25/08/1994 | 426

Una Constitucion reaccionaria

En un marco de alborozo generalizado, con aplausos mutuos de Eduardo Menem a Alfonsín, de Alfonsín a Rico, de éstos a Chacho Alvarez y de Chacho Alvarez al resto, todos, absolutamente todos los convencionales votaron a mano alzada la “nueva” Constitución. Fueron los representantes del Frente Grande los que llegaron más lejos en el rescate de la putativa criatura del Pacto Menem-Alfonsín, cuando se declararon “gratamente sorprendidos porque veníamos con prejuicios” y terminaron exultantes por la incorporación de los “nuevos derechos”, pero sobre todo porque el sistema de “ballotage”  permite a Bordón, Storani y Alvarez montar cada uno su negocio electoral sin molestar al otro e intercambiar votos a la hora del segundo turno.


Han convalidado todos la Constitución que fija la reelección del gobierno de turno y la reelección en general, el reconocimiento de los decretos de necesidad y urgencia, la posibilidad de promulgación parcial de leyes por parte del Poder Ejecutivo y el sistema de doble vuelta electoral. Entre los decretos de necesidad y urgencia que faculta la “nueva” Constitución, se cuentan los que pueden establecer el Estado de sitio o legislar en materia laboral. Como además faculta al Congreso y al Ejecutivo, pero no a la ciudadanía, a convocar a plebiscitos, la “nueva” Constitución consagra el régimen del golpe de estado “civil” permanente.


El apoyo masivo al engendro constitucional, por parte de los Duhalde y los Alfonsín, los Rico y los Alvarez, los Alsogaray y los Bussi, delata el apoyo general al “plan” Cavallo y al sometimiento nacional. Menem tiene ahora las manos libres para asestar nuevos golpes económicos contra los trabajadores.


El propio diario La Nación, sistemáticamente opuesto a la “aventura reformista”, ha terminado elogiando la “labor” de los constituyentes. Saluda el “rango constitucional del régimen de coparticipación”, porque “convalida una estructura tributaria (hasta ahora) al margen de la Constitución”, es decir la del IVA y los impuestos indirectos que se descargan sobre los consumidores.


Saluda el establecimiento “del carácter nacional del sistema previsional, puesto que las provincias sólo podrán conservar mecanismos especiales para profesionales y empleados públicos”, lo que, insiste, “viene a cerrar una ardua disputa en la que varias provincias se resistían a ceder sus Cajas de jubilaciones a la Nación”. Pero La Nación saluda más todavía: haber incorporado “saludables criterios como la promoción de la productividad de la economía o la defensa del valor de la moneda”, lo que someterá “constitucionalmente” los convenios colectivos a la “productividad” (obrera). Sin perderse en disqusiciones, plantea que el tema de la enseñanza gratuita “fue resuelto con una fórmula —‘gratuidad y equidad’— que deja el campo abierto a soluciones prácticas” (es decir, la “privatización” de la enseñanza) (La Nación, 14/8).


Con todo lo reaccionario que se desprende de estas reformas, el planteo del Frente Grande en la Constituyente fue, si cabe, más reaccionario aún. El Frente Grande fue el impulsor “teórico” (en realidad el Departamento de Estado norteamericano) de la incorporación a la Constitución de los “nuevos derechos” pactados en los tratados internacionales de Derechos Humanos (San José de Costa Rica y otros), que votaron eufóricos y abrazados junto al PJ, la UCR y los partidos provinciales. Votaron así la prohibición del derecho al aborto y el establecimiento de la enseñanza religiosa, sin ambages ni “prejuicios”. Es lo que reconoce la propia jerarquía del clero: “el rango constitucional otorgado al Pacto de San José de Costa Rica, en particular el reconocimiento del derecho a la vida (desde la concepción) es un sustantivo y positivo paso adelante” (obispo de Mar del Plata, Página 12, 10/8). Para el obispo Maccarone, miembro de la Comisión Permanente del Episcopado abocado a la Constituyente, “a partir del reconocimiento del Pacto de San José de Costa Rica, la educación religiosa es un derecho que los padres pueden exigir a la escuela según la religión que profesen” (Página 12, 12/8). ¿Se puede pedir más? Todo el esfuerzo de los convencionales del FG para demostrar que no se “penaliza el aborto” se estrella contra una realidad puesta en la misma Constitución: “los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” y su derogación exige “los dos tercios de los votos de cada Cámara”. Es decir que el Congreso puede modificar la Constitución por medio de enmiendas, sin el voto popular.


Los Tratados internacionales coartan las libertades de reunión y asociación (cuando “atentan contra el orden y la moral públicas”), que es lo que hacen los edictos policiales y en particular establecen “la privación del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía”, e introducen la tutela internacional de la OEA sobre las instituciones políticas del país.


El Frente Grande es el autor intelectual y material de haber incorporado a la Constitución una propuesta imperialista, que somete la soberanía nacional a la OEA, clerical, antidemocrática, opresora de la mujer y represora.


La Constitución logró ser reformada, gracias al reparto de prebendas, a la violencia y a la infamia. Se cerró esta operación con el concurso del Frente Grande, es decir con su complicidad. Como dijimos en su momento, hubiera bastado que el Frente Grande se retirara de la Constituyente, denunciando su carácter, para que la Constituyente cayera bajo el descrédito más completo ante la opinión pública y para que, a partir de allí, se iniciara en serio un plan de lucha por la vigencia de los derechos democráticos. En oposición a esto, el FG consumó la mascarada de retirarse al momento del voto del “núcleo de coincidencia básicas” con el único objetivo de salvar su responsabilidad en el encubrimiento de la Constituyente reaccionaria.


El Frente Grande no puede reprochar absolutamente nada al Modin de Rico que ha acordado facilitarle el camino de la reelección a Duhalde, alegando que con ello permite reformar la Constitución bonaerense e introducir, él también, “nuevos derechos”. Entre ellos, la introducción de la enseñanza religiosa y la prohibición del aborto, que es lo mismo que los constituyentes del Frente Grande acaban de votar en Santa Fe. No se opone a los Tratados internacionales y menos cuando establecen la prohibición de organización dentro de los cuarteles. Cuando “gracias” a Rico se destrabe la Constituyente de Buenos Aires (quizá por el concurso del alfonsinismo), los convencionales del Chacho Alvarez se quemarán las pestañas en la introducción de los “nuevos derechos”. Rico se ha revelado ya de una manera abrumadora, como un “hijo de Menem”. Y, con el Frente Grande, en los dos grandes hijos putativos del Pacto. Que el pueblo saque las conclusiones.

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