El gobierno salteño ha decidido rescindir el contrato con la empresa Aguas de Salta, que se quedó con la privatización en el año ‘98, y armó una nueva sociedad anónima con mayoría estatal y el 10% de propiedad participada.

En medio de la campaña, Urtubey quiere estafar de nuevo al pueblo al simular que adoptó una medida soberana.

Pero el gobernador hizo lo imposible por sostener a la empresa, a la cual le ofreció el año pasado un tarifazo del 45%, mayores subsidios y hasta una asociación con el Estado.

Aguas de Salta, propiedad de uno de los nuevos ricos del país, muy ligado a los K y a Romero, Juan Carlos Relats, se va completamente impune. Esta empresa proveyó agua contaminada con boro, nitratos o arsénico en distintas localidades. Ha contaminado los ríos con líquidos cloacales que no reciben tratamiento alguno. Cobraba intereses usurarios por las deudas y sólo se dedicó a facturar sobre la base de la infraestructura ya instalada antes de la privatización. Un verdadero parásito.

Es claro: acá no hay ninguna reestatización, hay un rescate de los capitalistas.

Ahora, el Estado completará la tarea que la empresa dejó pendiente y luego venderá las acciones a otra empresa. Es decir que el Estado tratará de imponer los medidores, que tuvieron una tenaz resistencia por parte de vecinos de distintos barrios de Salta, y vendrán nuevos tarifazos. También el Estado hará algunas obras que hagan más viable el negocio en el futuro. El gobierno intentará imponerle al pueblo los atropellos que Aguas de Salta ya no podía imponer.

La Cámara de Diputados avaló todo este proceso al aprobar los decretos de necesidad y urgencia que mandó el gobernador, con el voto de todo el arco oficialista, incluido Barrios de Pie. Todos se anotaron para tratar de hacer pasar una nueva estafa.

Los diputados del PO denunciaron todos y cada uno de los atropellos de la empresa y la complicidad del gobierno con ella, y defendieron su proyecto de ley que presentaron ya en 2007 y que plantea una salida al problema del agua. Este proyecto propone una reestatización bajo control de trabajadores y usuarios domiciliarios; que además se obligue a la empresa a indemnizar al pueblo por todos los atropellos cometidos y crea un fondo para hacer las obras que garanticen la provisión de agua como un derecho, constituido por un impuesto extraordinario a las grandes empresas. Los otros bloques rechazaron su tratamiento.

Este nuevo negociado con el agua ha encontrado fuertes resistencias en el pueblo. El martes se movilizaron a la Legislatura, el PO junto a otras organizaciones políticas, sindicales y vecinales, y el recientemente creado Consejo Provincial por el cuidado del Agua.

Ahora se impone la necesidad de abrir paso a una fuerte lucha por la reestatización bajo control obrero. La rescisión del contrato expresa el fracaso estratégico de las privatizaciones. Hay que reforzar esta lucha tomando todas las reivindicaciones pendientes; que la tarifa vuelva al costo de septiembre de 2008 y fuera los medidores.

Pablo López