“Eticazo” es el adjetivo que utilizó Gustavo Beliz para definir la reforma política lanzada por el gobierno. Dime de qué te jactas …

En efecto. El corazón de la reforma política es lo que el Ministerio del Interior denomina “blanqueo de los aportes a los partidos y candidatos”. En lenguaje sencillo significa que las grandes empresas podrán aportar a las arcas de los partidos sin necesidad de recurrir, como hasta ahora, al anonimato. Lo cual no quiere decir que no lo vayan a hacer subrepticiamente, porque sólo el Fisco y la Justicia tendrían acceso a la información.

No por casualidad, en una columna de “Página 12”, Gustavo Béliz escribió que “la cuestión del financiamiento político es estratégica en la democracia contemporánea”(24/3). Béliz sabe muy bien que la madeja de vinculaciones clandestinas de los partidos políticos con los grupos económicos y narcotraficantes es un asunto explosivo, que puede hacer saltar al menemismo y, de paso, a todo el régimen democratizante. Los millones de coimas, aportes, donaciones, con que esos grupos sostienen a las autoridades constitucionales, se mueven en la más absoluta clandestinidad, ayudando a despedazar a los partidos patronales en fracciones, clanes y hasta bandas.

Las reglas del mercado no pueden ser aplicadas mecánicamente a la política, esto porque una cosa es la anarquía de la producción y algo considerablemente más desestabilizador y revolucionario es la anarquía política, es decir la dislocación del Estado. Con la vista puesta en Italia y el bolsillo en la realidad argentina, la ética menemista ha llevado a Béliz a camuflar, no una reforma política capaz de independizar a la política y a los políticos patronales de los intereses inmediatos y conflictivos de los patrones, sino una “contrarreforma” que entrega el gallinero al cuidado de los zorros.

A nadie se le puede escapar que en un país que registra un récord de ingreso de narcodólares, el “blanqueo” de los aportes facilitará el lavaje del dinero de la droga, algo que Cavallo conoce bien, ya que los narcodólares financian la “convertibilidad”.

El proyecto apunta  a facilitarle a las empresas aportantes el no pago y hasta la evasión de impuestos. Los aportes de las empresas a los partidos podrán ser deducidos como gastos a los fines impositivos. Contribuir a un partido político no se limitará a ser un “gesto patriótico” sino un beneficio impositivo, es decir, una estafa a la masa de los contribuyentes. Impulsará la evasión porque los partidos extenderán recibos superiores a la donación recibida, con el fin de atraer aportantes que quieran deducir mayores gastos aún de sus impuestos. Lo que el ministerio denomina “transparencia” del aporte será un gran curro nacional.

Otra clave de la reforma es que el dinero podrá ser entregado, indistintamente, al partido o a los candidatos. Esto responde a la lógica del menemismo, que sobrevive recurriendo a cantores, corredores, tenistas e incluso capitalistas, ¡que tienen sus propios medios para financiar campañas! La “reforma” permitirá que se imputen como gastos fiscales los gastos de propaganda que los patrones hagan para sí mismos en calidad de candidatos.

La “reforma” convierte a la política en un negocio, lo cual debe a la larga fracturar aún más a los partidos patronales y al propio Estado. En naciones más poderosas, como Japón o Italia, este proceso de descomposición ya ha llegado muy lejos, obligando a desandar parte del camino mediante la purga de sus políticos más conspicuos y el intento de restaurar las normas de control sobre los partidos. En naciones burguesas políticamente más débiles, en cambio, no habrá tiempo para medidas “correctivas”.

El Estado burgués no es un aparato que dependa económicamente de los tributos particulares de los principales grupos de la burguesía, lo que de ocurrir le haría perder su carácter de clase, es decir de defensor no ya de la burguesía en su conjunto sino, lo que es aún más importante, de las relaciones capitalistas en general, es decir de la dominación y la explotación de los obreros. La dependencia económica del Estado respecto de la burguesía tiene un carácter general, que se manifiesta por sobre todo en la deuda pública. El sistema del servicio público, inevitable cuando la administración de la sociedad constituye una rama especial dentro de la división social del trabajo, cumple también la función de establecer reglas comunes para todas las fracciones de la burguesía.

La “reforma” menemista, al plantear el “blanqueo” de los aportes hasta hoy ilegales de las grandes empresas a los partidos patronales, es una confesión de que el Estado no es capaz de asegurar la independencia que le es propia. La “reforma” hace virtud de la necesidad y procede a dar mayor impulso a la corruptela y a la descomposición de la política burguesa.

Esta “reforma”, sin embargo, sólo queda completa con otras disposiciones: primero, la posibilidad de tachar candidatos y luego el voto por circunscripción y las llamadas “internas abiertas”. El sentido de estos cambios es poner a los candidatos, individualmente considerados, por encima de los partidos, lo cual convierte a los políticos en voceros de sus tesoreros de campaña, tanto electoral como pre-electoral, autorizados por el proyecto de “blanqueo” de los aportes.

Las características de la “reforma” alcanzan para explicar las grandes divergencias que ella suscitará en el propio campo patronal. Nosotros nos oponemos a esta reforma por su carácter antidemocrático y cleptocrático (gobierno de ladrones y de corruptos). Como partido revolucionario rechazamos la injerencia del Estado en los partidos, pero de ningún modo que exista un control sobre los gastos de las campañas electorales y de que se prohíban aportes distintos a los de los afiliados o los provenientes de las campañas públicas. Reclamamos igualmente el acceso igualitario a los medios de comunicación y que el presupuesto del Estado sufrague los gastos de funcionamiento corriente de los partidos (transporte y comunicación).