Una huelga, 800.000 beneficiados


El periodismo fácil atribuyó a la demagogia electoral del matrimonio Kirchner la mejora salarial que implica el aumento del mínimo no imponible.


De ningún modo.


Fue una concesión imprevista e inesperada para encarar la rebelión popular que protagonizan los trabajadores de la pesca de Puerto Deseado y de Mar del Plata, y que se extiende más allá.


Así lo prueban la rebelión obrera en Zárate y la rebelión de los trabajadores de Foetra de Buenos Aires y Rosario contra un convenio colectivo que no responde a las aspiraciones de las bases.


Así lo prueba la huelga de los supervisores petroleros del sur.


El gobierno se ha debido comprometer también con un aumento de las asignaciones por hijo, el salario familiar y las jubilaciones.


Todo esto es el resultado de una victoria de la lucha de la clase obrera y es el resultado de una derrota del gobierno frente a esa lucha.


Es lo que piensa también la clase patronal, encabezada por el gobierno de España y sus empresas, que ha hecho oír su protesta contra la incapacidad del gobierno para contener esas luchas por medio represivos.


La victoria de estas luchas ha planteado un principio de crisis política desde otro ángulo: no el que dirimen Macri y Kirchner o Carrió y Lavagna —sino desde la clase obrera.


Esto significa todo un problema para Kirchner, para Macri, para Carrió y para Lavagna.


Una parte de la patronal ya comienza a plantear que el kirchnerismo ha cumplido su ciclo, que está agotado.


Las luchas y los conflictos siguen debido a la pertinaz oposición patronal.


La situación que emerge es muy clara: el gobierno se despedaza entre las presiones de los capitalistas que reclaman orden, por un lado, y los trabajadores que pelean por sus necesidades insatisfechas, por el otro.


Por eso, mientras que un funcionario de Telerman sale por los diarios a decir que va a poner fin a la ‘anomia’ (falta de reglas) en la Ciudad, los trabajadores se siguen movilizando por sus calles para defender su derecho a la vida.


Es lo que hacen los de los hospitales de Clínicas, Francés, Posadas; los del Indec; los telefónicos; los piqueteros.


Por lo mismo, otro funcionario, esta vez de la Procuradoría General, es decir un kirchnerista, se suma a los que reclaman que Patti sea diputado, aunque integrara activamente el régimen de los crímenes de lesa humanidad, que supuestamente todos dicen condenar.


Un juez pretende quitarle las seis horas a los trabajadores del subte, pero no dice nada de las usurpaciones del espacio público por parte de los especuladores inmobiliarios.


Son todos unos hipócritas.


En el orden que se afanan por imponer, los derechos de un Patti son constitucionales, los de un trabajador movilizado, no.


¿No es claro que la llamada recuperación económica ha agravado la desigualdad social y los antagonismos sociales, y que ha sido incapaz, además, de reponer la infraestructura social del país —hospitales, escuelas, viviendas?


La clase dominante quiere resolver esta contradicción insalvable a fuerza de represión.


Por eso Macri levanta el derecho a tener una policía y el gobierno le discute solamente la plata.


Mientras tanto, volvió el frío y volvieron a incendiarse casillas y volvieron a morir trabajadores sin recursos.


La candidata del rey de España, por su parte, participa de una charlatanería cultural en México.


Son sus prioridades.


Saquemos las conclusiones, organicemos una alternativa desde el campo de los trabajadores.