En la acción de 200 trabajadores desocupados frente al Ministerio de Trabajo no explica ni es el origen de la nueva ofensiva que se pretende desatar contra el movimiento piquetero y la clase obrera en su conjunto. Lo dice un editorial de Página/12, (27/10): “(fue solo) el disparador que dejó al descubierto los planes que el gobierno viene pergeñando para terminar con este tipo de protesta” y dividir “con precisión de cirujano” a lo que llama “protesta social lícita” de la “protesta ideológica”.

El editorialista de La Nación le ha puesto nombre y apellido a este trabajo “quirúrgico”: “Un informe en poder del gobierno señala que hay tres grandes grupos de piqueteros. Uno está en manos de la ministra Alicia Kirchner y aceptó reacomodarse en coo perativas de trabajo. Un segundo grupo pertenece a los líderes históricos, Alderete y D’Elía, y podría sumarse al primero, sin razones para mortificar. El tercero es una mezcla de marginales sin remedio (sic) con grupos de la izquierda antediluviana”, calificación que corresponde (y enaltece) al Bloque Piquetero Nacional (26/10).

En palabras de un miembro “clave” del gabinete: “Al que se quede afuera porque quiere quedarse afuera, lo esperaremos con el Código Penal en la mano” (Página/12, ídem).

Quieren disolver al movimiento piquetero

El gobierno está obligado a una política de liquidación del movimiento piquetero.

No sólo por razones económicas. Los beneficiarios de los “planes” son 2,2 millones, pero existe un millón de jefes y jefas desocupados más que no cobran el plan, y otro millón adicional si se considera un padrón de 15 a 65 años que no recibe cobertura alguna. El ministro de Trabajo planteó: “No podemos continuar abriendo el otorgamiento de planes por restricciones que ya existen” (Clarín, ídem), pero el propósito real es eliminar progresivamente el plan Jefes y Jefas, presentando la operación como parte de una batalla por la “transparencia”. Contra lo que afirmó Graciela Camaño cuando era ministra de Trabajo, el Banco Mundial no dejó de monitorear nunca el programa Jefes y Jefas (junto al conjunto de los planes que se ejecutan en el país con créditos de los organismos financieros internacionales), al cual concibe como una política transitoria orientada a la desvalorización y flexibilidad laborales (recuérdese que fijó como norma que las asignaciones “no superen los 150 pesos por mes” y que “al menos dos tercios de los beneficiarios participen en actividades de trabajo”).

El Estado se hace cargo del 50% del “costo laboral”

En esta dirección, el gobierno anunció su “plan integral de empleo”. Se trata del subsidio más descarado dado alguna vez a las patronales en el país: el Estado paga 150 pesos por cada trabajador empleado del programa Jefes y Jefas y las cargas sociales correspondientes a ese monto por un semestre, con opción de prórroga por tres meses más. No prevé una estabilidad laboral ulterior, sino una indemnización a cargo de la empresa y la posibilidad de “volver a inscribirse y cobrar el plan” ÿes decir que no hay renovación automáticaÿ. En la misma línea, en los acuerdos por microemprendimientos que impulsa el gobierno, el propio Juan Carlos Alderete (Ccc) subrayó que “el marco regulatorio dice que el que entra a la cooperativa queda fuera del plan Jefes y Jefas de Hogar, y el convenio dice que se suspende” (Hoy, 8/10).

Inviable

En su momento el gobierno Duhalde planteó un “plan de empleo” similar con la promesa de incorporar a 400.000 beneficiarios. Luego “sólo insertó 16.500 trabajadores, de los cuales 15.000 fueron nuevos planes sociales asignados a empresas en crisis” (BAE, 24/10). Fue un fracaso mayúsculo porque el “plan” suponía blanquear trabajadores, a lo cual los empresarios se negaron rotundamente.

Ahora, el gobierno dobla la apuesta: aumentó el subsidio y en tanto el anterior “plan” estaba concebido para Pymes, “busca ampliar su espectro a todos los sectores empresariales que adhieran a él” (La Nación, 23/10).

¿Por qué habría que pensar que los capitalistas van a renunciar ahora al trabajo en negro, que les permite una jornada laboral de 12 o más horas, y a la flexibilidad laboral casi absoluta, cuando ya le dieron la espalda al plan de Duhalde un año atrás? ¿Por qué habría que pensar en un cambio en las condiciones de empleo si los dueños de los medios de producción no están dispuestos a invertir, por la bancarrota del capital? La tendencia dominante en todo el último año ha sido “extender el horario de los empleados… antes que contratar nuevos obreros” (Clarín, 20/10).

El gobierno no tiene posibilidad de desactivar el conflicto “social” porque éste exige una política de ruptura con el orden social que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger. Conclusión: “Si la economía crece a un 4% anual (y) nuestra tasa de desempleo sólo bajaría 10 puntos en 15 años, el movimiento piquetero sólo estaría en su fase embrionaria” (La Nación, 24/10).

El problema es político

La ofensiva del gobierno contra el movimiento piquetero tiene su razón determinante en un problema político: la necesidad de derrotar a la vanguardia independiente y de lucha forjada en el movimiento piquetero. No es cierto que “el límite al otorgamiento de los planes Jefes y Jefas de Hogar, si bien resultado de un impedimento presupuestario, tiene mucho que ver con aquella intención”, la de “reemplazar el conflicto permanente con los piqueteros, por el más tradicional de las relaciones laborales” (Clarín, 26/10).

El gobierno se dejó llevar por la posibilidad de crear un movimiento en su apoyo extraído de la burocracia piquetera. Llegó a cooptar un conjunto de movimientos pero está obligado a cambiar de estrategia porque “los piqueteros son los únicos que se movilizan” y “a seis años de la irrupción social de los cortes de ruta, ningún gobierno encontró la forma de encauzar esos particulares tipos de protesta” (La Nación, 25/10).

Por eso el gobierno va a desenvolver a fondo el intento de darle el manejo de la asistencia social a las ONG y utilizar las migajas de este reparto para construir una burocracia piquetera. Volverá a reflotarse el planteo que alguna vez hizo Luis D’Elía al pedir “el reconocimiento como organización” o “un convenio”. El propósito es fragmentar y domesticar al movimiento piquetero a través de la cooptación de dirigentes sobre la base de prebendas.

Esto tuvo una fase con la incorporación de la Cta y Ccc a los “consejos consultivos” colaboracionistas; ahora estamos en la etapa de las “empresas sociales”, microemprendimientos para disfrazar la absoluta impotencia y el desinterés de la clase capitalista en resolver el tema de la desocupación.