Carlos Zannini, Julián Domínguez y el espía Juan Martín Mena (número dos de la Side, transformada en una unidad básica de La Cámpora y el Movimiento Evita) trajinan los tribunales para buscar allí un “pacto de convivencia”, más o menos parecido al que Alphonse Capone anudó con bandas rivales en el Chicago de 1926. La citación a Lázaro Báez, el nuevo conflicto entre Arroyo Salgado y la fiscal Viviana Fein por el dichoso “punto 12” de la pericia de parte, el rechazo a la recusación del fiscal Germán Moldes y hasta el fallo sobre la “ley de lemas” en Santa Cruz indican las dificultades que encuentran en esa gestión.

 

Los intentos de esos emisarios del gobierno no son un signo de fortaleza del oficialismo; por el contrario, se parecen a una rendición con condiciones. Según ha trascendido, la Casa Rosada está especialmente preocupada por dos causas: la denuncia de Alberto Nisman presentada por el fiscal Gerardo Pollicita, rechazada por el juez Rafael Rafecas y ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal por la apelación de la fiscalía; y el caso de Hotesur, a cargo del juez Claudio Bonadío, por el cual Máximo Kirchner está a punto de ser citado a indagatoria. Si se cajonearon esas causas, al gobierno no le importaría la suerte de Amado Boudou, que debería arreglárselas solo.

 

Zannini, Domínguez y Mena encontraron abiertas las puertas de dos despachos amigos: el de Canicoba Corral y el de María Servini de Cubría, precisamente los que bombardearon la denuncia de Nisman aún antes de que la presentara. En cambio, encontraron pastos duros en la fiscalía de Moldes, a quien le ofrecieron aprobar el pliego de su hijo para ser juez. Moldes les contestó: “Hagan un cucurucho con el pliego y métanselo en el orto” (La Nación, 8/3).

 

Paralelamente, Pollicita estuvo a un paso de las trompadas con Rafecas por el rechazo de la denuncia contra la Presidenta, y Canicoba Corral lo amenazó: “Los muchachos te van a tirar un carpetazo” (ídem). A modo de retribución, el pliego de juez del hijo de Canicoba entró en el Senado, aunque el muchacho había quedado undécimo.

 

¿Qué ofrece el gobierno para conseguir la tregua? Poner a dormir dos acciones que afectarían a la corporación judicial. La primera es la fusión de los fueros federal y ordinario de la Ciudad de Buenos Aires (esa medida había sido propuesta hace diez años por Gustavo Béliz y Norberto Quantín, pero Néstor Kirchner la rechazó); la segunda, no poner en marcha la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. También, claro está, desactivar “carpetazos”, como el que podría caerle en la cabeza a Pollicita según la amenaza de Canicoba Corral.

 

Ahora bien: La Nación (ídem) reproduce lo que dijo un juez federal proclive a aceptar la tregua: “¿Qué íbamos a hacer? ¿Seguir duplicando la apuesta? ¿La Presidenta acusándonos de golpismo judicial y nosotros anunciando cada día una indagatoria o un procesamiento? ¿Hasta cuándo?”. He ahí la clave de la cuestión, los límites del cerco judicial: por el momento no hay ni puede haber golpe, ni blando ni duro. Por eso las sogas aprietan pero no ahorcan.