Políticas

10/8/2000|676

Una ley para despedir y cerrar institutos

La Legislatura porteña sancionó el jueves 27 de julio la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires.


Que los hospitales psiquiátricos constituyen un lugar de depósito de pacientes crónicos con demandas sociales más que terapéuticas, está fuera de toda discusión. Esto no es casual; es el rol que el régimen asigna a instituciones como manicomios y cárceles, lugares de aislamiento y reclusión de los “indeseables”. La norma, dicen los legisladores, apunta a la prevención de las enfermedades mentales y la resocialización de los pacientes, a privilegiar los tratamientos ambulatorios y a la creación de dispositivos alternativos a la internación (casas de medio camino, talleres protegidos, hogares y familias sustitutas, granjas terapéuticas y sistemas de atención domiciliaria). También que la internación (que no podrá superar los 30 días) sólo se podrá llevar a cabo cuando no sean posibles otros abordajes. Actualmente, el Borda y el Moyano tienen 2.800 internados y el gasto anual en salud mental en el área de la Capital es de 60 millones de pesos.


La ley plantea la desaparición de estos centros de salud y el despido de profesionales y no profesionales; desplaza el eje y la función de la institución hospitalaria a la “comunidad”; se encuadra en el proyecto de reestructuración del Estado y en el abandono por parte de éste de su responsabilidad sobre la salud de la población. Da piedra libre a la iniciativa “comunitaria privada” y no dice una palabra respecto al destino de los fondos destinados por año al subsector de la salud mental.