Con la propuesta de quita sobre los bonos que tienen las Afjp, el gobierno “nacional y popular” de Kirchner quiere completar la estafa de la jubilación privada que instauraron en la Argentina, en 1994, entre otros, el actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández (participó como Superintendente de Seguros en la redacción de la ley), el actual interventor del Pami, Juan González Gaviola (entonces diputado nacional, quien votó la ley a cambio de incluir la creación de la Afjp Nación) y todo el elenco de la burocracia sindical oficialista (los burócratas de Luz y Fuerza, Smata, Gastronómicos, Uocra, Sanidad, etc. crearon tres Afjp).

Dos años antes de crearse la jubilación privada, el PO anticipó lo que está pasando en la actualidad. “Es falso que la instauración de la jubilación privada resolverá la crisis financiera latente y más falso aun es que solucionará la crisis cambiaria que se avecina. Potenciará ambas crisis, porque a la primera desvalorización de títulos y acciones, junto al sistema bursátil, se hundirá toda la red de ‘previsión social’” (La Bolsa o la Vida, noviembre de 1992, pág. 20).

El proceso de desfalco está a la vista. “Entre 1994 y fines de 2001, los aportes de los trabajadores (a las Afjp) totalizaron unos 27.000 millones de pesos o dólares. Si se hubiesen mantenido en dólares, ahora sumarían 78.000 millones de pesos. Durante 2002 y en lo que va del 2003 aportaron otros 3.500 millones de pesos, sumando 81.500” (Clarín, 25/9).

Las Afjp cobraron comisiones del 30%, lo que a pesos de hoy les permitió llevarse 25.000 millones. Aun así, en las cuentas de los trabajadores para la jubilación no hay 56.500 millones (81.500 de aportes menos 25.000 de comisiones), sino 44.000 millones, debido a la devaluación. De esta manera, las Afjp les hicieron perder a sus afiliados “37.500 millones”.

Si se efectúa la quita sobre los bonos que propone el gobierno, los 44.000 millones se reducirían a 25.000 millones, con lo que la pérdida sería de unos 56.000 millones (81.500 menos 25.000). Kirchner completaría así la obra de Menem, Cavallo y las Afjp. Una parte de los mismos funcionarios que armaron el negocio de la jubilación privada se propone ahora completar la estafa.

Como en el caso del FMI, donde el pago de la deuda, el rescate a la banca y el congelamiento de sueldos y jubilaciones fue presentado como un acuerdo antiimperialista, esta estafa es presentada a los trabajadores como una dura pelea contra las Afjp. Pero el patrimonio de los dueños de las Afjp no se ve afectado por esta quita, sino los fondos de los trabajadores. Las Afjp ya se embolsaron el 30% de comisiones y lo siguen haciendo.

Esta estafa política y financiera es todavía mayor porque el gobierno kirchnerista lanzó una campaña simultánea de que los afiliados a la Afjp Nación o al sistema estatal preservaron sus jubilaciones. Es todo lo contrario. A los trabajadores afiliados a la Afjp Nación les han cobrado también comisiones del 30%, y han tenido una quita del 30% por la diferencia entre el dólar y la pesificación a 1,40 más CER; como sus fondos quedan pesificados serán vueltos a estafar, en los próximos 10, 20 ó 30 años, como consecuencia de nuevas devaluaciones. A su vez, las jubilaciones del sistema estatal quedaron congeladas en pesos; esto les provocó una “quita” del 75% por la devaluación o, si se toma la inflación, del 45%. “Quien se jubiló en 2001 con un haber de 500 pesos, sigue cobrando 500 pesos. Pero como la inflación fue del 45%, para ganar lo mismo debería estar cobrando 725 pesos. En la práctica, tuvo una quita de 225 pesos” (Clarín, 28/9).

Para hacer pasar esta estafa, todo el elenco gubernamental que instauró la jubilación privada, la inversión de sus fondos en bonos del Estado y las comisiones “libres”, salió a acusar a las Afjp de haber invertido mal el dinero de sus afiliados y de haber cobrado suculentas comisiones… Pero, renglón seguido, plantean que el gobierno podría pagar los servicios de la deuda a los bancos y a los organismos financieros de los próximos 10 años colocando títulos públicos de nuevo entre las Afjp “por el 50% de los nuevos flujos desde 2004 a 2018”. Es decir que no conforme con haber confiscado los aportes pasados, ahora se lanza sobre los futuros.

La cosa no termina aquí, porque paralelamente el gobierno se comprometió con el FMI a impulsar una reforma previsional que, entre otras cosas, reduce las jubilaciones a cargo del Estado – se elimina la PBU (Prestación Básica) – con el objetivo de que queden más fondos para el pago de la deuda reconocida a los bancos y al FMI sin quitas.

Estamos en presencia de una “magistral” operación de estafa a la pequeños y medianos ahorristas de la Argentina y del exterior y a los actuales y futuros jubilados en beneficio de la banca nacional e internacional, del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y el Club de París.

La quita del 75% a los primeros tiene el propósito de garantizar el pago de la deuda sin quita a los segundos. Por eso, George Bush respaldó a Kirchner y le reclamó que tratara “con dureza” a los acreedores, “no pagarles ni un solo centavo durante un extenso período de gracia y recortarles el valor de sus ahorros” (La Nación, 25/9). El operativo es tan evidente que hasta el diario La Nación lo calificó de “una estafa con aval extranjero”.

De este modo, los trabajadores han quedado agarrados por la trampa de la jubilación privada y por el gobierno nacional y popular. Para evitar que se desvaloricen aún más sus futuras jubilaciones, el interés de los trabajadores afiliados a la jubilación privada es que los bonos se mantengan en dólares y sean pagados por el Estado al tipo de cambio libre y con una tasa de interés como mínimo similar a la internacional. Pero como el gobierno “nacional y popular” privilegia el pago al FMI y a los bancos, tiene que desvalorizar aún más los fondos de los afiliados a la jubilación privada e impulsar la desvalorización del salario y de las jubilaciones estatales.

Por eso, la solución más simple, barata y conforme al interés de los trabajadores es:

1) Desconocer la deuda pública. Con esta decisión dejarían de destinarse los recursos a la usura internacional.

2) Reestatizar el sistema previsional. Se elimina la intermediación parasitaria y usurera de las Afjp.

3) Establecer un sistema previsional único estatal, bajo el control de los trabajadores.

4) El sistema funcionaría con aportes obligatorios de los patrones y garantizaría a los jubilados un haber mínimo de 600 pesos mensuales a valor constante y el 82% móvil.