23/10/1998 | 605

Una política contra los accidentes de trabajo

Gerardo Martínez y un sector de diputados de la Alianza presentaron un proyecto que modifica la actual ley de riesgos del trabajo. El proyecto aumenta las indemnizaciones y las multas a las empresas que no cumplen con las normas de seguridad e higiene, y permite al trabajador optar entre la indemnización que le ofrece la ART o recurrir a la Justicia.


El proyecto mereció la inmediata crítica de las patronales y los bloques del PJ y la Alianza tomaron distancia del proyecto. Claramente, dijeron que podrían aceptar algún aumento en las indemnizaciones, pero no que los trabajadores pudieran hacer juicio a la ART o a las empresas, inclusive en el caso de que no se hayan respetado las normas de seguridad e higiene.


Todo eso demuestra que el proyecto no tiene chances. Sin embargo, Martínez lo mantiene para justificarse ante el gremio como impulsor de un proyecto combativo. Que se trata de una justificación se ve en el hecho de que Martínez no rompe con el PJ sino que sigue la disciplina del bloque que comanda Menem a través de Roggero, Atanasof y Lamberto.


Aun así, el proyecto Martínez-Alianza es una trampa, porque ellos mismos reconocen que, hoy por hoy, el recurso al juicio civil deja en destino incierto a los trabajadores (puede demorar varios años). Por eso, el proyecto de Martínez plantea que si cobra lo que le ofrece la ART, el trabajador tiene cancelada la vía del juicio.


En resumen: el proyecto Martínez-Alianza es apenas una variante dentro del sistema privatizado de riesgos del trabajo. No plantea la formación de comités obreros que controlen la seguridad con facultades de parar toda obra o fábrica que no respete las normas de seguridad. Tampoco plantea el control de los horarios y ritmos de producción, que todos los expertos reconocen que son la causa por las que se producen tantos accidentes laborales.


En materia de juicio, el proyecto no exige la vía sumarísima, que en pocas semanas resuelva el juicio y el resarcimiento económico.


Con estas banderas, el Partido Obrero impulsa la movilización contra los accidentes laborales, a la vez que denuncia a la burocracia de la Uocra que ha puesto patotas en las principales obras del país para agredir al activismo combativo y de izquierda que plantea una movilización real de los trabajadores sobre la base de las consignas del control y de los comités obreros.


La burocracia de la Uocra acaba de apoyar el acto y la candidatura de Duhalde, a pesar de que el Banco de la Provincia es el mayor defensor del actual sistema de riesgos del trabajo. El Provincia tiene la principal ART y Frigeri y Remes Lenicov son los ‘comisarios’ y alcahuetes de Duhalde en el Congreso para que no salga ningún proyecto de ley que le arruine uno de sus principales negocios.

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