los punteros e imponer un régimen de comunas en los barrios, con representantes electos anualmente, tenemos que llevar a la Legislatura la voz de los vecinos y trabajadores de la ciudad. Del primero al último de sus candidatos, esa voz y su programa están presentes en la lista del Partido Obrero.