En primer lugar, el bloque del Partido Obrero denuncia a la mesa del grupo alperovichista y jurista de esta Convención por haber archivado en forma sigilosa y arbitraria el proyecto presentado por nuestro bloque en la sesión inaugural. Antes que la crisis de seguridad estallara en plena cara de este gobierno, fuimos los primeros en señalar que el crimen de Paulina Lebbos ponía “de manifiesto una situación de conjunto y, por lo tanto, una responsabilidad política del Estado”, y reclamábamos la designación “a la brevedad de una Comisión compuesta por un miembro de cada bloque parlamentario para asistir políticamente a la familia de la víctima (…) como expresión de su propia responsabilidad en asegurar que este crimen y otros que puedan estar vinculados a él no queden impunes”.

 

La Comisión de Derechos y Garantías ni siquiera consideró esta declaración, de modo que su archivo ha sido un acto arbitrario de algún funcionario atrevido. Hemos escuchado decir que la declaración “no es atinente a los propósitos de la Convención”, cuando precisamente ella pone en evidencia la descomposición del régimen político que los emisarios del Ejecutivo en esta Convención quieren perpetuar. Esta resolución que “archiva” nuestro planteo, y que ni siquiera sabemos que existe, no pudo siquiera ser objetada o discutida. Se pretende que no es competencia de esta Convención el debate sobre el régimen político actual; pero una Constituyente que no puede discutir la naturaleza del régimen político, en este caso su incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana e incluso la complicidad del aparato estatal en los actos que violentan esa seguridad, no tiene propósito alguno, debe autodisolverse, porque la cuestión del régimen político es la cuestión principal de la Constituyente. El grupo alpero-jurista es incapaz de proceder en forma consecuente con el desarrollo de una Constituyente que el oficialismo ha inventado para consagrar sus intereses particulares. El método conspirativo de los que manejan esta asamblea es tal que debimos indagar sobre el destino de nuestra iniciativa para enterarnos. Este método es moneda corriente en el manejo cotidiano de los temas y de las actividades de esta Constituyente. La arbitrariedad es tan manifiesta que en algunas comisiones la participación está vedada a todo aquel legislador que no la integre. Las reuniones de labor parlamentaria no tienen carácter público; tampoco lo tienen los proyectos presentados, como se ha denunciado reiteradamente a través de la prensa. ¿Qué es esta convención —una asamblea o una cueva conspirativa?

 

Señor presidente: a juzgar por lo ocurrido desde aquella sesión hasta hoy, la declaración no sólo es “atinente” a la Constituyente sino la cuestión más trascendente que esta Constituyente debería considerar.

 

El contenido de nuestra declaración ha sido anticipatorio. La investigación del crimen de Paulina no va para ningún lado, pero ha sacado a la luz una vasta operación de encubrimiento, o sea la complicidad que denunciaba nuestro texto. Ha sido destituido un jefe policial departamental; en un par de meses se ha quebrado la reorganización que prometía una “nueva policía”; ha sido destituido el fiscal general por haberse entrevistado con el gobernador, pero no se pide el juicio político del gobernador por un manejo discrecional con el fiscal. No podemos olvidar la oposición de este mismo gobernador a que sus funcionarios y ministros fueran interpelados, y hasta de la crisis que tuvo con su aspirante a sucederlo cuando éste habilitó el llamado al recinto del ministro de Seguridad. Luego, un acuerdo entre las distintas fracciones oficialistas estableció que el informe del ministro no fuera votado por la Legislatura, a pesar de que el padre de la joven Lebbos ha señalado que ese informe “confirma la red de encubrimiento que existe en el crimen de mi hija”.

 

Las marchas, exigiendo el esclarecimiento del crimen de Paulina, son cada día más numerosas y reclaman “que se vayan todos”. Se refieren a los personeros de la inseguridad permanente, a su entrelazamiento con la mafias capitalistas del juego, a los “lobbies” que facturan con sobreprecio la obra pública, a los que reparten subsidios a granel pero mantienen un nivel salarial por debajo de la linea de pobreza. El pueblo tucumano sabe o percibe que la inseguridad viene de arriba; es por esto que rechazamos la intervención del señor Blumberg, que aboga por reforzar el andamiaje represivo responsable de la inseguridad y que reclama que en lugar de castigar al poder castiguemos a los adolescentes y a la juventud.

 

Como nuestro proyecto de declaración sigue vigente en su contenido, reclamamos que se modifique el orden del día y se pase a su tratamiento como primer punto. Insistimos: nada guarda relación más directa con esta asamblea. En especial porque el único objetivo de esta Convención es asegurar la reelección del actual gobernador, la continuidad del pacto de poder con el grupo que lidera el vicegobernador y la creación de una oligarquía de legisladores, intendentes y concejales por medio de la reelección indefinida. O sea, la perpetuación indefinida de un régimen político. Pero ¿puede haber reelección para un régimen y un gobierno que no pueden remediar la inseguridad y que son acusados incluso de ser sus responsables y hasta de encubrirla? Porque nuestro proyecto de declaración va al centro del problema y fue el primero en ponerlo en evidencia, hoy debe ser tratado en primer término.

 

Gracias.