14/10/2010 | 1150

Una década de reducción de los salarios

Por Corresponsal P. M.

Según un reciente informe del Ministerio de Trabajo, el costo laboral unitario de la industria, medido en dólares, es apenas un 47% del valor que tenía en 2001 (Miradas del Sur, 3/10). Esto significa que por cada dólar en salarios, la patronal industrial obtiene el doble de valor de producción que una década atrás. El kirchnerismo ha realizado así el propósito estratégico número uno de la declaración de quiebra de 2002: aumentar en forma estructural la tasa de explotación de los trabajadores.

Desde la crisis, la producción manufacturera se incrementó casi un 60%, pero la ocupación en la industria sólo creció poco más del 20% (los datos son del «Estimador Mensual Industrial», publicado por el Indec). De modo que cada trabajador «rinde» a la patronal un 300% más que en 2001. La devaluación del peso, a su vez, redujo el salario monetario un 25%. Es cierto que, desde entonces, el salario monetario subió más que el cambio con el dólar, pero quedó lejos de colmar la brecha producida hace una década. Después de la devaluación de 2001, el costo laboral en la industria cayó un… 64% y sólo progresivamente fue subiendo hasta ubicarse en el 50% que registra en la actualidad.

El dato figura en un trabajo presentado hace dos semanas en el Congreso Anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (Aeda), que congrega a los economistas del kirchnerismo. Este beneficio arrancado por el default y la flexibilización laboral, según el mismo trabajo, fue a parar a «industrias maduras y competitivas que habían sido ganadoras en los años ‘90», es decir que se repartió en forma desigual entre las patronales, en beneficio de las más concentradas. ¿Dónde está, entonces, el combate «contra los grupos más concentrados» que reivindica esta misma gente?

El diputado Recalde y Moyano podrían afinar el lápiz si pretenden que los trabajadores recuperen los lucros sin precedentes que han usufructuado los patrones en estos años. En ese caso propondrían un impuesto extraordinario por el valor de la transferencia de riqueza del trabajo al capital y pagarlo a los trabajadores.

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