El hecho de que la ley universitaria tuviera que recibir media sanción parlamentaria bajo la custodia de 2.000 policías y que los representantes del pueblo sólo pudieran sesionar con un Parlamento vallado, en el centro de 36 manzanas bloqueadas por las “fuerzas del orden”; este escenario es ya una revelación del carácter infame y reaccionario del proyecto de marras.

El contenido de la ley de educación superior es fascistizante y autoritario porque consagra la intromisión ilimitada del Estado en la Universidad. A partir de la vigencia de la nueva ley, la Universidad se transforma de hecho en una suerte de dependencia del Ministerio de Educación. El funcionario respectivo queda, a partir del nuevo ordenamiento legal, facultado para vetar los estatutos de cada universidad, dictaminar sobre los planes de estudio, presidir la denominada comisión de evaluación de las casas de estudio, resolver los criterios con los cuales se aplicarán fondos presupuestarios especiales y, finalmente, otorgar los propios títulos habilitantes.

En el primer proyecto de ley se decía abiertamente que las universidades cederían la capacidad de otorgar tales títulos a un organismo extra-universitario, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, las cámaras patronales, la Iglesia y los dueños de la educación privada.

El rechazo que suscitó, obligó a redactar el artículo 34 del proyecto votado en Diputados, que plantea que sólo las universidades pueden emitir diplomas y títulos, pero agregando un artículo 35, que dice que el Ministerio de Educación les dará el reconocimiento oficial a los titulos, y otro artículo, el 36, que afirma que no se podrá ejercer la profesión respectiva sin contar con el “reconocimiento oficial” del … Ministerio.

La característica oligárquica de la ley se revela en la disposición que obliga a que los gobiernos de cada universidad cuenten con mayoría de los docentes. Se trata de este modo de preservar el dominio de las camarillas y trenzas profesorales que, por un lado, enlazan a la Universidad con el Estado, pero que, por sobre todo, asegura la dominación de los grandes capitalistas (consultores económicos, pulpos de la salud, el clero, consultoras técnicas). El problema de la integración de los cuerpos directivos no tiene nada que ver con el saber y los conocimientos, sino con intereses de clase. Los estudiantes deben tener mayoría en función de un programa que transforme a la Universidad en ámbito favorable a la revolución social (es decir, a la satisfacción de los intereses de la mayoría nacional).

La ley crea el Consejo Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de las Universidades Privadas y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, todo un engendro burocrático para controlar a docentes y estudiantes.

Todos estos dispositivos apuntan a una completa sumisión de la Universidad, que se financiará con una confiscación al salario —arancel— y con subsidios estatales seleccionados para respaldar estudios e investigaciones limitadas, que ahorren costos a los monopolios nacionales y extranjeros y que sostengan a las fundaciones de los Quarracino y los fascistas como Porto. Los 16.000 millones de dólares anuales comprometidos en el pago a los usureros del endeudamiento público, equivalen exactamente al financiamiento durante una década de las 30 universidades nacionales. Esta ley fue prohijada por el Banco Mundial.

El desenmascaramiento de todos y cada uno de los aspectos de esta ley es fundamental para extender el movimiento actual y estructurar masivamente Cuerpos de Delegados, que pongan en pie una Asamblea General de Estudiantes y un plan de movilización huelguística general, para derrotar al gobierno, al Banco Mundial y al clero.