Esta semana, a pedido de gobierno, diez gobernadores oficialistas y "opositores" respaldaron públicamente el reajuste de tarifas. La lista incluye, entre otros, a María Eugenia Vidal, a los radicales Gustavo Morales y Alfredo Cornejo, pero también a la fueguina Rosana Bertone (Frente para la Victoria) y al "socialista" Miguel Lifchitz. En estos días se sumarían más pronunciamientos. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se dedica desde hace meses a enhebrar el canje de apoyos por fondos a las provincias. Por caso, coincidente con el pronunciamiento de Bertone, "se acreditó la transferencia por $83 millones para tres importantes proyectos de provisión de gas y generación de electricidad" en Tierra del Fuego (El Cronista, 12/8).

 

El objetivo del gobierno es mostrar que el apoyo al tarifazo proviene de "un grupo mayoritario de dirigentes con responsabilidad política" (Clarín, 12/8). El destinatario es la Corte Suprema, que emitiría un dictamen en los próximos días. La Corte se convirtió en el árbitro de la situación creada por el empantanamiento del tarifazo a raíz del rechazo popular. El gobierno confía en un fallo favorable, aunque baraja la posibilidad de que rechace el cobro retroactivo. En ese caso, los voceros oficiales han hecho oír su extorsión: se resentirían, dicen, las obras públicas programadas para el segundo semestre. O sea que los privatizadores cobrarán de los fondos públicos lo que no puedan obtener del tarifazo. En cualquier variante, los trabajadores pagamos los platos rotos.

 

Por lo pronto, el gobierno resolvió sortear el paso por una audiencia pública, incluso en los términos acotados que sugirió a principio de semana –una audiencia "informativa", que sólo trate los costos de transporte y no los de producción.

 

El macrismo imagina que el paso de Aranguren por el plenario de cuatro comisiones de Diputados el martes próximo será suficiente. Anudado el compromiso de los gobernadores y los diputados que les responden, apuestan a que un contrapunto con De Vido, que preside la comisión de Energía, le reporte beneficios. "Es ideal para confrontar. Está salpicado por acusaciones de corrupción, no puede defender su gestión" (Clarín, ídem).

 

La acción "política" del gobierno se complementa con el chantaje de las empresas a la población, amenazando con interrumpir la provisión de los servicios, despedir trabajadores y dejar de pagar los salarios.

 

El gobierno de Macri se juega su destino en el tarifazo, que constituye el vértice del ajuste. Debe proceder en un cuadro de derrumbe industrial y de todos los indicadores de empleo y pobreza. Los cacerolazos contra el ajuste, aunque parciales, recogieron el apoyo de la gran mayoría de la población. El gobierno requiere, por lo tanto, el apoyo de todo el arco político.

 

El martes 16, los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda reclamarán que Aranguren sea interpelado en el recinto, y no en el reducido escenario de las comisiones que fue pactado con los “opositores” capitalistas. Mientras tanto, el PO se movilizará al Congreso para repudiar estas maniobras y reclamar la anulación definitiva del tarifazo. Que se abran los libros de las empresas.

 

Que la crisis la paguen los capitalistas.