Urtubey quiere ser una suerte de candidato único de todo el gran capital y desplazar a Romero definitivamente de este lugar. Es por eso que ha lanzado una denuncia por la apropiación de tierras que fueron compradas para la entrega de terrenos para los sin techo y terminaron en manos de una empresa del ex gobernador que ahora se propone hacer un negocio millonario convirtiéndolas en un country de 90 hectáreas. El gobierno de Urtubey se opone, sin embargo, a conformar una comisión investigadora parlamentaria, aun cuando en ella el oficialismo tendría amplia mayoría. Es lógico, cualquier investigación seria demostraría que esta política continúa con su gobierno.

• El gobierno ha renunciado al cobro retroactivo del inmobiliario rural de cerca de un millón de hectáreas que están en producción (¡un 60% del total de hectáreas sembradas!) y que sólo pagan impuestos como tierras sin mejoras.

• Una reciente disputa con el sojero Olmedo, que explota unas 150.000 hectáreas de tierras fiscales, termino con la aplicación de un impuesto que apenas equivale a la mitad de lo que debiera pagar este payaso derechista por el arriendo de estas tierras.

Desde la época en que los Patrón Costas, hace unos 150 años, se sigue la línea de apropiarse de tierras fiscales, favorecer los negociados inmobiliarios comprando caro y vendiendo barato, establecer impuestos ridículos a los grandes terratenientes, expulsar a las comunidades campesinas y aborígenes y últimamente, mandar la represión contra los asentamientos de los sin techo.

El Partido Obrero tiene una fuerte tradición en el combate contra esta política y a favor de la sanción de leyes de expropiación de tierras urbanas para las familias asentadas. Hemos planteado declarar área de reserva el 40% del suelo urbano para la construcción de viviendas populares. Hoy pugnamos por una movilización independiente de los trabajadores para imponer la expropiación sin cargo para el estado de las tierras mal habidas por el romerismo y de las grandes parcelas con servicios que están en la pura especulación inmobiliaria; los acaparadores de tierras y sus camarillas de funcionarios deben pagar con su patrimonio y ser inhabilitados de por vida para ejercer cualquier función pública.