14/03/2002 | 745

Una grandísima alianza en la ciudad de Buenos Aires

El debate que se está desarrollando en la Legislatura de la Ciudad en torno de la crisis sanitaria ha puesto al desnudo una cuestión política de orden más general. IU se ha juntado al Frepaso, a la UCR, al ARI y al PJ para impulsar un «proyecto de consenso», que se propone la «Protección de derechos y atención de la salud frente a la crisis». Los promotores del proyecto quieren «proteger» la atención de la salud de los efectos del derrumbe capitalista, es decir, tender un «corralito» que la resguarde. El proyecto ignora que el sistema sanitario forma parte de esa misma organización social capitalista que se ha derrumbado, con sus prepagas en quiebra, obras sociales y Pami vaciados, hospitales públicos desabastecidos, a igual título que la quiebra bancaria, el derrumbe industrial o la disolución de las relaciones económicas generales. Pretender aislar la atención de la salud de la descomposición del régimen social y político del cual forma parte, es una utopía reaccionaria.


Lo que se pretende «proteger de la crisis», a la que se presenta como exterior a la organización de la salud, es un sistema que, como resultado de la propia crisis y de la salida que los capitalistas concibieron para ella, ya se encontraba en un proceso de profundo vaciamiento, con la finalidad de promover la privatización de la salud. Los que defienden ese lamentable statu quo perimido e irrecuperable, son los mismos partidos que, en definitiva, fueron los responsables políticos de ese desquicio. Es decir, los partidos de los Lombardo, Aldo Neri o Buchbinder. Que Izquierda Unida sea el principal fogonero de este «proyecto de consenso», pone de relieve una orientación de orden más general frente a la crisis política revolucionaria del país.


 


Flexibilizador


El proyecto de «consenso» plantea «arbitrar las medidas para garantizar las prestaciones de los efectores de salud del subsector estatal de 8 a 18 horas», con la intención de aumentar la atención del servicio. El planteo, sin embargo, implica en los hechos una extensión horaria para los trabajadores de la salud, del mismo tipo que Cavallo impuso a los trabajadores bancarios cuando pretendió proteger a los banqueros con la «emergencia económica» y el «corralito». Es significativo que los autores del «consenso» no hubieran querido plantear la atención hospitalaria de 8 a 20 o 22 hs, algo inexplicable a la luz de la «emergencia sanitaria». La negativa obedece a que esa extensión habría obligado a la creación de un turno vespertino, tal como lo plantea el proyecto alternativo del Partido Obrero. Los «progres» proponen, en cambio, una extensión del horario de atención «a medida», para, de un lado, evitar la creación de otro turno y, del otro, hacerlo «compatible» con una extensión de la presente jornada laboral. Como se ve, el centro izquierda e IU no han hecho más que copiar, en este plano, la misma flexibilización de los trabajadores que impuso el «corralito» bancario. Es cierto que el proyecto plantea «arbitrar los medios» para garantizar las prestaciones, pero es esto justamente lo que no hace. El proyecto confiesa que no «arbitrará ningún medio» *y que se limitará a flexibilizar los recursos actuales* cuando señala que «la continuidad de los servicios (será garantizada) sin reducción de personal», es decir que la variante de que las mayores prestaciones sean realizadas con los mismos trabajadores, es la más favorable que se puede esperar del «consenso». Ni qué decir, entonces, que si no plantea la incorporación de más personal necesario para extender la atención, tampoco prevé los recursos que harían falta para ello. El proyecto del PO, por el contrario, establece taxativamente la cantidad de médicos y enfermeras que hace falta para cubrir las necesidades del sistema hospitalario.


El «consenso» tampoco plantea medidas presupuestarias para hacer frente a la «emergencia». En esto se subordina a la «división de poderes», que delega esta atribución al ajustador Ibarra y a su versión del déficit cero. La emergencia sanitaria del «consenso» se somete de este modo a la «emergencia económica y financiera» (superpoderes) impuesta por Ibarra, a fines del año pasado. El proyecto del PO se opone a la aplicación de los superpoderes en la salud, cuando plantea el pago en término y en pesos (no en porteños) de los salarios de los trabajadores de la salud y un aumento salarial inmediato.


El «consenso» proclama el estado de «emergencia» pero prefiere al mismo tiempo ignorar el vaciamiento edilicio de los hospitales públicos, y el continuo cierre de salas y de servicios. Ello, cuando en el propio «Plan Urbano Ambiental» que ha sido enviado a la Legislatura los hospitales neurosiquiátricos de la Ciudad figuran como «areas vacantes», es decir, disponibles para futuros negocios inmobiliarios. Tampoco se alude al desangre presupuestario que han producido las «tercerizaciónes» de los servicios periféricos. El PO, en cambio, establece en su proyecto la preservación de los predios que hoy ocupan el Borda y el Moyano; plantea un plan de mantenimiento y expansión de la infraestructura hospitalaria de la Ciudad, y establece la remunicipalización de los servicios de cocina, mantenimiento y limpieza de los hospitales.


 


Medicamentos


Frente a la grave penuria de medicamentos e insumos, el proyecto de «consenso» plantea «desarrollar y actualizar un formulario terapéutico en base a medicamentos genéricos», y el «deber» de los profesionales «del subsector estatal» de recetarlos (pero evita obligar a las farmacias a sustituir los medicamentos de marca por genéricos). El proyecto sostiene la posibilidad de «elaborar, fraccionar o adquirir genéricos», pero no dice nada de producirlos aún en el caso en que se encuentren protegidos por la actual legislación de patentes, que prohibe producir medicamentos patentados con posterioridad a 1995 sin la licencia del laboratorio que lo registró. De este modo, el proyecto deja fuera de la «facultad de producir genéricos» al 95% de las especialidades medicinales que se emplean en la Argentina, incluso cuando la ampara la ley internacional (Organización Mundial de la Salud), que establece la posibilidad de suspender la ley de patentes ante las «emergencias». Pero aún para los genéricos que el proyecto propone «elaborar en la Ciudad», no se establece de qué modo se garantizará su calidad y efectividad, en medio de un sistema estatal y universitario de laboratorios que se encuentra desmantelado.


El planteo de «fabricar genéricos» es, por lo tanto, una cortina de humo para no intervenir sobre los monopolios farmacéuticos, abrir sus libros, imponer el control sobre sus costos y beneficios y abolir sus secretos comerciales y técnicos. Los ibarristas e izquierdistas se encuentran en este proceso atrás de la propia OMC, que admite infringir los derechos de propiedad intelectual. Los «progresistas» han dicho que el desconocimiento de las patentes «colisionaría con leyes nacionales», reivindicando de este modo un «ámbito nacional» que surgió de un contubernio en la Asamblea Legislativa, luego de dos rebeliones populares, pero omiten reconocer que ello sería conforme a la ley internacional mencionada. Es indudable que si la Ciudad desconociera la ley de Patentes, como sí plantea hacerlo el proyecto de Altamira, ingresaríamos en un conflicto entre la Ciudad y el Estado Nacional. Bajo la forma de este conflicto, asistiríamos a un choque entre el pueblo de la ciudad en defensa de su derecho a la salud, por una parte, y un estado nacional rehén de los monopolios capitalistas, por la otra. Era de esperar que los frepasistas, justicialistas y otros que no quieren «que se vaya» nadie, no se propongan mover una sola pieza del régimen social vigente. Pero los que dicen querer «que se vayan todos» (IU) no parecen tampoco dispuestos siquiera a enfrentar, ¡un conflicto entre jurisdicciones! *incluso con la OMS y la ONU a su favor.


Tanto en lo que hace a la atención médica como a la producción de medicamentos genéricos, el proyecto finge limitarse al «subsistema estatal», ocultando que las obras sociales y prepagas *ignoradas en el proyecto de «consenso»* utilizan los recursos del hospital público, de manera que la extensión horaria y los genéricos que se pretenden proveer, estarán subsidiando a la medicina privada que, por otro lado, está dolarizando sus aranceles. En vez de investigar el vaciamiento del Pami y de las obras sociales, y propugnar un sistema único e integrado de salud, como sí plantea el proyecto del PO, el «consenso» subsidia a los privados a costa del hospital público. Esto mismo está haciendo Duhalde, al reducir el contenido del programa Médico Obligatorio, para «aliviar al sistema privado de salud».


 


Conclusión


Al apoyar este proyecto flexibilizador y privatista (es más, es su principal promotor), IU está presentando a todo el bloque de partidos responsables de la bancarrota nacional con una capacidad de ofrecer una salida a la crisis. Naturalmente, estos partidos se aferran sin vacilar al «consenso», con la expectativa de conseguir un salvoconducto para andar por la calle.


De cara a las asambleas populares, el «proyecto de consenso» reivindica la supuesta capacidad transformadora de un Estado que las asambleas precisamente quieren derribar. Legisla sobre lo que ya existe legamente y que no se cumple, como ocurre con la «prescripción de genéricos por parte de médicos», debido a que están sometidos a la coacción económica permanente de los grandes laboratorios.


Es decir que es perfectamente inocuo *e impotente* para abordar la crisis sanitaria. Demuestra, en definitiva, por qué el pueblo reclama «que se vayan todos», y por qué busca, por medio de las asambleas y la acción directa, una salida a sus aspiraciones.


Es cierto que el proyecto alternativo del Partido Obrero plantea, por su contenido, la modificación radical del ordenamiento legal vigente. Su presentación en la Legislatura está al servicio de la propaganda, la agitación y la organización políticas. Resolvemos la contradicción entre la propuesta y la institución que lo va a debatir, utilizando nuestro proyecto para movilizar a los trabajadores y asambleas barriales contra los monopolios de la salud y sus gobiernos, y para desenmascarar a los partidos del régimen.


El proyecto de consenso revela el acuerdo estratégico que existe entre el centro izquierda y la izquierda (IU), con independencia de sus maniobras políticas, con referencia al conjunto de la situación política. Borra la línea divisoria entre las asambleas populares y el régimen político.


La crisis de la salud ha puesto en evidencia una tendencia de fondo del izquierdismo en la Argentina.

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