La derrota del gobierno y de la burocracia ante la docencia ha conmovido a todas las clases sociales en la provincia. Crece la agitación salarial en los municipios, muchos de los cuales ni siquiera han cobrado íntegros los aumentos del año pasado. Lo mismo ocurre en la salud y la administración centralizada. Los intendentes han dicho que no lo podrán pagar con sus recursos y el gobierno provincial tuvo que comprometer fondos extra para asistirlos. Las cámaras empresarias salieron a denunciar que el 37% en cuotas otorgado, al que se le agrega una cláusula gatillo trimestral, paralizará la obra pública y empujará hacia arriba las paritarias entre privados.

Que además la derrota del gobierno haya sido ante una docencia que logró auto-convocarse después de 5 años de regimentación y sostener el paro más allá del boicot abierto de buena parte de los sindicatos, y más allá del arreglo que firmaron todas las burocracias, puso en estado deliberativo a todos los trabajadores.

Los términos del arreglo salarial, en el mejor de los casos, cubrirán buena parte de la desvalorización del salario de este año, pero no recuperará la del año pasado. Aún con estos límites constituyen un golpe a la política oficial. Es que el año pasado, el gobierno había logrado cancelar un déficit fiscal de 5.000 millones simplemente pagando salarios devaluados en un 18 a 20%. Ahora, al contrario, ha quedado planteada la posibilidad cierta de que el gobierno deba tomar créditos a tasas siderales y está bajo amenaza la ejecución de la obra pública. Para evitarlo debería tomar medidas de excepción para forzar una recaudación extraordinaria, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario rural que se cobra sobre valores 40 veces más bajos que los del mercado. Pero claro que esto no va a ocurrir, porque la Alternativa Federal de Urtubey es la alternativa de los terratenientes y grandes grupos económicos que operan en las provincias y del ajuste contra los trabajadores.

Durante el proceso de la huelga, con una intensidad inédita, se han multiplicado los ataques al PO con campañas de prensa y fake news (noticias falsas). Les preocupa que este desborde a la regimentación oficial culmine en un giro político de los trabajadores y también en la expulsión de la burocracia sindical en gremios clave como la ADP docente, que han sido y son todavía, pilares del Estado.

Todo esto ocurre a 6 meses de las elecciones, en las que Urtubey no tiene reelección, mientras arde la disputa por el control del régimen político en la próxima etapa.

Un golpe para controlar el aparato judicial

Estamos en las vísperas de un golpe judicial a pedido de Urtubey, como se ha vuelto traición entre los jefes del régimen oligárquico que gobierna Salta desde hace 24 años. Ocurre en los meses finales de la gestión. Lo hizo Romero antes de irse en el 2007 y lo hace Urtubey ahora.

Se trata de armar un blindaje judicial manipulando la composición de la Corte de Justicia para que siga una corte adicta cuando dejan el poder. Romero nombró a tres de los seis jueces antes de irse, ahora Urtubey manda el pliego del procurador general López Viñals que le manejó los fiscales todos estos a años en los que se garantizó impunidad a los funcionarios de este gobierno y del romerismo.

Así, han quedado impunes las denuncias por fraudes millonarios por operaciones con tierras para vivienda de parte del romerismo o el convenio vergonzoso por el que Urtubey perdonó –a valores de hoy– unos 900 millones a la familia Olmedo en el caso de la concesión, por décadas, de 150.000 hectáreas fiscales de Salta Forestal. Otras 150.000 hectáreas en poder del grupo Elsztain tampoco pagan un peso con complicidad del gobierno

Dando una vuelta de tuerca, la maniobra alcanza ahora a la tentativa de imponer mediante una Corte ad hoc de jueces ya jubilados, convocados al efecto, una modificación a la Constitución para darle mandato vitalicio a los actuales componentes de la Corte que hasta ahora tenían mandato por seis años.

El procedimiento resulta anticonstitucional y ha generado críticas de parte del Colegio de Abogados, ya que es el propio poder judicial el que establece que el mandato de los jueces de Corte se prolonga hasta… la eternidad.

Claro que aun en el caso de que logre armar este blindaje judicial podría correr la misma suerte de Macri, que colocó dos jueces del palo en la Corte Suprema ni bien asumió y ahora, conforme pierde autoridad política, perdió el control de la Corte. También son numerosos los casos de jueces fieles a CFK que ahora encabezan la cruzada por meterla presa. El poder judicial no puede sustraerse a las divisiones y crisis del régimen. A la larga, no hay blindaje que dure.

El cuadro electoral: un régimen que busca eternizarse

La todavía incierta candidatura presidencial de Urtubey es un factor de volatilidad de todo el cuadro electoral. Hasta el propio frente Alternativa Federal que compuso con Massa y los gobernadores, podría naufragar si Lavagna se impone como el hombre del “consenso” obligado por las cámaras empresarias que, cada vez más, apuestan por su candidatura, encabezando un frente trasnversal que incorpore a sectores radicales y al “socialismo” de Santa Fe.

La capacidad de arbitraje de Urtubey al interior del frente gobernante es cada vez menor. No hay un heredero oficial. El Macro impulsa al jefe de gabinete Yarade pero hay otros cuatro candidatos que son o han sido funcionarios del gobierno. El PJ oficial que responde al presidente de la Cámara de Diputados coquetea con un frente que alcance hasta el kirchnerismo de Leavy, quien también se anotó para la gobernación. Seguirían así la línea de CFK que acaba de bajar su candidato cordobés en favor del triunfo de Schiaretti, uno de los gobernadores más macristas.

Del otro lado, el intendente Sáenz de la capital, muy alineado con el macrismo hasta hace poco, anunció junto al romerismo y a Olmedo que van por la gobernación. Por ahora, sin candidato a presidente.

Se especula con combinaciones de todo tipo ya que se trata, en todos los casos, de actuales o ex funcionarios del régimen. Todos de ADN compatible en el cambalache de pases de un frente a otro. La UCR nuevamente tiende a atomizarse con fracciones que se van con Urtubey, con Sáenz o con el PRO.

En este turno se eligen todos los cargos ejecutivos y legislativos de manera simultánea con las elecciones nacionales.

En la provincia rige el sistema de voto electrónico por lo que las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre, suponen votar los cargos provinciales con voto electrónico y los nacionales en voto papel. Esto ya ocurrió en procesos anteriores. Es decir, chau voto electrónico, hola boleta sábana: la vuelta del régimen de los punteros y el fraude.

No alcanza con manipular la justicia sino que también se proponen modificar el sistema de votación. Tanto el PJ como el kirchnerismo van a la Legislatura a plantear que se apruebe una ley de excepción al uso del voto electrónico en este turno y la vuelta de la boleta sábana para que la candidatura presidencial arrastre al resto de los cargos. Pero la maniobra apunta sobre todo a obligar a Sáenz a optar por una candidatura presidencial, a sumarse a alternativa federal o exponerse como candidato macrista en una provincia en la que el ex presidente de Boca mide bastante menos del 20%.

Si finalmente se vuelve al voto papel, Urtubey sumará otro chasco a su campaña ya que ha hecho de la promoción del voto electrónico y una de sus cartas de presentación en la campaña presidencial.

A toda esta descomposición y a la tentativa continuista del régimen oligárquico, debemos oponerle una acción decisiva de los explotados para imponer una salida de los trabajadores y la izquierda y un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, como defendemos desde el PO.