Una reforma tributaria reaccionaria

Ajuste y ataque al bolsillo popular


¿En qué consiste la reforma tributaria que prepara el macrismo?


 


Una de las prioridades consistiría en eliminar ingresos brutos. Ese impuesto es, en la actualidad, la principal fuente de ingresos de las provincias. El plan del gobierno es crear un nuevo impuesto o reemplazarlo por el IVA, aumentando previamente la alícuota actual. Por esta vía, el Estado nacional pasaría a recaudar directamente los recursos para luego distribuirlos entre las provincias. Esa “centralización” reforzaría la dependencia del interior respecto del gobierno central y le brindaría al Ejecutivo un arma poderosa para chantajear y someter a las provincias a sus dictados. El nuevo régimen iría de la mano de un sistema de premios y castigos, condicionando la entrega de fondos a que se cumpla con las metas establecidas en materia de déficit fiscal.


 


No se nos escapa que esta política ya la vienen implementando los gobernadores enrolados mayoritariamente en el PJ y otros opositores al gobierno. Gran parte de las jurisdicciones han comenzado un ciclo de endeudamiento. Este hipotecamiento tiene como contrapartida un severo ajuste, que pretende garantizarle a los acreedores que van a cobrar.


 


Los docentes y empelados públicos sufren en carne propia las consecuencias, lo mismo que las restantes partidas sociales. Pero la intención del gobierno es dar una vuelta de tuerca más e imponer una disciplina mayor desde el poder central. Habrá que ver cuál es la reacción de los gobernadores, que pierden autonomía en el manejo de los recursos y, por consiguiente, también en el plano político.


 


Este medida iría acompañada de una nueva coparticipación regida por el mismo criterio, ya que el porcentaje que recibiría cada provincia se iría ajustando en función de su desempeño, incluyendo entre los parámetros a considerar el aporte de cada una de ellas a la recaudación.


 


Más regresivo que antes


 


Esta reforma tributaria va a agravar el carácter regresivo del sistema impositivo. Vamos a un aumento y generalización de los impuestos al consumo a través del IVA. En cambio, continuarán las exenciones a la renta financiera en el impuesto a las ganancias, a lo que se suman nuevos beneficios. La nueva normativa incluiría el ajuste por inflación en las utilidades empresariales, que existió en la época menemista y cuya reintroducción es un viejo anhelo de la clase capitalista. Todo esto mientras a los trabajadores se les colocan techos salariales y se les compensa por debajo de las variaciones del costo de vida.


 


Por supuesto, se va a mantener el actual impuesto al salario, en línea con lo ya aprobado a fin de año y, de la misma forma, el atraso en la actualización de los mínimos imponibles para los trabajadores por cuenta propia y pequeños comercios.


 


A esto habría que agregar que el impuesto al cheque, que hoy grava todas las transacciones bancarias, pasaría a ser admitido como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. El gobierno de Macri incluyó este beneficio para las pymes el año pasado y ahora pretende hacerlo extensivo al resto de las empresas.


 


El carácter regresivo de los impuestos se reproduce en las provincias. En forma abrumadora, los impuestos –empezando por ingresos brutos y el inmobiliario urbano- recaen en el bolsillo popular mientras que el inmobiliario rural, que afecta a las patronales del campo, apenas representa una porción insignificante de la recaudación. En la provincia de Buenos Aires, las tierras sobre las que se aplica el gravamen están valuadas entre el 2 y el 5 por ciento de sus valores de mercado. Lo mismo ocurre con las regalías y/o retenciones provenientes de la renta de los recursos naturales.


 


Esta reforma tributaria guarda un hilo conductor con el blanqueo. No nos podemos olvidar que el paquete del “sinceramiento fiscal” ya incluyó la reducción de las alícuotas y la supresión definitiva (a partir de 2019) del impuesto a la riqueza.


 


Por otra parte, ha pasado inadvertido el hecho de que el blanqueo dispuso la exención de las diferencias de cambio a las rentas financieras provenientes de activos del exterior. Del mismo modo, quedan excluidos de pagar impuesto a las ganancias quienes tengan los activos blanqueados en sociedades del exterior, es una práctica generalizada de los capitalistas que, para mantener sus bienes a buen resguardo, no los colocan a su nombre. Importa destacar que el paquete del blanqueo, incluidas estas disposiciones, fueron aprobadas por la oposición, lo cual no ha sido un obstáculo para que siga alegremente batiendo el parche sobre la necesidad de gravar las rentas financieras.


 


Programa


 


Todavía resta ver si el paquete que está en la gatera incluye o no la rebaja de las aportes patronales, lo cual fue anunciado a fin de año y luego retirado. Con independencia de ello, la reforma tributaria importa una ofensiva contra la población laboriosa.


 


Pero este precio que pretende hacer pagar al los trabajadores no asegura que el macrismo consiga revertir los escollos de la política económica oficial. Lejos de una “lluvia de inversiones”, el país asiste a una caída de la industria y del PBI. Los “incentivos fiscales”, sin embargo, están lejos de ser una panacea. Corresponde señalar que, en la actualidad, existe una reducción de los aportes patronales para las pymes, que viene de la gestión kirchnerista y que fue ratificado por el gobierno actual, lo cual no ha sido un impedimento para que caiga el empleo y la producción. Por otra parte, los capitales beneficiados por este generoso jubileo fiscal han optado por mantener la plata fuera del país.


 


Llamamos a rechazar la reforma tributaria y oponerle un programa para que la crisis la paguen los capitalistas e imponer una salida que privilegie el interés popular. Abolición del impuesto al salario y al consumo. Por impuestos extraordinarios y progresivos al capital y a las rentas extraordinarias derivadas de los recursos naturales y de la explotación agrícola. Por un impuesto inmobiliario rural actualizado a los precios de mercado. Esto recursos deben ser colocados al servicio de un plan de reactivación económica integral e industrialización del país y satisfacción de las necesidades populares. La gestión económica y las riendas del país deben estar en manos de los trabajadores.