En un fallo dividido que sirvió para “guardar las formas”, el Tribunal Oral de Río Gallegos “condenó” a Daniel Varizat a tres años de prisión en suspenso. Uno de sus integrantes votó por la absolución. Después de pasarse parte del juicio echando de la sala a quienes repudiaban vivamente al ex ministro, los jueces terminaron este juicio “desalojándose” ellos mismos: Se retiraron sin completar la lectura de su miserable fallo.
El operativo impunidad había empezado hacía dos meses, cuando, en los preparativos del juicio, el Tribunal accedió a un pedido de la defensa para separar del proceso oral a los abogados querellantes.
La indignación no se hizo esperar y una marcha de docentes y estatales terminó entrando en el edificio del Tribunal Superior de Justicia. Los recursos presentados hacían prever, según los abogados, que el juicio pasaba a 2009.
Sin embargo, en el mayor sigilo se convocó al juicio oral, con cuatro días de anticipación y en la fecha precisa en que comenzaban las vacaciones de los docentes y hasta la feria judicial. Fue así que el fallo se leyó (en un caso inédito) en medio de las fiestas de fin de año.
Para crear alguna ilusión, en la tarde anterior al juicio, mientras la policía vallaba la Cámara Criminal, el Tribunal Superior accedió a la participación de los querellantes, pero “sólo como aditivos al fiscal”. El fiscal pidió escasos cinco años.
En cualquier caso, los querellantes se adaptaron y hasta se manifestaron “contentos” por la solicitud del fiscal.
Mientras el defensor de Varizat usó y abusó del discurso político atacando a los “verdaderos violentos” (que serían los manifestantes), la querella fue interrumpida en su alegato y llamada al orden cuando esbozó algún tímido ataque político al acusado.
Conocido el fallo, los manifestantes quemaron cubiertas frente al Tribunal y se autoconvocaron a otra marcha unas horas más tarde. Repudiaron la impunidad de los K, que ha sido una vez más preservada, como en el cacerolazo de 2002, como en la represión a los municipales y en todos los atentados y amenazas con que el Estado trató de quebrar la lucha de 2007.
Gran parte de la dirigencia sindical, tanto como la oposición centroizquierdista del “Encuentro Ciudadano” (que puso los abogados querellantes), han jugado un papel lamentable y se han consolado con la idea de que “es un triunfo haber llevado a Varizat a juicio” o haber logrado una “condena” que no se cumple.
La única estrategia real se expresó en la lucha callejera que intentó y casi lo logra, que no se iniciara el juicio y se realizara durante el período de clases. Esa movilización impuso los pocos condicionamientos que tuvieron los jueces, en su esfuerzo por garantizar la impunidad del protegido de Kirchner.
No habrá justicia en Santa Cruz mientras no derrotemos al actual régimen político, y esa es la tarea que les proponemos desde el FUT-Partido Obrero, a las víctimas y a todo el activismo que ha luchado en esta larga batalla por el juicio y castigo a Varizat.

Miguel Del Pla