Las movilizaciones de pasantes y contratados de la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, y de la Afip en diferentes lugares del país, por el otro, ponen de relieve uno de los aspectos más aberrantes de la política de superexplotación sobre la juventud trabajadora y estudiantil. Lejos de promover la unidad de teoría y práctica en función de la formación integral del estudiante, los sistemas de pasantías han servido para la provisión de mano de obra juvenil en condiciones de precarización laboral extrema. Se contrata a estudiantes universitarios para ocupar puestos de trabajo en organismos públicos y empresas, sin atender siquiera a que la prestación se realice en las áreas afines a la carrera estudiada. Los empleadores, a su turno, no afrontan cargas sociales ni garantía alguna de estabilidad laboral. La pasantía, como práctica rentada, torna más precarias las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores. En la Ciudad de Buenos Aires *uno de los centros de la actual movilización de pasantes* cuando vencen los plazos legales de las pasantías, los contratos se renuevan bajo convenios de “asistencia técnica”. De este modo, los “contratos basura” se prolongan incluso cuando el joven estudiante se recibe y continúa trabajando en la repartición. La razón de esta continuidad es muy clara: los jóvenes pasantes fueron absorbiendo, paulatinamente, las tareas regulares de una planta permanente en retroceso, como resultado de las bajas vegetativas, renuncias o licencias.

El ataque actual

El vasto “colchón” de trabajadores precarios los convierte en las primeras víctimas de cualquier ajuste contra los trabajadores, y esto es lo que está sucediendo hoy con los jóvenes pasantes y profesionales contratados en la Ciudad.

Más de 500 contratos o convenios que vencen el próximo 31 de mayo no serían renovados, en nombre de “restricciones presupuestarias” y de los propios convenios de pasantías que establecen períodos máximos de vigencia. Esos “plazos” fueron burlados en el pasado por las propias autoridades, echando mano de los contratos de “asistencia técnica” cuando necesitaban de estos trabajadores. Ahora, cuando quieren desprenderse de ellos, se invoca “las leyes vigentes”.

La irracionalidad de los cesanteadores puede apreciarse en un solo hecho: al despedir a estudiantes recibidos, la Ciudad desincentiva el estudio, ya que para preservar el “trabajo” (la pasantía), hay que revistar como “estudiante permanente”. El gobierno pretende despedir a los contratados y pasantes por “razones presupuestarias”… afectando, decisivamente, al organismo que se encarga de la recaudación: la Dirección de Rentas, que es donde se concentra el grueso de pasantes y contratados.

Bajo la “emergencia económica” dictada por Ibarra y la Legislatura en diciembre pasado, no faltaron recursos para satisfacer la renovación “automática” (sin licitación) de diversos servicios y obras públicas abiertamente cuestionados por trabajadores y usuarios. Tampoco faltaron para “servir” a la deuda externa de la Ciudad. En cambio, se pretende despedir a jóvenes trabajadores que, desde hace años, prestan servicios sin recibir siquiera cobertura de obra social o aportes jubilatorios.

El planteo del Partido Obrero

El Gobierno de la Ciudad, y el propio bloque oficialista en la Legislatura, pretenden dar una salida a este conflicto por la vía de prorrogar el alcance de los actuales contratos de pasantías, llevándolos de un año de plazo máximo a cuatro años. Esta “solución” dejaría afuera, de todos modos, a jóvenes con más de cuatro años de contrato y, particularmente, a aquellos que ya egresaron. Pero, fundamentalmente, están planteando evitar una parte de las cesantías… a costa de alargar a cuatro años el alcance de la relación laboral precaria.

El Partido Obrero ha planteado un camino opuesto para resolver la crisis de los jóvenes pasantes: se trata de un programa de Integración Laboral al Estado de la Ciudad, asegurando el ingreso a planta de los jóvenes profesionales recibidos mientras cumplían su pasantía, o aquellos que, aun cumpliéndola, ya han superado los plazos previstos por la ley vigente. El Proyecto crea las condiciones legales para su incorporación a planta y, en tal sentido, suspende cualquier rescisión contractual que se produjera en el interín.

Se trata de una medida de elemental protección de derechos laborales adquiridos por estos jóvenes, y contra la clara discriminación que se está ejerciendo sobre la juventud en materia de derechos laborales. En efecto: en ciertas reparticiones del Estado porteño, la franja de trabajadores de entre 21 a 30 años está integrada en un 60% por pasantes.

El bloque del PO ha vuelto, así, sobre la cuestión de la precarización laboral en la Ciudad, ya planteada en los proyectos presentados sobre la efectivización de los 10.000 estatales contratados, sobre los compañeros del Colón, del Hospital Ameghino y de otras estructuras de salud.

La conquista de la efectivización de jóvenes profesionales o estudiantes debe ser apoyada por todo el movimiento obrero, ya que constituirá un peldaño de la lucha general por acabar con el “trabajo basura” en todo el ámbito de la Ciudad.