Con las bajas temperaturas, amplias zonas de Salta se quedaron sin gas natural. Por algunos días, desaparecieron por completo los combustibles líquidos de las estaciones de servicio.

El gobernador Urtubey anunció desde el vamos que no se cortaría el suministro de gas a las industrias, en primer lugar a las mineras, y que con plata de la provincia pagaría las multas que aplique Enarsa (la entidad nacional) a las empresas por hacer uso del gas en momentos pico de consumo.

Pues bien, la “patriada” de Urtubey no solo hará pagar al pueblo las multas de las empresas, sino que también contribuyó a que miles de familias se queden sin gas en sus hogares. Planteada ya la crisis, el gobernador fue con un amparo a la justicia.

La crisis “no es estructural” declaró Urtubey: “La culpa la tiene la huelga de los petroleros de Santa Cruz”. En los cuatro años que lleva de mandato, la producción de gas en Salta ha caído en picada por la falta total de inversiones de las compañías, mientras continuaba con los contratos de explotación leoninos a favor de las privadas, los mismos contratos que firmaran Menem en los ’90 y Romero hacia el final de su mandato. Como consecuencia de este vaciamiento, la destilería de Campo Durán está funcionando sólo al 40% de la capacidad instalada.

Sobre esta crisis estructural, se monta la especulación de las empresas, las que se guardan el insumo para forzar el aumento de los precios, que han dado un salto fundamental en lo que va del año y han obtenido un decreto de Cristina K que libera los precios.

El combustible de los más pobres, el GNC, ha subido al menos un 30% en lo que va del año. El gobierno ha hecho lo suyo aplicando un aumento generalizado de impuestos, de tarifas y del boleto de ómnibus.

Urtubey interpretó la reelección como un mandato para agudizar su rol de agente de la minería, la soja y los ingenios.

Se han aprobado, en un par de meses, leyes de beneficios y subsidios a producción de materias primas para biocombustibles, subsidios millonarios a la medicina privada y ahora también la pretensión de asociar a la provincia a la Administración del Belgrano Cargas como parte de un operativo para entregar su control a los sojeros y a los ingenios. Se busca con esto sumar dinero del presupuesto público de Salta a los fuertes subsidios del Estado nacional a estos sectores.

Reclamamos garantizar el abastecimiento prioritario a las familias, pagar el gas y los combustibles al costo argentino y no a los precios internacionales y por fin la nacionalización de la minería, el petróleo y el gas.