La renegociación de la deuda que comandan Kirchner y Lavagna constituye una estafa económica y política sin parangón, empequeñece al “blindaje” de Machinea o el Megacanje de Cavallo. Coloca la totalidad del Presupuesto Público como garantía del pago de la deuda, hipotecando a la Argentina por varias generaciones. No representa otra cosa la llamada ley de Responsabilidad Fiscal y la propuesta de Coparticipación. El zarpazo no podía dejar de impactar en la crisis política en el gobierno y en las luchas populares.

Deuda

La propuesta de canje de deuda que el gobierno presentó a la Comisión de Valores de los EE.UU. dejó plasmada, negro sobre blanco, toda la extensión de la estafa. El texto reconoce, como “intereses vencidos” desde el 2001, un monto de 22.700 millones de dólares, lo cual representa una tasa del 28% del capital adeudado, ¡y un 12% anual en dólares! (sobre la deuda de 81.200 millones al 31 de diciembre del 2001).

Lo que llevó justamente a la Argentina al default no fue sólo el monto adeudado sino los intereses usurarios de esa deuda. La “timba” financiera, a la que le gusta hacer referencia Kirchner, es justamente lo que ahora le está reconociendo a los acreedores. Pero mientras Roque Fernández, Machinea o Cavallo reconocían un interés superelevado, para evitar una salida de capitales que provocara la quiebra, Kirchner reconoce esas tasas usurarias después que ese capital se derrumbó debido, claro, al peso de la deuda y de las tasas de interés que cargaron Cavallo y compañía.

Hoy, ningún capital en la Argentina devenga un interés del 12% anual en dólares, sino del 1,5 ó 2%. A estas tasas, los intereses “impagos” no serían más de 4.000 millones de dólares; Kirchner regala 18 mil palos verdes.

La ‘quita’

Kirchner propone canjear la deuda de 81.200 millones, de diciembre de 2001, por otra de 43.200 millones, o sea, que reconoce el 53% de esa deuda. O sea, la quita no sería del tan cacareado 75% sino apenas el 47%.

Los acreedores, según la propuesta, recibirían, además, un bono atado al crecimiento que Lavagna estimó en 6.400 millones de dólares a valores actuales, lo que representa como mínimo 10.000 millones más de valor nominal. La deuda que se reconocería, sumaría, entonces, 53.200 millones, lo cual representa un reconocimiento del 65%. O sea que la quita sería del 35%.

La historia no termina aquí, porque kirchneristas, como Eduardo Curia, hablan de un pago al contado de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, “para cerrar la operación”. Ese pago al contado representa el equivalente a otros 10.000 millones, en bonos, con lo que el reconocimiento de la deuda saltaría a 63.200 millones de dólares, o sea, el 78% de los 81.200 millones de deuda. La quita quedaría reducida al 22%.

La carga fenomenal que representa semejante reconocimiento de deuda explica que, Kirchner quiera modificar, en acuerdo con el FMI, la coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias; necesita una parte mayor de los impuestos que se recaudan para garantizar el pago a los acreedores.

Crisis en las provincias

“Por la ley de coparticipación, que data de 1988, de los impuestos nacionales, el 42,34% es para la Nación y el 57,66% para las provincias… Sin embargo, por los sucesivos pactos fiscales firmados en los ‘90, los porcentajes de reparto se fueron invirtiendo y, hoy, el 60% va a la Nación y el 40% a las provincias. Además, como desde 2002 se aplican retenciones agropecuarias que en 2003 sumaron 9.200 millones de pesos, con relación al total recaudado, la participación del Estado nacional es todavía mayor” (Clarín, 12/6).

Kirchner pretende que, ahora, se apruebe una nueva ley de Coparticipación que imponga, además, que del aumento de la recaudación, 2.400 millones de pesos vayan a un fondo que manejaría el Gobierno (el resto se repartiría entre la Nación y las provincias en los mismos porcentajes que ahora).

El problema es que las provincias, en especial las más grandes como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, están endeudadas con el Gobierno nacional desde que el Tesoro nacional se hizo cargo de las deudas de las provincias con bancos y proveedores. Esta deuda hipoteca la coparticipación de impuestos a partir de 2005 hasta un 15% por año. A los menores ingresos debido a la nueva coparticipación, las provincias deberán sumar el descuento de ese 15% para hacer frente a los vencimientos de la deuda.

De esta manera, el pago de la deuda coloca a las provincias al borde del colapso financiero. La que está peor es la provincia de Buenos Aires. Su ministro de Economia, Gerardo Otero, “reconoció que las provincias tienen una concentración de vencimientos fuerte en 2005, 2006 y 2007, y el superávit fiscal primario que podrían tener no alcanzaría para cancelar la totalidad de los servicios de amortización de la deuda” (Clarín, 7/6).

Crisis política

La esclavización de la nación al pago de esta enorme hipoteca es el telón de fondo de la crisis política entre Kirchner y Duhalde, y también con De la Sota o Sobisch. Agrava esta crisis política el derrumbe del precio de la soja y la desaceleración de la actividad industrial.

Pero Kirchner y Duhalde están unidos a rajatabla en el pacto con el FMI. Lavagna es la bisagra. La conclusión es que asistimos al enfrentamiento entre dos camarillas. No es cierto, como pretenden los transversales, que a Kirchner lo respaldan los ‘principios’ o una ‘causa’ justa. Que lo digan sino los pulpos pesqueros o el destino misterioso de los fondos de Santa Cruz. Ambos clanes amenazan con sacar a relucir las ‘carpetas’. La denuncia del superintendente de las Afjp contra Orígenes podría llevar a Remes Lenicov a la cana. La guerra de camarillas pone de manifiesto el fracaso del gobierno para superar la crisis abierta por el Argentinazo.