17/06/1999 | 631

Una salida obrera (no solo) para tucumán

A Bussi le bajaron el pulgar. ¿Quién? ¿El electorado? Nada es menos seguro. La diferencia de votos con el justicialismo es mínima y además está cuestionada por la denuncia de fuertes irregularidades en las actas de escrutinio y de falsificación de las firmas de los sobres (‘voto cadena’).


Caracterización


Bussi quedó afuera porque se ha agotado su posibilidad de controlar la enorme crisis de la provincia y la movilización popular. Los explotadores, que con Menem a la cabeza han apoyado al bussismo hasta el último momento, han llegado a la conclusión de que necesitan ahora un cambio de gobierno e incluso de régimen, es decir, quizás un gobierno de coalición.


«El hecho de que los bussistas hayan tropezado con sólidos escollos en su carrera para mantener el poder», dice La Gaceta de Tucumán (12/6), «ha modificado la perspectiva de muchos hombres de negocios…». El mismo diario dice en su editorial que Bussi «planteó a los empresarios un sombrío panorama sociopolítico y económico…». Los datos que ilustran la crisis son abrumadores. La segunda parte de un crédito del Banco Mundial está bloqueada; no se están pagando los sueldos a los docentes y a los estatales de la sanidad; los ingresos por coparticipación federal están comprometidos al pago de la deuda pública; no hay fondos para atender el déficit del servicio de agua y cloacas; la gran mayoría de las comunas está en cesación de pagos; no se están pagando los bonos de cancelación de deudas corrientes; los precios internacionales del azúcar se encuentran entre los mínimos históricos; la falta de financiamiento no ha permitido iniciar la zafra; la cadena de pagos del comercio está cortada; no hay crédito bancario.


La crisis capitalista, no los ‘demócratas’, ha liquidado a Bussi. Su desmoronamiento político viene de lejos. Se fue manifestando en la crisis de su partido. En las elecciones, el sublema liderado por el vicegobernador, Topa, promovió el corte de boletas, unos 12.000 votos en la capital, que explican la derrota de Bussi. Ninguno de los ministros y secretarios de estado del gobierno provincial consiguió ser elegido. El bussismo ha perdido los recursos políticos para enfrentar la crisis. Y esto ocurre cuando los obreros del ingenio Concepción deciden la huelga general, a pesar del boicot de la burocracia ‘mirandista’ de Fotia, y cuando son incesantes las movilizaciones de los municipales del interior.


Ellos


La gran burguesía tiene un programa frente a esta crisis. No solamente es brutalmente anti-popular sino que sus probabilidades de ‘éxito’ no son elevadas. Consiste en privatizar de inmediato el servicio de agua para recuperar el crédito del Banco Mundial; obtener financiación del Banco Nación para la zafra y para rescatar los bonos de cancelación de deuda; y arrancarle al gobierno nacional el subsidio para exportar a pérdida todo el excedente de azúcar —»reeditar el pacto exportador», dice La Gaceta (10/6), para «sacar los excedentes de producción»; «La zafra será exitosa si se exporta el excedente de azúcar» (12/6)—. Finalmente, despedir estatales, en particular docentes, aplicando para ello el ‘incentivo’ establecido en la ley de financiamiento acordada con la burocracia de Ctera. La inviabilidad de este ‘plan’ está determinada por la bancarrota del gobierno nacional y por la creciente movilización popular.


Es aquí que entra en juego la perspectiva de un gobierno de coalición, que podría formarse, alternativa y simultáneamente, con la Alianza y con el sector bussista de Topa; según los diarios, el ala de la UCR del diputado provincial Couriel ya estaría negociando con el ‘electo’ Miranda la formación de un gobierno de unión provincial. La operación coalicionista es por demás delicada debido a que si, por un lado, resolvería el tema del apoyo de la legislatura al próximo gobierno, por el otro, podría anticipar la caída de Bussi, quien enfrenta, para variar, tres juicios políticos.


Lo más delicado de la operación coalicionista es su impacto político nacional, ya que desnudaría la coincidencia de principios entre Duhalde y De la Rúa en la defensa a ultranza del actual régimen económico y político implantado por el menemismo. Pero es este «acuerdo político» lo que reclama precisamente la gran burguesía a través de un editorial de La Nación (14/6), «con el fin de no dejar dudas sobre la continuidad del rumbo económico». El problema que disimula La Nación es que el mentado ‘rumbo económico’ está llevando a la quiebra a grandes sectores capitalistas, provoca recesión, amenaza con poner fin al Mercosur, ha quebrado a las provincias, ha generado la ‘insubordinación’ de ‘los de arriba’ y de ‘los de abajo’ y puede concluir en una crisis ‘a la tucumana’ o ‘a la correntina’ a nivel nacional.


Nosotros


¿Cómo debe encarar la clase obrera toda esta situación?


En primer lugar, debe copiar a la burguesía y ponerse de acuerdo en un programa. En el período del pasaje al nuevo gobierno y luego bajo este último, los trabajadores deberán enfrentar una política privatista y de despidos masivos, no hablemos de congelamiento de salarios y de mayor flexibilización laboral. Diga lo que diga la burocracia sindical, éste es el programa que ella respalda al apoyar a Miranda.


Para la clase obrera, la crisis la deben pagar sus artífices y beneficiarios; los que hipotecaron la provincia deben levantar la hipoteca.


Esto significa que debe suspenderse indefinidamente el pago de la deuda pública y que hay que abrir los libros de los bancos acreedores y de los especuladores, al igual que los de la administración provincial, para juzgar públicamente a quienes han malversado el dinero del Tesoro provincial y para orientar el dinero en función de las necesidades de las masas de Tucumán. El mismo procedimiento debe aplicarse a todos los pulpos que operan en la provincia y que están retirando los fondos de ella.


Es sobre la base de un programa de estas características que debemos impulsar la huelga general contra los atropellos del gobierno y de las patronales y por la satisfacción de las reivindicaciones inmediatas (sueldos al día, inicio de la zafra, etcétera).


Un congreso provincial de trabajadores debería determinar las prioridades populares de la provincia: inicio de la zafra, bajo control obrero; reincorporación de todos los desocupados mediante el reparto de las horas de trabajo; aumento general de los salarios; estatización definitiva del servicio de agua; impuesto extraordinario a todas las grandes fortunas y capitales de la provincia. Un congreso de trabajadores, pero de todo el noroeste, debería tomar a su cargo la gestión y dirección del proceso azucarero.


Para marchar en esta dirección es necesario reclamar asambleas generales y plenarios de delegados con mandato de las bases en todos los sindicatos, y formar comités de activistas que impulsen esta iniciativa de conjunto. El movimiento estudiantil puede jugar un gran papel en esta dirección, vistas sus últimas movilizaciones, su entroncamiento social con los explotados y la amenaza que pende sobre la educación.


Frente a la operación de recambio de la patronal, se trata de preparar a nuestra clase para que pueda intervenir políticamente en forma independiente y para que se prepare, con el conjunto de la clase obrera argentina, a sentar las bases de su propio gobierno.

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