La lucha de camarillas que envuelve a diversos poderes del Estado y a diversas fracciones del PJ domina el escenario político.

En su discurso del 9 de julio, Kirchner defendió a Alperovich y a su Constitución. Es que un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo impide al gobierno aplicar el Decreto 1820 (que reglamenta la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento). O sea, designar o remover jueces.

El Colegio de Abogados reclama la anulación de los artículos de la nueva Constitución referidos al Poder Judicial.

Ante todo esto, Alperovich impulsó en la Legislatura un proyecto que le quita al Colegio de Abogados el control de la matrícula y difiere el cobro del bono judicial al final de los juicios (ahora se cobra al inicio). Por otro lado, anunció una ley para crear un Tribunal de Apelaciones a los fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el cual estaría formado por jueces adictos al gobierno.

Al trasladar estas iniciativas a la Legislatura, Alperovich pone en un brete al vicegobernador Juri.

La Feput (Federación que agrupa a los colegios de profesionales) planteó la vía del “diálogo” para salvar el control de las cajas que maneja cada colegio (sólo el Colegio de Abogados administra más de 500.000 pesos). También la propia Corte reclama “dialogar”.

El arco político patronal opositor, sea de derecha como de centroizquierda, que se abstuvo de intervenir en las elecciones de convencionales, se ha alineado con la Corte y el Colegio de Abogados. Las contradicciones para firmar una Unión Democrática contra Alperovich son, sin embargo, insuperables. La cuestión ahora es si Alperovich y Juri llegan a un “entendimiento”, bajo la batuta de Kirchner, o si el vicegobernador se convierte en la espada tucumana de Lavagna.

La crisis tucumana es una expresión potenciada de las divisiones de la burguesía a nivel nacional.