En Tucumán están pasando cosas muy importantes. Como consecuencia de la lucha contra los sueldos impagos de la administración bussista, han sido cortadas las rutas en varias regiones del interior de la provincia, se han tomado varias intendencias, hay algunas facultades ocupadas, se han montado varias carpas del ‘aguante’ en la Plaza Independencia y numerosos sindicatos están en huelga. El viernes pasado, más de 10.000 personas se concentraron en una convocatoria sindical, frente a la casa de gobierno. La represión policial ordenada por Bussi fue sencillamente descomunal, como lo probaron las numerosas heridas de balas de goma de muchos de los manifestantes en las últimas jornadas. Menem mandó a la provincia unos 300 gendarmes.

Además del vigor y de la extensión geográfica del movimiento de lucha, la otra característica fundamental del proceso tucumano es que las masas han sido obligadas a enfrentarse con el gobernador electo del justicialismo (36% de los votos), Julio Miranda. Ocurre que Miranda es promotor de una llamada ‘superley’ que le entrega el control casi total del poder legislativo, al autorizarlo a dictar decretos de necesidad y urgencia sin límites.

El objetivo fundamental de Miranda es proceder a despidos masivos en los organismos del Estado. Con la ‘superley’, Miranda no necesitaría explicitar estos objetivos en la legislación que le piden los bancos para prestarle a la provincia 60 millones de dólares. El gobernador electo ha tomado así la iniciativa del ajuste cuando aún le faltan tres meses para asumir. Miranda tiene, asimismo, el apoyo de un sector importante del radicalismo; al punto que el diputado radical Aperovich es el autor intelectual de la ‘superley’. También tiene un acuerdo con Bussi, con vistas a lograr los votos del partido de éste para Duhalde en las presidenciales del 24 de octubre.

Como consecuencia de todo esto, Miranda está gobernando Tucumán mucho antes de asumir, es decir sin el dominio total de los medios prácticos para imponer su política. Pero para los trabajadores que lo votaron hace dos meses, la conclusión es muy clara: “Salta langosta, Bussi y Miranda son la misma bosta”.

Pero, ¿cómo ganar?

La existencia de un profundo movimiento de masas contra un gobernador que todavía no lo es, evidencia el agudizamiento de la crisis política que se procesa en todo el país. Denuncia también el alcance político episódico de las elecciones. Sin embargo, las luchas tucumanas se enfrentan al mismo problema que los santiagueños, en 1993, o los correntinos, recientemente, o incluso como está ocurriendo en Neuquén ahora, no han logrado resolver: ¿cómo derrotar realmente al gobierno? ¿cómo imponer las reivindicaciones de un modo claro y duradero? Los gobiernos hacen compromisos con cronogramas de pago que no cumplen; pagan algunos atrasos, pero incurren en otros nuevos; la crisis la pagan los trabajadores con más impuestos; el empantanamiento de la lucha y del conjunto de la situación desmoraliza a amplios sectores de la población, los cuales acaban delegando la salida de la crisis en las mismas fuerzas patronales que la han creado y que no la podrán resolver.

El problema reside en que el movimiento de las masas carece de un objetivo político propio, lo que significa que se pretende arrancar las reivindicaciones en el marco político existente. La expresión más acentuada de esta tendencia es la posición de las burocracias sindicales que siguen apoyando a Miranda, al cual llamaron a votar, mientras se ven obligadas a encabezar huelgas y manifestaciones en defensa de los reclamos de los trabajadores. Esta contradicción es sencillamente mortal para la lucha. Esta contradicción explica que en la lucha esté ausente la consigna de la huelga general indefinida hasta la completa satisfacción de los reclamos, lo cual supone ir más allá de éstos y reclamar el control de la caja de la provincia y de los bancos, donde se encuentra el dinero para pagar los salarios y atender las necesidades populares.

Huelga indefinida

Si se mira bien, la crisis en Tucumán no afecta solamente a los trabajadores municipales, a los docentes, a los de la salud pública o a los de la administración; la crisis del aparato estatal tiene paralizada a la provincia, porque no se paga a los proveedores y porque se rechaza el dinero ficticio emitido por Bussi para pagar lo más apremiante. La principal empresa de la provincia, Alpargatas, se encuentra virtualmente cerrada. Es decir que la propia situación exige pasar de la lucha sectorial a la general, de la lucha parcial a la huelga indefinida.

El obstáculo mayor a la huelga indefinida lo representan, claramente, las burocracias sindicales de los gremios que no están oficialmente en conflicto y buena parte de los que sí lo están. Por este motivo, el planteo de la huelga general indefinida debe estar dirigido a los delegados y dirigentes que responden a la presión de las bases y debería dar lugar a un plenario o comité de delegados de los distintos sindicatos y lugares de trabajo y de estudio. Fue lo que ocurrió, parcialmente, en Neuquén hace poco, cuando se formó un frente de delegados de ATE y Aten. La necesidad que lo impulsó allí existe todavía más intensamente en Tucumán.

Si tomamos al país en su conjunto, observamos que la limitación más importante de las luchas que se libran es la falta de un propósito estratégico. Las direcciones sindicales actúan como si el próximo gobierno fuera a remediar los enormes perjuicios de la política menemista. Esta ilusión se disipará muy rápidamente, pero sólo será superada con la comprensión de que es necesario inyectar a la lucha un proyecto estratégico, propio de los trabajadores, políticamente independiente de las representaciones de los intereses del régimen.

Lo que el Partido Obrero está planteando en esta campaña electoral es precisamente eso. El objetivo de la campaña es preparar políticamente a la vanguardia de los trabajadores para que infundan en las siguientes etapas de la crisis una proyección estratégica propia a las luchas, lo que en definitiva apunta a la creación de un poder propio de los explotados. No es en el cuadro de las actuales relaciones políticas que los trabajadores podrán salir del enorme retroceso que les ha infligido la ofensiva capitalista de los últimos años sino quebrando este corset político, desatando todas las fuerzas de las masas organizadas y desorganizadas y organizándolas, mediante la lucha, en una alternativa rival al gobierno de turno.