Políticas

6/5/2004|849

Una estafa a jubilados y a estatales

El aumento de 150 pesos a los estatales y de 200 a los jubilados es literalmente una estafa, y representa lo contrario de lo que dijo el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Pablo Micheli: “de este modo noqueamos al Fondo”. El aumento a los estatales va a ser recibido por 105.000 personas, es decir un tercio de los 300.0000 empleados públicos nacionales, de los cuales las dos terceras partes corresponden a las fuerzas de seguridad. Quedan fuera la totalidad de los miles de contratados y, desde ya, los empleados públicos de provincias y municipios. La “solución salarial” del “sector público” abre la vía para completar la entrega del presupuesto del Estado a los acreedores extranjeros.


El “aumento” a jubilados y estatales representa 520 millones de pesos al año, o sea el 3,5% de los 15.000 millones de pesos del superávit fiscal primario. Desde la devaluación, los estatales y jubilados perdieron un tercio del poder adquisitivo de sus salarios. El aumento del haber mínimo para los jubilados, de 150 a 240 pesos, oculta la caída del promedio de la remuneración promedio de las jubilaciones: el 80% del total de “beneficiarios” cobra hoy menos de 500 pesos.


La dirección de ATE-CTA festejó el “aumento” y levantó el paro del 12 de mayo sin consultar absolutamente a nadie, violando el “mandato” de luchar por los 250 pesos y la estabilidad de los contratados. La jornada del 12 se estaba convirtiendo en un ensayo de huelga general, por la confluencia de la ANT y la CCC con el paro general de ATE y quizá de sindicatos docentes en un movimiento de lucha común por el salario para ocupados, desocupados y jubilados.


 


Todo por delante


La estafa, sin embargo, ha abierto un escenario potencialmente aún más conflictivo. Es que los trabajadores de provincias y municipios no reciben ningún aumento. La huelga de los hospitales en Santa Fe, los planes de lucha de los municipales en varias provincias, el reclamo por el salario docente… deberán potenciarse y extenderse, y unirse, incluso a la lucha de los jubilados excluidos del aumento farsa del haber mínimo.


El superávit en las cuentas del Estado reposa en gran medida en este congelamiento de sueldos de los estatales y los docentes, de las jubilaciones y de los planes sociales (en este último caso, la burguesía en pleno quiere eliminar el “piso salarial” de los ignominiosos 150 pesos). El gasto del gobierno nacional se redujo en cuatro puntos del PBI, pasando del 19,7% en 2001 al 15,7 en el 2004 (datos del presupuesto). “Se ubica así en el menor nivel de los últimos 25 años” (Clarín, 2/5). Para pagar la deuda.


 


Actuar


La política salarial del gobierno no resuelve nada. La lucha por los 250 pesos al básico ya, por un salario mínimo de 800 pesos, por un seguro universal al desocupado y por el no pago de la deuda externa, sigue en pie.