Por primera vez en casi dos años de pandemia, el gobierno convocó a una comisión interministerial conformada por el Ministerio de Salud, el de Ciencia, Tecnología e Innovación y el de Desarrollo Productivo con el objetivo -según el comunicado de la Presidencia- de “avanzar en proyectos de producción de vacunas de origen nacional” y “contribuir al desarrollo de medicamentos con mayor valor agregado y menor dependencia de las importaciones”. La falta de anuncios concretos en la reunión oficial desenmascaran la fachada del “gobierno de científicos”, que tiene la mira puesta en el ajuste enemigo del desarrollo tecnológico y científico.

Efectivamente, de la reunión -en la cual participaron funcionarios de altos cargos, como la ministra de Salud Carla Vizzotti, el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus y el ministro de Desarrollo Productivo Martín Kulfas- no salió ninguna directiva oficial ni desembolso de presupuesto para la producción de una vacuna nacional contra el coronavirus, para la cual Argentina tiene en curso 6 proyectos prometedores y cuatro a punto de ingresar a los ensayos clínicos con humanos, una fase que requiere una gran inversión monetaria. Tampoco ayuda para impulsar otros proyectos, como la producción pública de medicamentos.

Como denunciamos oportunamente en Prensa Obrera, el gobierno nacional se dedicó durante los años de pandemia a desfinanciar el sistema científico, cuando las circunstancias sanitarias en realidad requerían fortalecerlo. Incluso bajo ese ajuste, los trabajadores del sector produjeron la gran mayoría de las herramientas diagnósticas, de prevención y de tratamiento contra el Covid-19. Sin embargo, para financiar muchos de esos proyectos se vieron obligados a asociarse con laboratorios y empresas privadas, quienes se hicieron de dichos avances y los comercializaron como propios.

El caso ejemplar es el de las vacunas: todos los proyectos en curso se dan entre institutos nacionales de investigación, como el Conicet o grupos de investigación de las universidades nacionales, y empresas de biotecnología, como Vaxinz, el laboratorio privado Pablo Cassara o hasta laboratorios del Grupo Insud de Hugo Sigman. Se espera que las enormes ganancias acumuladas por los privados sigan creciendo, puesto que la pandemia seguirá su curso y es altamente probable que la vacunación se convierta en un fenómeno anual o estacional, lo que les asegura un negocio rentable y duradero. Otra apuesta importante se da sobre los tratamientos y fármacos, como el recientemente lanzado por Pfizer o el que China espera aprobar en diciembre.

Es decir que en todo el mundo se desarrolla una serie de productos de alta gama para combatir el coronavirus, pero que no logran garantizar el acceso al conjunto de la población debido a los negociados entre Estados, gobiernos y laboratorios. En Argentina, la falta de inversión del gobierno nacional y los años de ajuste superlativo por parte del gobierno de Mauricio Macri, sumados al desastre sanitario transitado durante 2020 y 2021, llevaron al sistema sanitario y científico a una situación crítica. Esta política de vaciamiento es la responsable de la precarización de los trabajadores del sector, de los bajos salarios y de la privatización de una importante porción del sistema. La misma se ve reflejada en el presupuesto 2022, que destina solo un 0,31% del PBI al desarrollo de la ciencia y técnica nacional.

Hay que combatir el ajuste en ciencia, técnica y salud en las calles y de la mano de un programa que plantee el aumento presupuestario urgente para dichas carteras, la recomposición salarial para los trabajadores y paritarias acordes a la inflación real. La puesta en marcha de una producción nacional de vacunas y medicamentos, con presupuesto para el desarrollo de una vacuna estatal bajo control de los trabajadores, y la estatización de toda la industria farmacéutica. Centralización del sistema sanitario, que incluya laboratorios, centros de investigación, hospitales y clínicas, para garantizar el acceso a la salud de toda la población y poner los recursos al servicio de las necesidades de los trabajadores.