El jueves 23 se aprobó la reforma fiscal en Morón, luego de semanas de idas y vueltas del oficialismo para asegurarse los votos de la mayoría del Concejo Deliberante. En el mismo aprueba un artículo que permite aumentar a discreción las tasas un 25% a partir de octubre de acuerdo a como el poder ejecutivo evalúe la situación económica, en función de hacer frente al derrumbe de la recaudación impositiva. De efectuarse el aumento las tasas habrán alcanzado un 87% en menos de un año, y serán el piso sobre el cual aplicarán nuevas actualizaciones a partir de 2021.

Una confiscación en puerta

El tema cobró mayor relevancia en estos últimos días a raíz de que fuera incluido en la última emisión del programa de Lanata, quien también expuso una serie de gastos millonarios del municipio en pauta oficial. Posteriormente el gobierno municipal de Lucas Ghi salió en una fuerte campaña con el apoyo del 99% de los medios locales para desmentir que se hubiera aprobado algún aumento de tasas a los vecinos. Para sumar porotos a la campaña oficial, hacen hincapié en que la reforma grava de forma extraordinaria al 4% a las empresas más grandes, aunque todavía se desconocen los detalles de su aplicación y de si efectivamente esa recaudación estará afectada al “estudio y prevención epidemiológica”.

Los comunicados oficiales dan cuenta de las exenciones impositivas en Tish (inspección en seguridad e higiene) que según el propio gobierno abarcan a 5 de cada 6 empresas locales, que vienen a hundir todavía más las finanzas locales. Al mismo tiempo mencionan llamativamente la “no aplicación” de una tasa especial sobre las expendedoras de combustibles. Esto se explica porque, en su proyecto original, la idea era incluir este impuesto sobre los consumidores, que lógicamente hubiese impactado en el precio de venta.

A pesar de esto, el sabbatellismo no puede ocultar que la intención es avanzar en la aplicación del gatillo, que en el proyecto original se estipulaba de un 35%. Así como están las cosas planteadas, estamos a las puertas de una nueva confiscación contra la población trabajadora del distrito, absolutamente desvinculada de la evolución real de nuestros ingresos, que han sufrido una pulverización como consecuencia de los despidos, las rebajas nominales y la inflación. La reforma, como se ve, es rabiosamente regresiva.

La falsa grieta

La oposición macrista, que durante su gobierno impulsó ajustes similares, se rasga ahora las vestiduras por la situación social. Su rechazo a la ordenanza no tiene nada que ver con una defensa de los ingresos de los trabajadores, sino como parte de un paquete de rescate más general hacia las cámaras de comercio nominadas bajo el eufemismo de “pymes”. Propusieron, y el oficialismo aceptó, formar un “comité de crisis” para promover nuevas moratorias, créditos blandos, y ayudas a las empresas afectadas por la cuarentena.

Como la debacle económica afecta de modo general a la circulación capitalista de mercancías, sucederá que parte de las empresas que tienen suficiente capacidad económica y financiera alegarán cualquier excusa para no quedar fuera del paquete de rescate. Esto está más que habilitado en tanto no se prevé ninguna clase de apertura de libros de costos de tales firmas, bajo control de los trabajadores. Los choques discursivos entre el oficialismo y la oposición, no logran encubrir la comunidad de intereses sociales (capitalistas) que defienden todos.

Conclusión

Bajo la forma de ordenanza, el sabbatellismo ha formalizado su intención meter de forma totalmente desproporcionada la mano en el bolsillo a los trabajadores del distrito.

Esto se explica, por un lado, por el derrumbe de las finanzas locales es total, sobre las cuales se suma el peso de una deuda de más de mil millones de pesos provenientes de las gestiones anteriores. No obstante, el gasto estatal que justificaría un aumento de tasas dista de ser el necesario para paliar la crisis actual. Ni los bolsones que se entregan a una de cada diez familias de forma quincenal (con 40% de hogares que no alcanzan dos canastas alimentarias en el Amba, según el Observatorio de la UCA), ni las refacciones marginales de las escuelas o cada vez más colapsada infraestructura de salud justifican el pretendido aumento.

Por otra parte, se explica por la orientación social adoptada por el partido de Martín Sabbatella, el Nuevo Encuentro. Desde sus orígenes en el “progresismo” de la Alianza a la actualidad, ha mediado todo un período donde lo que primó es la tendencia a la disolución en el PJ. Muy atrás han quedado los años de pretendida construcción diferenciada de la que sostuvieran los barones del conurbano. El gobierno local es en este punto incapaz de poner en cuestión la orientación ajustadora y reaccionaria del tándem Fernández-Kicillof-Berni. Ni siquiera la versión farsesca del ya farsesco impuesto a la riqueza que prometiera hace unos meses el gobierno nacional permite salvar las apariencias.

En el Partido Obrero, estamos empeñados en construir una alternativa política de los trabajadores para que no descarguen la crisis y la pandemia sobre los trabajadores. En vez de exenciones masivas e impuestazos a los vecinos, para evitar los cierres y despidos es necesario proceder a apertura general de los libros de las empresas que aleguen problemas económicos y ponerlos bajo un control obrero que discuta la pertinencia de responder con las finanzas públicas. Rechazamos la cláusula gatillo sobre las tasas municipales. Para poder hacer frente a las apremiantes necesidades sanitarias, alimentarias y sociales vamos por un impuesto a las grandes fortunas y contra el rescate capitalista a costa de los trabajadores.