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El 19 de noviembre, Cristina Kirchner dio por inaugurada la “mesa de diálogo petrolero”, motorizada por los pulpos con la burocracia sindical. Uno de los puntos de constitución de la Mesa dice textualmente “que resulta imprescindible que las relaciones laborales se desarrollen en un marco de paz social y de ausencia de conflictos que interrumpan el normal desenvolvimiento de la actividad” y que “las partes ratifican su rechazo al corte de rutas o bloqueo de acceso de los lugares de trabajo como metodología de protesta, habida cuenta de las graves consecuencias que esto significa para toda la sociedad y muy especialmente para las economías regionales”.

Fue una vez que patrones y burócratas estamparon sus firmas que CFK dijo: “No falta nadie en este acuerdo. Si llegan a cortar algo o se arma lío, los mato a todos, van todos presos”.

Una semana después, en un almuerzo de las patronales del transporte, la Presidenta atacó abiertamente los reclamos de los trabajadores que sufren accidentes de trabajo, calificándolos de “industria del juicio”, repitiendo como el loro lo que dicen las patronales. Llamó a patrones y burócratas a ponerse de acuerdo para terminar con los juicios que inician los trabajadores. No dijo que la ley de riesgos del trabajo vigente es la de 1994, un pilar de la privatización de la seguridad social, de la precariedad y la flexibilidad laboral -una de las más antiobreras de todas las leyes menemistas (gestada por un “pacto social” de la UIA, el gobierno y la CGT asesorada entonces por Carlos Tomada y Noemí Rial). La mayoría de los artículos de esa ley fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, porque obliga al trabajador accidentado a cobrar una indemnización ridícula, en cuotas mensuales.

Simultáneamente, Tomada sometió el conflicto de los médicos y profesionales de la salud de Mendoza a un Comité de Garantías, conformado por las patronales, la CGT y la CTA, que dictaminó que en los conflictos en los hospitales y centros de salud “los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza, pero sólo dos días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el director del hospital o centro de salud y los jefes de Servicio y los directores de los centros de salud están obligados a cumplir sus tareas. Además, los dos días de paro admitidos deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos” (Clarín, 27/11).

La asociación médica mendocina rechazó el dictamen y prosigue con los paros, garantizando los servicios mínimos con los criterios fijados por los trabajadores y profesionales en asamblea.

Estos tres ejemplos, de tan sólo los últimos días, son más que reveladores del “pacto social” que están armando Julio de Vido, Hugo Moyano y Héctor Méndez, de la UIA, con el reaseguro de que, si los trabajadores no lo respetan, “los mato a todos, van todos presos”, como dijo Cristina Kirchner.

El pacto es una plataforma de guerra contra los trabajadores. Apunta a prevenir los reclamos salariales que ya se están dando por la disparada inflacionaria y las paritarias que se avecinan para el año próximo, y a cerrar filas con un gran sector de las patronales para colocarlos detrás de la candidatura de CFK para 2011.

El veto al 82% sobre la mínima, el pago con reservas al Club de París y la asistencia del FMI fueron en la misma dirección y saludados “con fervor” por los bancos, los bonistas, las compañías de seguro, y la prensa financiera.