Con el proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso para asegurar la “sostenibilidad” de la deuda pública externa se consumaría una gigantesca operación de rescate de los que apostaron a especular con la misma. Sería un nuevo capítulo de los “canjes” y “reestructuraciones” anteriores.

En el mensaje de elevación se destaca especialmente el Decreto 1735/4 (con el que el proyecto de ley de Guzmán tiene gran similitud) por el cual bajo la dirección de Roberto Lavagna, ministro de Economía de ese entonces, Guillermo Nielsen, Néstor Kirchner y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se dio lugar a una de las mayores operaciones en beneficio de los acreedores, la mayoría de los cuales había comprado los bonos de la deuda argentina por “chaucha y palito”, sobre todo aquellos que correspondían a los ahorristas (“los plomeros alemanes”).

El propio Fernández se presentó en la campaña electoral como un “reestructurador” de deuda exitoso y mantiene con Lavagna una relación estrecha al punto que designará a este al frente del Consejo Económico y Social. La recurrencia al ejemplo de 2004 no es caprichosa. Además de repetirse parte de los protagonistas y ser rescatada por el proyecto también implica un “modus operandi”.

El ministro Martín Guzmán en su presentación hizo alusión a la “buena fe” y la insistencia en “prometer algo que podamos cumplir”, expresiones calcadas de los planteos que llevó a Nueva York Néstor Kirchner en 2004, cuando viajó a reunirse con los banqueros para discutir la reestructuración de la deuda defaulteada en 2001. Gracias a esa negociación los especuladores cambiaron bonos que valían centavos en el mercado por otros cuyo valor representaba entre el 33 y el 66% del valor nominal, a los que se agregaba el artilugio “nacional y popular” del Cupón PBI -por el cual se pagaba más a los bonistas mientras creciera la economía argentina, que salía de un derrumbe- que terminó compensando el 100% del monto original de la deuda. El FMI, por su parte, cobró en efectivo casi 10.000 millones de dólares al año siguiente. El gobierno de ese entonces renunció a aprovechar las “ventajas del mercado” que había mandado al tacho de la basura a los bonos (así se los conocía: bonos basura), el Estado intervino para rescatarlos. La recurrencia a las leyes del mercado para hacer caer los salarios, las leyes laborales, la movilidad jubilatoria o los servicios de salud y educación contrasta con el intervencionismo estatal a la hora de rescatar a los especuladores.

Ese gigantesco rescate financiero fue costeado gracias a superávits fiscales y comerciales, que se derivaban de la combinación de precios récord de las materias primas (soja en primer lugar), un dólar “recontraalto” heredado de la megadevaluación de Duhalde, y salarios deprimidos. Las condiciones actuales son, excluyendo la desvalorización salarial, las opuestas.

La historia se repite

En la presentación que hizo en su conferencia de prensa, el ministro Martín Guzmán remarcó que la propuesta se enmarca en la ley de administración financiera, que fija como condición mejorar dos de los tres siguientes aspectos: postergar los plazos de los vencimientos, bajar la tasa de interés, o reducir el monto de capital de la deuda. Ahora bien, como los bonos argentinos se encuentran en zona de default hace tiempo la cotización de mercado de esos títulos se ubica entre el 40 y el 50% de su valor nominal, por lo que si con el pretexto de estirar los vencimientos el gobierno procede a un reconocimiento íntegro del capital, e incluso una quita menor -que podría rondar el 20% según los analistas-, se consumaría una gigantesca operación de rescate de los que apostaron a especular con la deuda argentina, que cobrarían a fin de cuentas el doble de lo que tienen anotado en sus carteras.

Los intereses, mientras tanto, vienen siendo pagados en tiempo y forma. En ese concepto el gobierno ya consumió la mitad de los 4.500 millones de dólares que fueron tomados del Banco Central tras la habilitación de la ley de Solidaridad. De ello se jactó el ministro de Economía, asegurando que “la Nación ha dado probadas muestras de buena fe, en una situación crítica continúa haciendo un esfuerzo por servir los intereses con las reservas internacionales”. Ese esfuerzo, no hay que perder de vista, se hace principalmente con la plata de los jubilados y con el ajuste del gasto público.

Para que semejante operación de rescate sea exitosa, Argentina tiene que probar que contará con los dólares para honrar sus compromisos. Un aspecto fundamental es que los bonistas reclaman que el FMI dé el visto bueno a los planes del gobierno de Fernández para lograr el superávit fiscal. Un adelanto de ello lo vimos con la felicitación que cosechó el primer mes de gestión de Fernández por parte de los funcionarios fondomonetaristas, tras aprobar la ley de Solidaridad que implicará un ajuste de entre el 1 y el 2,5% del PBI, luego de lo cual sumó un recorte de casi 70.000 millones de pesos en obra pública.

Para ello el gobierno a través de este proyecto de ley pretende que el Congreso le otorgue un cheque en blanco que permita disponer del presupuesto nacional al antojo de lo pactado con el Fondo Monetario y los bonistas, partiendo de prorrogar la jurisdicción de los tribunales internacionales sobre los bonos soberanos.

Pagaron, pagan, pagarán… y la deuda aumenta

Echa luz sobre la crisis con la deuda argentina la contestación que el exministro de Macri y Vidal, Hernán Lacunza, lanzó contra Guzmán tras las conferencia de prensa. El hombre de Cambiemos, ante la acusación de que el gobierno anterior había hecho un “desastre”, respondió que el 80% del endeudamiento del macrismo se consumió en pagar deuda. En una confesión esclarecedora, porque demuestra que la quiebra del país es el producto de haber cumplido rigurosamente con las obligaciones de una deuda, usuraria y fraudulenta, que no cesa de crecer. Que esta dinámica no es exclusiva de los “neoliberales” lo demuestra el hecho de que en la década kirchnerista se destinaron 200.000 millones de dólares para el “pago serial” de la deuda, para terminar el gobierno con un endeudamiento de 250.000 millones de dólares.

El rescate que pretende consumar Guzmán es un lastre para toda la economía argentina. La única vía para emprender un desarrollo nacional es partir del repudio a estos inmensos enjuagues financieros y la ruptura con la tutela del FMI.

Un campo minado

Un ensayo de la política del gobierno nacional para encarar la negociación por la reestructuración de la deuda se produjo en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof buscó el reperfilamiento del Bono 2021, del cual el 26 de enero deberían cancelar unos U$S277 millones sumando capital e intereses. Kicillof decidió pagar intereses y solicitar una postergación del pago del capital (250 millones) hasta el 1° de mayo. Pero para ello necesitaba la adhesión del 75% de los tenedores de ese capital antes del 22 de enero.

Llegado el día el gobierno no logró la aprobación. Los fondos tenedores de bonos se han puesto firmes, muy posiblemente porque vieron en esta decisión una maniobra del gobierno nacional para condicionar las negociaciones que deben emprenderse por el conjunto de la deuda argentina. La negativa del gobierno nacional de rescatar la deuda provincial que vencía provocó una caída del 6% del valor de los bonos. Las medidas que se deban tomar para que Buenos Aires no caiga en default mostrarán un traspié del gobierno de Alberto en la “táctica” aplicada.

Toda la política destinada a resolver el “tema de la deuda”, la cual condiciona toda la acción de gobierno, revela una gran improvisación y un abuso del método del “acierto y error” que carcome la capacidad de arbitraje que Alberto Fernández necesita para imponer el pacto social.