La patronal agraria salteña ha vuelto a los piquetes para reclamar una devaluación, la eliminación de las retenciones e impuestos provinciales, y el abaratamiento de lo que llama ‘costos laborales'. En la misma línea actúan diferentes oligarquías regionales.

 

Urtubey, sólo en los últimos tres años, destinó más de 500 millones de pesos en subsidios y exenciones para este sector. Los eximió del impuesto a la “mera compra”, les postergó indefinidamente el pago del impuesto inmobiliario rural y aprobó el subsidio a las tasas de interés para el agronegocio.

 

Entusiasmados con el giro de su jefe, los diputados del PJ hicieron propias las consignas de los terratenientes y la burguesía agraria local, exponiéndolas en un proyecto de declaración. Plantean, principalmente, la eliminación de los derechos de exportación y la reestructuración de sus deudas con el fisco y los bancos. La declaración termina con la retórica K sobre las retenciones como un instrumento para “defender la mesa familiar”. En la sesión, sin embargo, el oficialismo cambió el texto del proyecto, que ahora se limita a “restituir la competitividad del sector”.

 

El mismo día del tratamiento de este proyecto, Scioli visitó Salta para firmar un acta compromiso a favor de una “reparación histórica” para la provincia, y que subsidiarán, entre Nación y Provincia, el 50% de las tasas de interés para refinanciar sus deudas y eximirlos de la totalidad de impuestos locales. Si gana Scioli, comprometió Urtubey, la totalidad del costo de los fletes será deducible del pago de retenciones.

 

Desde la bancada del PO presentamos un proyecto alternativo para confrontar con la iniciativa oficialista. Ya que se criticaba la ‘presión impositiva’, propusimos eliminar los impuestos al consumo, el impuesto a las ganancias sobre el salario y el cobro del impuesto inmobiliario rural sobre el valor real de la tierra -que los terratenientes y consorcios agrarios pagan 20 veces por debajo de su valor. Ya que se denunciaba la carga de los fletes para el comercio agrario, planteamos el enorme sobreprecio que hoy reciben las petroleras, equivalente a un plus del 75% por encima del precio internacional del petróleo. Ya que se hablaba de ‘defender el trabajo salteño' -con esas medidas-, planteamos la prohibición de los despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario ante una eventual caída de la producción. Planteamos la devolución de tierras expropiadas a los campesinos criollos y aborígenes, y la investigación de la entrega de tierras fiscales a precio vil a distintos grupos capitalistas.

 

En el debate pusimos al desnudo a los nacionales y populares salteños, quienes van abandonando toda retórica de intervención y arbitraje estatal en los conflictos para asumir como propia la agenda capitalista que supone un feroz ajuste antipopular.